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El Telégrafo
Diego Salgado Ribadeneira

Acuerdo Nacional por la Seguridad

17 de noviembre de 2021

La inseguridad pública, sin lugar a dudas, es el problema principal de los ecuatorianos. Sin un ambiente de paz y seguro, no se pueden desarrollar plenamente otras actividades como las productivas, recreacionales o académicas, siempre está presente el miedo ser víctima de la delincuencia.

La seguridad es una responsabilidad original de los estados, además, en el caso ecuatoriano, el Estado mantiene el monopolio de las armas, inclusive.  La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son instituciones del Estado, bajo la tutela de la función Ejecutiva, son las responsables de mantener la paz y el orden, de brindar protección a los ciudadanos, a sus propiedades y a la soberanía nacional.

La seguridad pública no tiene ideología política. Las vías para lograrla pueden y deben someterse a un debate permanente de toda la sociedad, pero la gran mayoría de personas necesitan sentirse seguras y estar protegidas, esas son las máximas ineludibles.

Diferente es el caso en que ciertas fuerzas obscuras —unas veces disfrazadas de organizaciones políticas; otras, de defensores de los derechos humanos y otras que pregonan la lucha armada para captar el poder político— quieran manipular a las organizaciones delictivas o viceversa, en busca del caos para derrocar el régimen constituido y debilitar el sistema democrático. De cualquier manera, esas fuerzas obscuras deben ser perseguidas y castigadas por el estado de derecho y la fuerza pública.

El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Guillermo Lasso, prioriza el combate en contra de la delincuencia y de la corrupción. De manera democrática, involucra a todas las funciones del Estado, porque la institucionalidad pública debe cumplir su rol y, de manera especial, debe estar al servicio del bienestar ciudadano y la de paz social.

Todos los ecuatorianos están convocados a apoyar el “Acuerdo Nacional por la Seguridad”, confiar en las acciones emprendidas por los representantes del Estado para conseguir la paz anhelada y colaborar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en su lucha contra el mal.

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