El inciso tercero del numeral 9 del artículo 11 de la Constitución consagra la acción de Repetición como la facultad del Estado para ejercer ese derecho en contra de las personas responsables del daño producido.
Al amparo de la citada disposición constitucional, ya no serán irrecuperables los efectos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano por la ilegal cesación de 27 magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia y 7 del extinto Tribunal de Garantías Constitucionales, resuelta por el Congreso del 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, resolución que manda a pagar un total de doce millones novecientos mil dólares, pues el Estado está obligado a ejercer de forma inmediata el aludido derecho de Repetición. No es una opción. Es un imperativo constitucional.
Eran los tiempos en que la partidocracia metía ambas manos en una justicia hecha a su medida, cuando negociaba mayorías móviles a destajo para repartirse la troncha judicial entre sus incondicionales y testaferros comprometidos en allanar el retorno del campeón del insulto para darle circo al pueblo y meterse miedo entre tarados y pelucones en su disputa clientelar electorera y populista.
Con lista en mano hicieron minga para asaltar todas las magistraturas alineadas con la “Pichicorte” de triste y efímera duración. Hubo un tiempo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que no había Corte Suprema por culpa de su lamentable intrascendencia. Pero los “botados” han seguido el trámite de su reclamo hasta que obtuvieron la sentencia de la CIDH, que condena al Erario Nacional al pago de remuneraciones más beneficios.
Lo bueno es que ese pago conminatorio no es plata perdida, no señor. Tendrán que devolver a prorrata de sus desmedidas ambiciones quienes aprobaron la defenestración masiva de magistrados, más el autor intelectual que hasta convocó a congreso extraordinario con ese fin.
Para eso servían las funciones Legislativa y Ejecutiva, para forzar la ley a sus antojos y apetitos. Ahora les tocará devolver este cuantioso egreso fiscal por expreso mandato constitucional. Son los que auspiciaron el “No” en la consulta convocada para cambiar de raíz a la justicia.
El 7 de mayo de 2011 se les acabó la fiesta porque el pueblo, en su proverbial sabiduría, dio el “Sí” rotundo para que Ecuador inaugure la verdadera revolución judicial.