La inestabilidad institucional a causa de una controvertida y malhadada gestión de Lucio Gutiérrez que ocasionó su salida de la Presidencia de la República, en abril de 2005, fue una constante desde los derrocamientos de Bucaram (1997) y Mahuad (2000). Regímenes que no sintonizaron con los anhelos populares y se entregaron de cuerpo entero a los intereses capitalistas de reducidos grupos bancarios y empresariales.
En el caso de Gutiérrez, su vergonzosa actitud camaleónica, tras la ruptura con sectores indígenas como la Conaie, acrecentó la decepción ciudadana, más aún, cuando consolidó acuerdos con la derecha fondomonetarista. Tal fue su viraje en las relaciones políticas que, de la inicial alianza entre su partido (Sociedad Patriótica) con Pachakutik y el MPD, pasó a rendir pleitesía a la embajada norteamericana y a la derecha local (socialcristianismo, y en lo posterior con el Prian y el PRE).
Por motivaciones de restablecimiento democrático el pueblo ecuatoriano salió a las calles a exigir cambios en la gobernanza de Gutiérrez y su desatinado círculo de colaboradores, pero además el mensaje masivo se extendió al cuestionamiento de toda la clase política, llegando a la exclamación: “¡Que se vayan todos!”.
Las manifestaciones de insatisfacción social determinaron la remoción del excoronel, siendo Quito el epicentro de las mismas. Ante los cacerolazos y otras formas creativas de protesta, Gutiérrez descalificó a la multitud con el apelativo de ‘forajidos’, con lo cual rubricó una manera contestataria de rechazo a su fallida gestión caracterizada por la práctica clientelar, nepotismo, descomposición moral del manejo gubernamental, autoritarismo, intransigencia, improvisación, impunidad, amedrentamiento y represión.
La intención por mantenerse en el poder le llevó al gutierrismo al extremo del atropello constitucional. Esto con la cómplice maniobra de partidos políticos tradicionales, enquistados en el ex Congreso Nacional, en un reacomodo de fuerzas, señalada por Orlando Pérez como ‘nuevas mafias políticas’.
La sociedad civil sin una organicidad preestablecida estuvo por encima de los afanes partidarios, ya que fue la expresión fidedigna del descontento colectivo y el rechazo a la prepotencia oficial. La politización ciudadana se dio debido a la mediocre conducción de las funciones estatales, y por la visible traición de Gutiérrez con sus iniciales aliados que como en el caso del movimiento Pachakutik, desde aquel acuerdo electoral del 2002 -antes que político- perdieron el rumbo respecto de una propuesta progresista, tal como se evidencia en la actualidad con acercamientos inentendibles con segmentos de la derecha ligada a la bancocracia, corresponsable de la debacle democrática vivida en nuestra nación en el período descrito.
Lo valioso de lo ocurrido hace diez años fue que la manifestación ciudadana sustentada de conciencia e indignación irrumpió sin la interlocución de los partidos políticos desprestigiados por sus propias ejecutorias y se apropió de un mensaje claro de renovación y transparencia en el ejercicio político. Los ‘forajidos’ marcaron la pauta para entender la democracia desde la directa participación en la toma de decisiones, en el requerimiento de rendición de cuentas de los gobernantes y en la exigencia por restablecer el Estado de derecho, como esencia de una convivencia racional y armónica desde la legalidad y legitimidad popular. (O)