En nuestro país hay la gran oportunidad de construir un Estado democrático. El pueblo lo quiere y por ello aprobó la Constitución que en su Art. 1 establece que Ecuador es un Estado de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
Determina que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad e institucionaliza el país estableciendo poderes que posibilitan la organización y control ciudadano de la gestión pública.
El Gobierno ha venido actuando en consecuencia y aunque su acción es aún débil en el ámbito de organizar el poder popular que garantice su plena vigencia, los pasos que se han dado son importantes. Lo mismo desde el Movimiento Alianza PAIS que, con dificultades, está levantando las estructuras que coadyuvará a una participación popular organizada en el proceso político.
Hay conciencia para defender el Estado Democrático, sobre todo después de la intentona golpista del 30-S y de la necesidad de organizarse para posibilitar una acción eficiente de vinculación con los diversos sectores populares; es, por cierto, complicado optar por una forma de democracia interna con más de un millón de adherentes de distintos sectores, territorios, experiencias políticas e ideologías.
La rabiosa oposición de derecha no admite que hay nuevos tiempos y no acepta que el pueblo optó por un modelo diferente, que su infierno neoliberal ha cesado y que la democracia les impide jugar y burlarse de sus derechos. Sectores progresistas le hacen el juego.
En tan pocos años, como nunca antes, se han dado 8 elecciones, incluidas 3 consultas. Vamos a la novena con la elección del Presidente y renovación de la Asamblea. El CNE organiza el proceso y reconoce las organizaciones que pueden participar. Pero la labor obstruccionista aflora, es evidente en todos los campos, y sus protervos fines son claros, buscan liquidar el proceso de cambios, confundir, boicotear, quieren volver al inicuo pasado de atracos, crímenes, abusos, terror y muerte.
Esta vez optaron por manosear la información electoral. Se han detectado irregularidades en los registros electorales, falsificado firmas en documentos públicos, pretendido sacar provecho político y confundir a la gente; hay muchos dirigentes de AP que aparecen registrados en otros grupos políticos.
Ni el presidente de la Asamblea Nacional se salva. Funcionarios, asambleístas, dirigentes, aparecen registrados en otros grupos. Se sostiene que algunos tienen hasta el 70% de firmas falsificadas, que se han robado y subastado bases de datos; es decir, una acción planificada, delincuencial, que debe ser investigada y severamente sancionada.
El CNE ha tomado algunas medidas, se espera se conviertan en garantía del proceso electoral. La acción malévola -no quedan dudas- apunta a crear condiciones para que la derecha “argumente” contra el Presidente, buscando disminuir su seguro triunfo en las próximas elecciones.
Todo apunta a fortalecer la organización política, base de la Revolución Ciudadana, y reajustar las alianzas, coordinando acciones con los movimientos sociales, apoyando la organización juvenil, cerrándole el paso a los oportunistas, depurando el proceso de gentes que no se juegan la camiseta, no son consecuentes, lo que interfiere en el proceso de organización y acciones de apoyo al proyecto político.