Aún seguimos esperando que aquel intento de golpe de Estado se esclarezca de una vez por todas. Aún seguimos pendientes de saber cuáles fueron los autores intelectuales de este hecho, sin duda alguna, planificado; animados de terminar un proyecto y un proceso que legítimamente el pueblo ecuatoriano ha elegido para el presente y el futuro.
Bien sabemos que todo proyecto que intente cambiar un orden estructural instituido se enfrenta a unas élites que si algo buscan es que nada cambie; y estás élites no son solo las más adineradas sino aquellos sectores que han vivido de los prestigios sociales, morales de asumirse radicalmente diferentes a la gran masa popular; a la cual por cierto la desprecian o en el mejor de los casos les sirve de ejercicio teórico, histórico, etc.
Es parte de todo proceso el que se comentan errores y que se busque enmendarlos pero cuando las acciones políticas tocan los vínculos históricos de la dominación, es previsible que los afectados reaccionen ferozmente al sentir que sus privilegios corren peligro. Así fue que sectores retardatarios reaccionaron ante el acumulado histórico social que el proyecto político actual ha venido desplegando con el objetivo de transformar las estructuras del Ecuador.
Más allá de cómo quiera denominarse a este proyecto, lo que es claro es que las mayorías han decidido que así sea; y eso es lo que no se aceptó el 30 de septiembre de 2010. Solapados en la consigna de no aceptar la Ley Orgánica de Servicio Público aprobada el 11 de agosto de 2010, los cabecillas intelectuales se encargaron de generar una matriz de opinión pública para hacer “creer” a sectores de la policía y de las fuerzas armadas que ciertos beneficios serían tocados.
Sin embargo, eso no es lo que estaba en juego, sino el buscar romper con esa acumulación de poder social que el proyecto político ha venido desarrollando desde el 2007. La oposición no ha sabido cómo responder ideológicamente; lo que los llevó a intentar un golpe de Estado. El intento ya no está en duda cuando se examinan los hechos, los participantes, las ubicaciones, los actores movilizados, las consignas, las acciones de inteligencia y las acciones represivas, etc. El 30 de septiembre aún no ha terminado mientras no juzguen a todos los involucrados.
Tres años han pasado y aún algunos actores políticos mediáticos juegan a interpretar a su antojo los hechos; han pasado recreando sus propias versiones de lo sucedido pero aún no saben cómo tapar las muertes, los heridos de aquel día. Hay que recordarles a los golpistas que el 17 de febrero de 2013, el pueblo ecuatoriano ratificó un proyecto político, lo que implica la exigencia de que se sepa toda la verdad de lo sucedido aquel día. Construir una democracia participativa, comunitaria, representativa exige que los actores políticos entiendan que las vías para la transformación social son aquellas que elige su pueblo y no sus élites ni sus servidores públicos armados o no.