Los peatones arriesgan su integridad en obras

Ernesto González, habitante de la cdla. Coviem, está de pie frente a la cinta de seguridad instalada en la zona donde personal municipal trabaja en la construcción de un paso peatonal, en la av. Pío Jaramillo. El ciudadano calcula el momento en el que puede cruzar hacia el otro lado de la barrera que impide el uso de la acera, pues le toca usar la calle y la vía en mención es altamente transitada.

Finalmente se anima a caminar por detrás de un tráiler. La peripecia para llegar desde el hogar hasta su trabajo es cotidiana desde hace unas semanas. “Antes era peor porque una estructura de hierro no dejaba ni siquiera pasar por la calle”. La falta de seguridades y garantías para el tránsito normal de peatones es una situación que se repite también en La Atarazana, Sauces 8, Guayacanes, entre otros sitios.

En la av. José Luis Tamayo, en el tramo que limita a Guayacanes con Sauces 4, se trabaja en la reconformación de dos carriles. La presencia de grava y sacos con cemento y escombros forman parte de los obstáculos que deben esquivar los transeúntes quienes intentan cruzar de una esquina a otra.

Xavier Castro, quien administra una tienda en esa ciudadela comentó que se ha solicitado al Cabildo la colocación de rampas. El rompimiento y retiro de la antigua calzada provocó que las aceras quedaran a casi 1 m del nivel del suelo. “Solo las personas de buen estado físico son capaces de pasar porque pueden saltar pero otros se exponen a una lesión”.

En los casos citados, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) llamó la atención a las contratistas responsables por no colocar la señalética respectiva y poner en riesgo la integridad de los peatones. En un comunicado, la entidad advirtió con sancionar conforme al artículo 388 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el párrafo pertinente, se establece una multa del 40% del salario básico ($146,40) a quien construya “sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los respectivos reglamentos”. Además, la ordenanza municipal de circulación establece las precauciones que las compañías constructoras y personas naturales deben considerar en el momento de modificar estructuras en la vía pública.

Por ejemplo, el artículo 81 estipula que el ancho mínimo del paso para peatones, en sitios de obra, “será de 1,50 metros medidos desde la parte más saliente de las vallas o de los elementos de señalización. La altura del paso será de al menos 2,10 metros”.

Además se estipula que “se deberán instalar pasarelas, tablones, estructuras metálicas y otros, de manera que el tramo se lo pueda sortear con todas las adecuaciones y sin peligro de resbalar, cuidando que los elementos que conforman el paso estén completamente fijos”. En el caso de los trabajos que se realizan en la av. Nicasio Safadi (LaAtarazana), donde se instalan aceras, veredas, bordillos y cunetas, lo de las rampas se hizo parcialmente. Incluso en la intersección con la av. Carlos Luis Plaza Dañín, hasta la semana pasada, existían escombros que obstaculizaban el libre y seguro paso de los transeúntes del sector.

Dos juristas consultados coincidieron en que las contratistas municipales se exponen a otro tipo de sanciones establecidas en el COIP en caso de que se produzca un accidente o muerte de algún ciudadano en una zona no señalizada, como se refiere en los artículos 146 y 152.

El enunciado 146 establece: “la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión u ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Mientras que el artículo 152 del COIP prevé un encarcelamiento de hasta siete años como sanción a la persona que ocasione lesiones a otro.

Sin embargo, el jurista y catedrático Jorge Zavala Egas explicó que esto no implica que la contratista o el Cabildo serán sancionados. Puntualizó que para establecer responsabilidades se deberán efectuar las investigaciones respectivas que deberán señalar “la o las personas involucradas directamente en el delito”.

El doctor en jurisprudencia Pablo Vélez aconsejó que los ciudadanos que se sientan perjudicados por estas situaciones y anomalías deben hacer la denuncia respectiva en la Fiscalía correspondiente a la jurisdicción del hecho. (I)