En marzo del año pasado me refería en esta misma columna a las 26 universidades de categoría E clasificadas por el Ceaaces sobre la base del trabajo hecho por el Conea desde 2009, las cuales ya no aparecen en noviembre de este año. De esta manera, de 68 universidades de pre y posgrado en 2012, tenemos ahora 42, incluyendo a la ESPE, que está en proceso de evaluación, pues cambió a Universidad de las Fuerzas Armadas; 14 fueron cerradas de la categoría E. Se separa a las 10 que únicamente ofrecen pregrado en: 4 de categoría B, 4 en la C y 2 en la D. Y a las 3 que son de posgrado: 2 en la A y 1 en la B.
Esta reclasificación molesta a los que quedaron afuera o descendieron, pero en cada categoría hay novedades que levantaron críticas generalizadas.
Las autoridades han insistido que solamente guardaron la categorización alfabética anterior como referencia, pues en realidad cada categoría responde a un nuevo proceso y eventualmente a una nueva métrica; sin embargo, parece obvio que la categoría A se redujo de 11 a 3; la B se incrementó de 9 a 18; la C subió de 13 a 14; y la D disminuyó de 9 a 6. Claramente percibimos que 7 instituciones pasaron de la A a la B (esperando la evaluación de la Universidad de las Fuerzas Armadas). Y aquí es donde arde Troya, pues ninguna de las antiguas A reconoce su descenso. Pero hay novedades también en las otras categorías, considerando que en la D está la emblemática Universidad de Guayaquil, que junto a la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas se encuentran intervenidas.
¿Tiene sentido evaluar a las universidades? Nadie lo duda. No obstante, hay algo en el ambiente universitario que nos hace titubear. Tal vez es un asunto no resuelto que se lo ha tratado con dobleces, ambigüedades, simulaciones y contradicciones. Pensamos que está bien que nos evalúen, pero no en la forma que lo han hecho. Y respaldamos dichas evaluaciones, siempre y cuando nos favorezcan y cuando se las realiza a otras instituciones. Y esto tiene más resistencia cuando hay personas con calidad profesional, pero externas a la academia, quienes son las encargadas del juicio y los escrutinios de la gestión universitaria.
Muchos miembros de facultad de centenarias universidades ven como una novedad amenazante la tendencia a la certificación y acreditación de los programas y de las instituciones desde la perspectiva externa, si hemos sido entrenados precisamente para reflexionar, analizar y construir con la crítica. Parece que más pesa la emoción que la razón.
Por el bien de la universidad, es necesario que la evaluación sea hecha sobre la base de lo que antiguamente conocíamos como contexto-insumos-procesos-productos (CIPP), de tal manera de promover la eficacia de sus programas, que se refleja en el número y calidad de sus graduados y, en consecuencia, la eficiencia de sus procesos de enseñanza, para usar los menos recursos posibles. Pero primordialmente deben ser consecuentes con nuestro entorno que exige la pertinencia y trascendencia de la enseñanza, así como la equidad con la que debe ser impartida.