El 30 de octubre de 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa con el fin de mejorar la marcha de la administración pública y para lo cual establece: la estabilidad de los empleados públicos idóneos, su capacitación técnica y el sistema de selección por méritos”.
El 6 de marzo de 1964 se promulga la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, constituyendo un paso importante para la profesionalización de los servidores públicos. La formación de los servidores públicos en esa época fue asumida por la universidad ecuatoriana en todas las especializaciones y necesidades del Estado y particularmente con el propósito de preparar funcionarios apropiados para la administración pública.
La Facultad de Economía de la Universidad Central crea, en 1958, la Escuela de Administración Pública, iniciando un proceso de técnicos en administración. En 1960 se incorporan como especialización Administración de Empresas y en 1962 Contabilidad Superior y Auditoría, como respuesta a los requerimientos impuestos por la actividad económica y financiera de la sociedad ecuatoriana de ese tiempo.
En 1964 y 1965 se establecieron en Quito y Guayaquil centros de formación empresarial. En 1966 se creó el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap). Todos estos hechos configuran ya un sistema estructurado en la formación del servicio público nacional.
En los ochenta, la crisis del Estado y su reducción paulatina trajeron consigo que los procesos de profesionalización y capacitación sean reducidos o mínimos, a excepción del periodo de Borja, en donde se colocó importancia con la creación de varias instituciones que cuidaban del servicio público nacional como fue la Secretaría de Desarrollo Administrativo- Senda.
Posterior a este momento solo se volvió a colocar como política la formación del servidor público en el 2010 cuando se entrega esta responsabilidad al Instituto de Altos Estudios Nacionales, que era parte de la Fuerzas Armadas.
No hay Estado moderno, que se piense responsable, sin un servicio público a la altura de las necesidades de la sociedad. Es imperioso que exista una normatividad que obligue a que previamente a ocupar por primera vez una responsabilidad pública pasen los futuros funcionarios por una formación en administración pública básica. Con esto se garantizará una parte del manejo eficiente y trasparente de los recursos de los ecuatorianos. (O)