El Gobierno actual desde su inicio ha venido limitando el poder y actividad de los bancos hasta tal punto que los obligó a desprenderse de negocios no bancarios. Las restricciones comenzaron en julio/07 con la aprobación de la Ley del Costo Máximo del Crédito que eliminó las comisiones bancarias que se cobraban adicionalmente a las tasas de interés, quedando esta última como la única determinante del costo financiero del crédito.
Dicha norma también estableció segmentos y subsegmentos de crédito con tasas diferenciales en cada una de estas, pero el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucional, dejando al BCE que establezca un sistema de tasas de interés, que estableció un sistema discrecional de estas, eliminando el esquema que las determinaba a través del mercado, o sea su fijación por grandes bancos.
El BCE siguió una política de reducción gradual de las tasas de interés. El Directorio de dicha institución, en mayo/09, dictó una regulación que creó las reservas mínimas de liquidez mediante la cual los bancos debían mantener un porcentaje de sus fondos en recursos líquidos, como cobertura de riesgos por efectos de la crisis financiera internacional o shocks internos. En ese mes también aprobó el establecimiento del coeficiente de liquidez doméstica (45%) para obligarle a la banca a traer recursos que tenían depositados en el exterior e incidir a que coloquen crédito en el país.
Después, la Junta Bancaria ha tomado medidas que obligan la gratuidad de algunos de los servicios o transacciones y fijando un tope máximo de otros (ej. Entrega de estados de cuenta, uso de cajeros automáticos, etc.). En 2012 también prohibió el cobro por la renovación de las tarjetas de crédito y de otros servicios relacionados con las emisoras de estas. En la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se estableció la obligatoriedad de que las instituciones financieras creen el Defensor del Cliente, que serviría para defender los derechos y atender los reclamos de estos. La Junta Bancaria ya estableció una regulación para que los bancos apliquen la medida.
En la consulta popular de mayo/2011, la población votó porque los bancos debían quedarse solo con negocios estrictamente bancarios. Esta decisión fue incluida en la Ley de Control de Poder de Mercado fijando como máximo, para cumplir con esta decisión, hasta julio/2012. Acatando esta disposición, la mayoría de los bancos vendió sus casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros.
Así los banqueros solo serán tales y sujetos al control de la Superintendencia de Bancos. Estos han señalado que se está limitando sus actividades y afectando las ganancias de sus grupos financieros. Pero las estadísticas muestran que las utilidades de los bancos privados, si bien cayeron en 2009, por efectos de la crisis financiera internacional y su impacto en la economía del país, en 2010 alcanzaron 269,4 y en 2011 aumentaron a 394,7 millones de dólares, respectivamente, un aumento de 46,5% en un solo año, mostrando la alta rentabilidad que logran.