La posesión de las nuevas autoridades seccionales y locales vislumbra la posibilidad -en unos casos- de continuar con una tarea planificadora y de gestión pública o a su vez -en otros- de renovar maneras de aprehender e impulsar mecanismos a favor del desarrollo, desde la revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial.
La responsabilidad de vocales y presidentes (as) de juntas parroquiales, concejales (as), alcaldes y alcaldesas, prefectos (as) y viceprefectos (as) debe estar circunscrita, a más del cabal cumplimiento de la ley, en la necesaria retroalimentación con la población que les brindó el respaldo en las urnas, a través de la adecuada proyección de soluciones a necesidades imperiosas en cada territorio asignado para el caso.
El próximo quinquenio (2014-2019) será un período ambicioso de fortalecimiento del proyecto del Buen Vivir (Sumak Kawsay), en donde los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tienen un rol protagónico, independientemente de las afinidades ideológicas, toda vez que los consensos se alcanzan en la medida de los intereses conjuntos, coadyuvando de manera interinstitucional y mancomunada en la reducción de los niveles de pobreza y atraso social.
La cobertura de los servicios básicos, protección y preservación ambiental, acceso vial, ejecución de proyectos tendientes a la reactivación económica, productiva, agrícola y ganadera, concreción de la obra pública, fomento turístico y artesanal, estímulo recreativo, vigilancia y control en la demarcación del uso y ocupación del suelo, preservación patrimonial y arquitectónica, seguridad ciudadana, prácticas inclusivas de sectores vulnerables y de atención prioritaria, difusión cultural y artística, son aspectos inherentes a los GAD, todo ello, considerando un manejo financiero transparente y una aplicación técnica adecuada.
Los personeros (as) de elección popular no deben olvidarse de algo primordial: la participación de la gente.
Por tal motivo, hay que propender a la activa intervención ciudadana en la toma de decisiones en los organismos parroquiales, municipales y provinciales, a través de las asambleas y encuentros, audiencias públicas, cabildos populares, consejos consultivos, elaboración de los presupuestos participativos, acceso a la silla vacía, rendición de cuentas y control social.
Los GAD tienen como atribución directa el análisis, discusión y aprobación de políticas públicas tendientes al mejoramiento de los niveles armónicos de relación poblacional, en donde resalten las características solidarias e incluyentes, así como también la diversidad étnica. Los GAD deben cimentar su trabajo en aras de una comunión directa con el Gobierno Central y sus ejecutorias sujetas a la equidad interterritorial.