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El Telégrafo

Estado y empresa

21 de noviembre de 2013

El objetivo de la economía es la creación de riqueza y su aumento progresivo, pero debe ser no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos, es decir, debe estar orientado al desarrollo de todos, pensando en el ser humano y no solamente en el capital.

La libertad personal en el campo económico es un derecho que hay que promover. Cada uno tiene el derecho de emprender actividades económicas y podrá usar legítimamente sus talentos para con sus esfuerzos contribuir a un resultado provechoso para todos.

La creatividad es un elemento esencial de la acción humana y se manifiesta en la aptitud para elaborar nuevos proyectos.

La empresa debe caracterizarse por la capacidad de servir al bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios. Esta no debe asumirse únicamente como una sociedad de capitales sino que debe considerarse también como una asociación de personas en la que entran a formar parte de manera diversa y con responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario y los que participan con su trabajo.

Es justo el beneficio en la empresa, pero esto no significa que la empresa esté sirviendo adecuadamente a la sociedad. Es posible que los balances económicos sean correctos, valiosos y que simultáneamente los hombres que trabajan en ella y constituyen su patrimonio más importante sean humillados y explotados.

Esto sucede cuando la empresa opera en sistemas socioculturales caracterizados por la explotación de las personas, que rehúyen a su responsabilidad social y violan los derechos de sus trabajadores. Es necesario que la empresa contribuya eficazmente al bien común y al bienestar de todos. Esta situación debe inducir a las compañías a asumir nuevas y mayores responsabilidades sociales.

La acción del Estado debe adecuarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica legítima, y debe inspirarse siempre en el principio de la solidaridad, estableciendo límites a la autonomía. La solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo y la subsidiaridad sin solidaridad es el fomento de egoísmos lacerantes.

La intervención pública debe atenerse a criterios de equidad, racionalidad y eficiencia sin sustituir la acción de los particulares. Una intervención suya excesivamente amplia terminará por anular la responsabilidad de los ciudadanos y producirá un incremento excesivo de los aparatos gubernamentales guiados más por lógicas burocráticas que por el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas.

La tarea fundamental del Estado es elaborar un marco jurídico que regule apropiadamente las relaciones económicas. La actividad empresarial no debe desarrollarse independientemente, debe hacerse dentro de un contexto institucional jurídico y político adecuado a la nueva época.

Mercado y Estado deben actuar concertadamente y ser complementarios, tal como ocurre ahora en la soberana y próspera República Popular China.

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