Un catedrático de Georgetown que es, a la vez, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, justifica los hechos: “Se espía hoy a los amigos, porque tal vez mañana dejen de ser amigos… creo que hay hipocresía de parte de los europeos…”. En cambio, todo el mundo cree que hay demasiado cinismo de parte de los estadounidenses. No en vano el director nacional de Inteligencia, James Clapper, dijo que todos los países hacen lo mismo y que EE.UU. “tiene la capacidad de espiar probablemente a todo el mundo”.
Y esa actitud prepotente, la de creerse el patrullero del planeta, fue bautizada en 1845 por un periodista -John L. O’Sullivan- como el “Destino Manifiesto” de poseer todo el continente que nos ha dado la Providencia, para desarrollar este gran experimento de libertad”. Lo paradójico fue que cinco años después (1850) se emitiría una ley para arrestar a los esclavos fugitivos; algo parecido a la actual persecución contra las personas en condición irregular. ¿Quién ha sido entonces el hipócrita?
Todos espiados por el Gobierno de los Estados Unidos. El escándalo mundial del espionaje que ha realizado la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana (NSA por sus siglas en inglés) a millones de personas confronta con el derecho internacional.
El numeral segundo del artículo 11 de la Convención Americana relativa a los Derechos del Hombre dice: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. EE.UU. firmó esta Convención siete años después de que se la adoptara en San José (Costa Rica), pero nunca la ratificó.
La ONU ya lo ha hecho en el pasado. Ahora debería actuar lo antes posible y castigar a quien ha violentado las reglas básicas de convivencia universalLas argucias norteamericanas en el ámbito del Derecho Internacional Americano son más que conocidas, pero ¿acaso esa conducta sinuosa le faculta a intervenir en la correspondencia de la gente, en su territorio o en cualquier otro país? Es claro que no se puede sostener que EE.UU. tenga tal derecho porque no ha ratificado la Convención de Costa Rica. Además, EE.UU. sí firmó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, cuyo artículo 12 manifiesta: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Es evidente que EE.UU. ha perpetrado, en forma sistemática y aleve, una colosal violación a los derechos humanos. En descargo se quiere afirmar que esas acciones son necesarias para resguardar la seguridad del Estado norteamericano y la de sus propios ciudadanos. Si se aceptase este argumento, se estaría confirmando que, para EE.UU., el fin justifica los medios, y que la aplicación de los derechos humanos puede ser un acto discrecional de cualquier contratista del Estado norteamericano.
La Organización de Naciones Unidas, aunque arrastrada por la crisis del multilateralismo, tiene facultades suficientes para sancionar Estados. Ya lo ha hecho en el pasado, y en este caso debería actuar lo antes posible, y castigar a quien ha violentado las reglas básicas de convivencia universal.