El cuidado del ambiente, la cuestión del Buen Vivir y su arraigo en la naturaleza son cuestiones que la agenda de Alianza PAIS y del gobierno del presidente Correa llevaron en Ecuador a la letra constitucional, por cierto que retomando temáticas caras a diversos movimientos sociales y a la tradición indígena asentada durante siglos.
Por eso mismo es importante la explicación a la sociedad, respecto de la decisión del presidente Correa de que pudiera explotarse una parte minoritaria de Yasuní. Sin dudas que esa no fue la decisión inicial de un gobierno que, acorde a su ideario, intentó un camino diferente por vía del apoyo financiero internacional que permitiera recuperar una parte de la posible entrada económica petrolera, cambiándola por donaciones para salvaguardar la naturaleza en Yasuní. Lamentablemente la iniciativa se encontró con la falta de generosidad del capital internacional, dado lo cual la renuncia a un recurso económico importante para el desarrollo se haría prácticamente total.
Ahora el presidente Correa ha decidido, siguiendo las vías institucionales, abrir la posibilidad de la explotación en ese sitio. Es importante subrayar que no ha decidido hacer la explotación sin más, sino seguir lo que la Constitución exige al respecto, en cuanto a una posible decisión de la Asamblea Nacional para hacer excepción en lo que es una reserva territorial, o a la apertura a una consulta popular sobre el tema.
Se verá cómo continúa el debate al respecto, en lo cual es importante, para la población, escuchar las aclaraciones gubernamentales respecto de la posición ahora asumida, ya que a una mirada que no conociera los detalles, parecería una contradicción con los principios sostenidos por la Revolución Ciudadana en torno a proclamar y sostener los derechos de la naturaleza.
El Gobierno tiene autoridad para hablar al respecto, ya que ha sido claramente impulsor de dichos derechos. Tiene, por supuesto, que argumentar suficientemente cuáles son los fundamentos que hacen a su actual posición, de modo que queden a consideración de la ciudadanía.
Lo que difícilmente podría esa ciudadanía, al menos la que se asume con honestidad intelectual y ética, es creer en súbitos discursos ambientalistas provenientes de medios de comunicación pro empresariales y conservadores, que poco o nada han hecho antes por lo ambiental.
La autoridad para opinar sobre una temática tiene que ver con lo que uno ha hecho y dicho previamente a su respecto. Se puede, es cierto, en Ecuador, como se hace en otros países (Venezuela, Argentina y Bolivia son claros ejemplos), atacar al Gobierno de cualquier manera, tanto por si explota una zona petrolera como por si no lo hace, tanto por si paga deuda externa como por si no lo hace, tanto por si se enfrenta con los poderes hegemónicos mundiales como por si lo no hace. Se puede atacar sin ton ni son, sin un criterio permanente y claro desde el cual sostener ese ataque.
Pero lo que no se puede con esos procedimientos es ganar credibilidad. Discursos de ambientalismo oportunista y súbito ciertamente que nada aportan al necesario debate a realizarse en Ecuador.
Lo que está en juego no es la suerte de un gobierno (que, ciertamente, cuenta con amplio apoyo electoral expresado en la representación política actual en la Asamblea Nacional), sino la de un espacio territorial respetado y querido por la población, a la vez que depositario de una riqueza potencial que podría ayudar a la mejora en diversos aspectos de la vida social en dicho país.