La Asociación Silueta X, que representa a gays, lesbianas, transexuales,  intersexuales y bisexuales, presentó ayer el informe ‘Acceso a la Justicia y Derechos Humanos para el sumak kawsay TILGB’. En 2015, según dicho documento,  se registraron 4 denuncias por asesinatos, 4 muertes no definidas y 3 amenazas de muerte en contra del colectivo. Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana GLBTI, detalló que ha existido una reducción de las muertes entre 2014 y 2015. Hace dos años -reza el informe- se registraron 9 crímenes, mientras que en 2016 se han reportado 4. Pero “no debería existir 1”. Pese a la disminución de asesinatos, se detectó un nuevo problema: la intimidación (acosos, amenazas y causar temor). Hay 7 denuncias de ese tipo.   Además se denunciaron 3 quejas por secuestros (internamientos forzados de los GLBTI en clínicas). Recientemente, el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos   denunció el caso de un adolescente que había sido enviado a un centro para corregir su orientación sexual. El caso está aún por resolverse. José Castro, quien es transmasculino (nació mujer, pero se identifica como hombre), no ha sufrido maltrato por inclinación, pero se siente atemorizado por la transfobia que existe en la ciudad. “Cuando paseo con mis amigas de la Universidad siento que me miran raro, me ven como si trataran de saber si soy hombre o mujer. Es algo que me incomoda”. Tiene 22 años y comenzó su proceso de transformación hace 3. Esperó terminar la secundaria (estudió en un colegio de mujeres) para modificar su apariencia: corte de cabello y vestimentas. “Sabía que esto provocaría el rechazo de mis compañeros. Por eso decidí hacerlo cuando cumpliera la mayoría de edad”. Precisamente, en el informe del Acceso a la Justicia y Derechos Humanos para TILGB en Ecuador se recopilan 16 denuncias por discriminación. El documento incluye 106 denuncias que receptaron las organizaciones y los colectivos. Estas son resueltas en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo. En 2015 hubo 47 denuncias formales y 59 informales. El 75% son realizadas por transfemeninas y el 25% por gays. “Las personas GLBTI se sienten más confiadas con el sistema judicial”, aseguró Rodríguez. En septiembre, la transfemenina Andrea Bravo, quien dirige el Observatorio de Anti Acoso Callejero,  denunció ante la Fiscalía que recibió amenazas de muerte por parte de recicladores.   Andrea relata que por ser transexual ha sufrido intimidaciones de todo tipo. “En más de una ocasión le han dicho ‘maricón’ y recibido insinuaciones sexuales por parte de policías metropolitanos y guardias del Malecón”. El documento, por primera vez, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, en una entrevista en Radio Pública, expresó ayer que han organizado mesas interinstitucionales para que no queden en la impunidad las muertes violentas. La funcionaria agregó que en los centros penitenciarios establecieron protocolos para que las personas sexualmente diversas sean respetadas. (I)