Los niños de las Aulas Especializadas de la Escuela Fiscal “Ciudad de Samborondón” demostraron que la discapacidad no es un obstáculo para sonreír, jugar y aprender. La institución educativa realizó una casa abierta en la que participó Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Plan “Toda una Vida”, junto a Irina Cabezas, secretaria técnica del Plan “Toda Una Vida”.

El evento se realizó ayer como parte del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre. “Damos todo para que nuestros niños salgan adelante”, precisó Maritza Cobeña, profesora de la institución que alberga a 38 niños.

Con varias coreografías que representaron diversas culturas del país y una exposición de pintura y gastronomía, los infantes y sus maestras arrancaron cientos de aplausos de los asistentes. “Nuestra gratitud a las personas que hacen este tipo de trabajo. Juntos lo hacemos mejor para logar mayor calidad de vida de los niños con discapacidad”, expresó Rocío de Moreno.

La agenda de esta entidad  del Gobierno continuó con la entrega de ayudas técnicas a las personas con discapacidad que habitan el populoso sector de Samborondón. Martina Moncada de 89 años, tiene dificultad para movilizarse por ello reconoció la preocupación del Ejecutivo. “Nunca pensé tener una silla de ruedas. Estoy muy agradecida”, afirmó. Ella también será incluida en el mejoramiento de vivienda para que pueda habitar en óptimas condiciones junto a su familia.

Otro beneficiario es Manuel María Ayala, de 98 años quien tiene osteoporosis. Su hijo, Fernando dijo que la nueva silla de ruedas le será de mucha ayuda a su padre pues la anterior era una silla plástica adaptada con ruedas.

“Queremos atender de manera integral a los ciudadanos -desde antes que nazcan los niños– con el acompañamiento en salud, con “Casa para Todos”, con bonos, porque todas las personas necesitan ayuda, sobre todo las más vulnerables”, precisó Rocío de Moreno en declaraciones para la prensa.

En el cantón Samborondón serán atendidas 120 personas con discapacidad. Hasta el momento, la misión “Las Manuelas” ha realizado más de 14 mil visitas a escalas nacionales para identificar a personas con discapacidad que requieren ayuda. En todo el país, 328 mujeres tienen la meta de visitar más de 430.000 hogares.

Las ciudades se adaptan

Es hora pico (07:30). Cientos de personas sobrepasan la capacidad de las unidades del Trolebús para_ llegar a tiempo a sus trabajos o centros de estudio.

Marlon Montalvo es uno de ellos. A diferencia de los demás, él no necesita 50 centímetros para acomodarse dentro del articulado. La silla de ruedas en la que se moviliza ocupa un metro cuadrado y el espacio preferencial en el que le corresponde transportarse está abarrotado de pasajeros.

Ese no es el único obstáculo que día a día enfrenta Montalvo para movilizarse por la urbe. Cuando intenta bajarse, en la parada El Ejido, en Quito, necesita que un pasajero sostenga su silla y levante las llantas delanteras, pues el articulado carece de una rampa adecuada para que se desembarque por sus propios medios.

Una vez en la calle continúan los inconvenientes. En las aceras tampoco hay rampas y Montalvo para avanzar requiere de su equilibrio y de la fuerza de sus brazos.  

Aprender a transportarse así le costó casi un año, recuerda el hombre, de 43 años, que perdió la movilidad de sus piernas en un accidente de tránsito en 2014.

Según cifras del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), en Ecuador 415.500 personas forman parte de este grupo vulnerable. De ellos, el 46,78% tiene discapacidad física, el 22,54% intelectual, el 12,87% auditiva, el 11,85% visual y el 1,33 de lenguaje.

Al igual que Montalvo, Xavier Torres, presidente del Conadis, se moviliza en una silla de ruedas. Él reconoce que en el país se realizaron varios esfuerzos en beneficio de quienes representa. Sin embargo, resalta que el transporte y la accesibilidad es la deuda pendiente con las personas con discapacidad.

“Creemos que este es el tema más fuerte en el que  debemos trabajar”, expresa.

Torres agrega que la accesibilidad abarca el medio físico, la información y la comunicación. En el primero se requiere una adaptación en el transporte público, buses con plataformas bajas, respeto de las tarifas en los taxis y concienciación para que los operadores del transporte público no hagan caso omiso cuando uno de ellos extiende su mano para solicitar que el bus pare. 

En cuanto a la información -agrega- es necesario que las paradas de buses sean legibles para los no videntes. ¿Cómo? con la implementación de letreros en braille.

Alfonso Calvopiña tiene una enfermedad congénita que le causó la pérdida total de su visión. Él también se moviliza en Trolebús. Indica que el anuncio del conductor por altoparlante, antes de llegar a cada parada, le sirve para conocer el sector en el que se encuentra.

Según estadísticas del Conadis, en Quito viven 29.000 personas con discapacidad (PCD), de ellas el 90% (26.100) emplea transporte público

Cuando Calvopiña se baja de la unidad, la existencia de rampas no es un inconveniente para el comerciante de productos de limpieza, pero sí los postes, el mobiliario urbano “mal ubicado” y los trabajos viales que se realizan en   la ciudad.

Sebastián Llanos, arquitecto especializado en viviendas para personas con discapacidad, explica que la accesibilidad al medio físico (entorno, edificios, entidades públicas y transporte) es un reto para el grupo vulnerable.

A la falta de rampas se suman las barreras arquitectónicas. Llanos indica que son construcciones que realiza la ciudadanía o los municipios (cabinas de guardias de seguridad, basureros fijos, desniveles, letreros de restaurantes) sin pensar en quienes se movilizan con un bastón, muleta o silla de ruedas.

El arquitecto manifiesta que los obstáculos arquitectónicos se encuentran en los espacios públicos, en el interior de los edificios y en los transportes públicos. Las más comunes son las gradas en las aceras. “Una vereda de cuatro centímetros causa  problemas a quien se desplaza en una silla de ruedas”, dice el experto.

En 2015, la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (Setedis) realizó un diagnóstico de Accesibilidad Universal en tres provincias del país. Imbabura, situada en el norte de Ecuador, tiene el 50% de accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno urbano. Mientras que, Santa Elena el 47% y Pastaza el 38%.

En 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Discapacidades. El artículo 58 de la normativa establece que este grupo de atención preferente deberá contar con accesibilidad necesaria “en toda obra pública y privada de acceso público, sea urbana o rural”.

En los registros del Conadis consta que 143.925 personas con discapacidad reciben bonos y pensiones. Hasta 2014,  más de 544.000 ciudadanos obtuvieron ayudas técnicas.

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la entrega del Bono Joaquín Gallegos Lara llega a  21.000 cuidadores directos, sobre todo a madres que se encargan de atender a sus hijos con discapacidad severa.

La ayuda económica es de $ 240 mensuales; mientras que 124.857 ecuatorianos reciben el bono de discapacidad por un monto individual de $ 50. Con el nuevo Gobierno se retomó la misión Las Manuelas dirigido a las personas con discapacidad que se encuentran dentro del plan Toda una vida, establecido por el Ejecutivo.

Durante la presentación de la iniciativa el presidente de la República, Lenín Moreno, detalló que durante 2009 y 2013, el Gobierno invirtió $ 306 millones en la atención de las personas con discapacidad. Mientras que desde ese año hasta la actualidad  solo fueron $ 56 millones.

Anualmente, un grupo de técnicos realiza visitas para identificar y actualizar la base de datos de las personas con discapacidad para que puedan acceder a los servicios de las ocho misiones planteadas por el Gobierno, entre ellas Trabajo joven, Casa para todos, Mis mejores años y Ternura. Además,  busca trabajar en todo tipo de violencia contra la mujer.

Entre 2009 y 2011, la Misión Solidaria Manuela Espejo recorrió las 24 provincias y 221 cantones del país. 293.743 personas con discapacidad se identificaron, el 24% con discapacidad intelectual y el 76% con otras discapacidades.

La prevalencia de discapacidad obtenida por el estudio fue el 2,03%, según registros del Banco Mundial.

Con base en esa información, Las Manuelas pretende ampliar los registros e integrar a las personas que viven en extrema pobreza y en estado de vulnerabilidad.

La meta gubernamental es atender al 100% de las personas con discapacidad que necesitan ayudas técnicas (silla de ruedas, colchones, bastones, etc.) o asistencia médica.

El plan es visitar antes de enero a 44.000 familias que tengan al menos un miembro con alguna discapacidad, para darle el soporte correspondiente.

La vivienda otra prioridad

El proyecto de vivienda Manuela Espejo está orientado a dotar de una solución habitacional adecuada con obras de accesibilidad y condiciones necesarias para atender a las personas con discapacidad identificadas en situación crítica en las áreas urbanas y rurales del país.

Entre los requisitos para acceder están: ser ecuatorianos por nacimiento o naturalización que no poseen vivienda a nivel nacional y para el caso de mejoramiento tener únicamente la vivienda en donde se aplicará el bono.

Además, podrán ser propietarios de un inmueble que no sea vivienda (local comercial o de producción agrícola), que sirva de medio de sustento para la familia del beneficiario.

Las ciudades del mundo buscan ser inclusivas

El 10% de la población mundial, o sea 650 millones de personas, tiene algún tipo de discapacidad, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ellos constituyen la mayor minoría del mundo. Esta cifra aumenta por el crecimiento de la población, los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento, señala el organismo internacional.

Mediante un comunicado, la ONU indica que la Agenda 2030 se compromete a «no dejar a nadie atrás». Para ello es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidad, los grupos que las representan, las instituciones académicas y el sector privado trabajen en equipo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, indica el documento.

Por otra parte, se habla de ciudades inclusivas. En octubre del año pasado, en Quito, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), el tema de las ‘Ciudades inclusivas’ fue uno de los que más se debatió. En ese entonces, Romulo Paes de Sousa, director del The World Centre For Sustainable Development de Río de Janeiro, Brasil, explicó que en numerosos casos el desarrollo urbano se ve afectado por una fuerte exclusión e inequidad social. Según la ONU, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

La ONU insistió en que queda mucho por hacer para que las personas con discapacidad puedan alcanzar su pleno potencial como miembros de la sociedad. “Para que la Agenda 2030 tenga éxito debemos eliminar los estereotipos y la discriminación que perpetúan su exclusión y crear un entorno accesible, propicio e inclusivo para todos, dicta el comunicado.

El acceso a una plaza laboral es uno de los logros

Nancy Maldonado, presidenta de la Fundación El Triángulo, entidad que trabaja con personas con discapacidad hace 23 años, destacó que uno de los logros para las personas con discapacidad es la vinculación a un trabajo fijo.

La organización a la que representa desarrolla un proyecto de inclusión laboral. Nació en 2010 y ha permitido que paulatinamente 63 jóvenes con diferentes tipos de discapacidad intelectual, incluido el síndrome de Down, trabajen en cinco empresas de Quito.

“Tenemos un sistema de inclusión laboral tutorial, es decir, los alumnos de la fundación no van solos a las empresas, van acompañados de una psicóloga y realizan un trabajo real, verdadero, dirigido”, explica Maldonado. Los estudiantes son enrolados en el ámbito laboral a partir de los 15 años después de recibir una capacitación.

Para la dirigente, el acceso a un trabajo les permite mejorar su calidad de vida, pues los jóvenes insertados se vuelven más independientes. Además gozan de los derechos que establece la ley como contar con los servicios médicos del Seguro Social. Algunas empresas, según Maldonado, brindan a sus colaboradores un seguro privado. Esto ayuda a realizarse los chequeos médicos con mayor agilidad.

Uno de los cuestionamientos que realiza la titular de la fundación es que algunas empresas, con el afán de cumplir con la ley, contratan a personas con discapacidad, pero no dejan que se desempeñen en las firmas.

Brigadistas vuelven a recorrer todo el país

Las brigadistas Las Manuelas vuelven a recorrer el país para continuar la misión de llevar solidaridad a los grupos de personas de atención prioritaria.

En estos seis meses de Gobierno Las Manuelas, uno de los programas emblemáticos de este Gobierno, han visitado más de 20.000 hogares de personas con discapacidad. Muchos de los recorridos de las brigadistas han sido encabezados por Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Plan Toda una Vida, quien además hace el seguimiento institucional para que la atención  a las personas con discapacidad sea integral y contemple sus derechos a recibir servicios de salud, educación , vivienda, trabajo entre otros.

El objetivo de Las Manuelas es que en 20 meses más de 430.000 hogares sean intervenidos por las brigadistas.

El trabajo de Las Manuelas permitirá identificar las necesidades de las personas con discapacidad, en pobreza y en pobreza extrema para atenderlos de manera integral y que puedan formar parte de todos los programas de Gobierno que forman parte del Plan Toda una Vida. (I) et