El 25 de noviembre de 1997 el entonces Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia No. 111-97-TC declaró inconstitucional el primer inciso del artículo 516 del Código Penal y dispuso la suspensión de sus efectos; la norma mencionada establecía que: “En los casos de homosexualismo, que no constituyen violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años…”.

En aquel tiempo, la organización del colectivo LGBTI era incipiente, sin embargo, organizaciones como Triángulo Andino con el apoyo del fallecido constitucionalista Ernesto López presentaron una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que la norma afectaba el ejercicio de libertades y el derecho a la igualdad y no discriminación. Para aquella época, el debate sobre temas como este contaba con más detractores que aliados.

Para 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminaba la homosexualidad de su lista de patologías, mientras la Iglesia Católica tomaba posición frente al tema en una carta dirigida al Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 1997, en la cual mencionaba que de ningún modo era inconstitucional la cuestionada norma penal. Fabián Alarcón, quien ejercía la Presidencia de la República, en la contestación a la demanda, argumentaba que no era el Tribunal Constitucional, sino el legislador el que debía dejar sin efecto la norma y pedía se deseche la demanda.

Han pasado 20 años de este hecho que constituye uno de los hitos jurídico - sociales en la lucha por la dignidad, el respeto a la diversidad e igualdad; sin embargo, después de dos décadas, la estructural discriminación contra este colectivo aún pervive en la región; es así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2014 publicó las conclusiones de su Registro de Violencia contra personas LGBTI en América, en las cuales se afirma que ocurrieron al menos 770 actos de violencia en un período de 15 meses en 25 Estados, incluido Ecuador; mientras que en 11 Estados se mantienen leyes que criminalizan las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en privado.  

Los avances normativos en la lucha contra la discriminación fueron importantes, sin embargo, los esfuerzos para enfrentar la violencia y los estereotipos demandan aún acciones que transformen la cultura, la institucionalidad y su cotidianidad. (I) et