Ecuador, ¿a las puertas de un 'baratillo' de ofertas?

Una vez inscritos los 8 candidatos a la Presidencia de la Rep&uacute;blica, el baratillo de ofertas parece que ser&aacute; la t&oacute;nica de la campa&ntilde;a. Revisar los espacios de cada presidenciable en medios de comunicaci&oacute;n y redes sociales permite tener una aproximaci&oacute;n a sus propuestas. Una constante, entre opositores, es la fiscalizaci&oacute;n, que dicen llevar&aacute;n a cabo a los funcionarios del actual Gobierno. De esto hablaron Patricio Zuquilanda (PSP), Washington Pes&aacute;ntez (Uni&oacute;n Ecuatoriana) y Abdal&aacute; Bucaram Pulley (FE). Esto responde al &ldquo;juego pol&iacute;tico latinoamericano, pero no a demandas nacionales&rdquo;, de acuerdo al consultor pol&iacute;tico Carlos Ch&aacute;vez. En sus investigaciones, el empleo y la seguridad son las principales preocupaciones del elector y no el tema de fiscalizaci&oacute;n. Entonces, los actores pol&iacute;ticos no logran &ldquo;engancharse con la ciudadan&iacute;a&rdquo;. Entre las supresiones que la oposici&oacute;n busca realizar est&aacute; la eliminaci&oacute;n del Consejo de Participaci&oacute;n Ciudadana y Control Social (CPCCS). En esa propuesta coinciden Paco Moncayo (ID), Guillermo Lasso (CREO) y Zuquilanda. Frente a ello, Edwin Jarr&iacute;n, vicepresidente del CPCCS, explic&oacute; que se debe evitar una &lsquo;regresi&oacute;n&rsquo; en el ejercicio de derechos ciudadanos. Considera que con la Constituci&oacute;n del 2008 se avanz&oacute; en el derecho a la participaci&oacute;n, al generarse un mecanismo para que la ciudadan&iacute;a elija a las autoridades de control. &ldquo;Es un pensamiento anacr&oacute;nico decir que se va a generar juntas de notables para que env&iacute;en ternas al Congreso&rdquo;, manifest&oacute;. Por ese motivo, los candidatos deber&iacute;an ser claros en qu&eacute; mecanismos proponen para aumentar los derechos de participaci&oacute;n. La Ley Org&aacute;nica de Comunicaci&oacute;n (LOC) tambi&eacute;n incomoda a varios candidatos y por ello ofrecen desaparecerla, como es el caso Zuquilanda, o reformarla, en el caso de Pes&aacute;ntez, quien adem&aacute;s ofrece reformar la Constituci&oacute;n y dar amnist&iacute;a a perseguidos pol&iacute;ticos. Esta ley es considerada como una &ldquo;gran conquista democr&aacute;tica&rdquo; por Francisco Sierra, director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicaci&oacute;n para Am&eacute;rica Latina (Ciespal). Seg&uacute;n &eacute;l, toda ley es reformable, pero por primera vez Ecuador tiene &ldquo;un marco normativo integral para mejorar las condiciones laborales de los periodistas, impulsar los contenidos educativos y dar atenci&oacute;n a las minor&iacute;as&rdquo;. Para Sierra, &ldquo;sin ley no hay derechos y, por tanto, derogarla implica ir a un modelo de libre mercado y concurrencia que es una vuelta al pasado&rdquo;. Si el ganador fuese Moncayo acabar&aacute; con el Bachillerato General Unificado (BGU). Darwin Corrales, de la Red de Maestros por la Revoluci&oacute;n Educativa, cree que ser&iacute;a &ldquo;retroceder a&ntilde;os en la educaci&oacute;n&rdquo;. Para &eacute;l, el BGU beneficia al estudiante porque le permite tener m&aacute;s conocimientos previo a su ingreso a la Universidad. &ldquo;Si se regresa a lo anterior el estudiante se centrar&iacute;a solo en f&iacute;sica, por ejemplo, pero no conocer&iacute;a historia del Ecuador&rdquo;. Otra de las propuestas fue la de Iv&aacute;n Espinel (Compromiso Social), quien afirma que implementar&aacute; la pena de muerte para violadores. Para Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del Comit&eacute; Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, este tipo de propuestas son &ldquo;descabelladas&rdquo; y usadas para llamar la atenci&oacute;n. A su criterio, esta propuesta no cabe en la normativa jur&iacute;dica del pa&iacute;s y &ldquo;ser&iacute;a una regresi&oacute;n de derechos&rdquo;. La pena de muerte ha sido cuestionada a nivel jur&iacute;dico, cient&iacute;fico e inclusive religioso. &ldquo;No cabe en una sociedad civilizada mantener un castigo tan extremo e irreversible que no ha comprobado su eficacia para cr&iacute;menes violentos&rdquo;, a&ntilde;adi&oacute;. El empleo tambi&eacute;n se ha convertido en una especie de subasta de qui&eacute;n da m&aacute;s. Mientras Len&iacute;n Moreno (AP) ofrece 200 mil plazas laborales, al igual que Cynthia Viteri (PSC), el banquero Guillermo Lasso (CREO) asegur&oacute; la creaci&oacute;n de un mill&oacute;n de puestos de empleo a trav&eacute;s de cr&eacute;ditos financieros. Jorge Salgado, profesor de Econom&iacute;a de la Pontificia Universidad Cat&oacute;lica del Ecuador, cree que este es un tema complejo y es &ldquo;demagogia plantear que a partir de la entrega de cr&eacute;ditos se va a cambiar el pa&iacute;s. Hay que entender como esos sectores se van a desarrollar en el largo plazo. No es factible generar empleo en el corto plazo&rdquo;. (I) DATOS Otra propuesta de Iv&aacute;n Espinel contempla mantener abiertos los centros de salud y los dispensarios m&eacute;dicos las 24 horas del d&iacute;a para la ciudadan&iacute;a. Guillermo Lasso, en cambio, durante una reuni&oacute;n con asociaciones campesinas y agropecuarias, ofreci&oacute; devolver las armas a los campesinos, para que, &ldquo;puedan defender como var&oacute;n a sus esposas y a sus hijos&rdquo;. Para Cynthia Viteri la manera en la que subir&aacute; los salarios de los trabajadores ser&aacute; por medio de la reducci&oacute;n y eliminaci&oacute;n de impuestos y bajando el costo de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica. Patricio Zuquilanda en una entrevista con Teleamazonas se refiri&oacute; a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su propuesta se inclina a que el Gobierno no volver&aacute; a participar como director sino tan solo como un miembro m&aacute;s. (I)