Tribunal declaró legal la prisión preventiva en contra de Jorge G.

El vicepresidente de la Rep&uacute;blica, Jorge G., seguir&aacute; detenido luego de que la tarde de ayer el Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces, Rosa &Aacute;lvarez, Asdr&uacute;val Granizo y Merck Benavides, neg&oacute; el recurso de habeas corpus planteado por el Segundo Mandatario a trav&eacute;s de su abogado defensor Eduardo Franco Loor. Seg&uacute;n los jueces, la orden de detenci&oacute;n emitida contra Jorge G. es legal y &ldquo;no se le ha violado ning&uacute;n derecho&rdquo;, por lo que se le niega el recurso de habeas corpus que, de acuerdo con el Art. 89 de la Constituci&oacute;n, es un mecanismo para devolver la libertad a cualquier detenido, en caso de que &ldquo;se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ileg&iacute;tima&rdquo;. Con la presencia del Segundo Mandatario, quien se encuentra detenido desde el pasado lunes 2 de octubre, por su vinculaci&oacute;n en el presunto delito de asociaci&oacute;n il&iacute;cita cometida en el caso de corrupci&oacute;n de Odebrecht en el Ecuador, en la que adem&aacute;s son procesados 17 personas m&aacute;s, ayer en la tarde se desarroll&oacute; la audiencia de habeas corpus en la CNJ, en Quito. En esta diligencia Jorge G., quien vest&iacute;a camisa blanca y terno azul, habl&oacute; por primera vez ante los jueces por cerca de 10 minutos, para solicitar que se ordenara su libertad, ya que la orden de prisi&oacute;n preventiva que rige en su contra es &ldquo;ilegal e ileg&iacute;tima&rdquo;, que el trasfondo de mantenerle en prisi&oacute;n es callarle, que no se pueda defender y que lo que buscan (aunque no precis&oacute; quienes) &ldquo;es hacerse de la Vicepresidencia de forma ileg&iacute;tima&rdquo;. El Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia presidido por la Jueza Rosa &Aacute;lvarez deliber&oacute; por una hora el fallo, luego de escuchar a las partes procesales. Asegur&oacute; que Odebrecht y sus autoridades tienen suficientes motivos para odiarlo, porque &eacute;l fue quien expuls&oacute; a la compa&ntilde;&iacute;a en 2008, cuando entreg&oacute; la hidroel&eacute;ctrica San Francisco con fallas. Se volvi&oacute; a calificar como una v&iacute;ctima de linchamiento medi&aacute;tico y asegur&oacute; que en la informaci&oacute;n entregada por Estados Unidos a la Fiscal&iacute;a como cooperaci&oacute;n internacional, ni siquiera aparece su nombre. &ldquo;Yo no soy mencionado ni una sola vez&rdquo;, dijo al subrayar que est&aacute; consciente de que va a ser acusado, aunque no haya pruebas. &ldquo;Soy un padre de familia, soy esposo de alguien, soy hijo, y yo estoy preso sin una sola prueba. Pido justicia, se&ntilde;ores jueces&rdquo;, enfatiz&oacute;. De su lado, el abogado del Segundo Mandatario hizo los mismos se&ntilde;alamientos de su cliente y repiti&oacute; los argumentos que us&oacute; el viernes pasado cuando apel&oacute; la medida de prisi&oacute;n preventiva, en otra audiencia. Pedido que le fue negado por el Tribunal que resolvi&oacute; ese d&iacute;a. Para Franco, la orden de prisi&oacute;n es arbitraria, que la Fiscal&iacute;a no ha justificado de qu&eacute; forma hab&iacute;a el peligro de fuga de su defendido y que es ilegal que se dispusiera arresto despu&eacute;s de que concluyera la fase de instrucci&oacute;n fiscal. Adem&aacute;s, su cliente siempre ha colaborado con la justicia. La defensora p&uacute;blica, Lolita Montoya, en representaci&oacute;n del juez de la causa, Miguel Jurado, entreg&oacute; un informe de su defendido al Tribunal, donde se fundamenta porqu&eacute; se dio paso a la orden de prisi&oacute;n de Jorge G. Lo hizo por pedido de la Fiscal&iacute;a, que present&oacute; nuevas evidencias en contra del segundo mandatario, que habr&iacute;an &ldquo;agravado&rdquo; su situaci&oacute;n jur&iacute;dica y, seg&uacute;n la Fiscal&iacute;a, exist&iacute;a un potencial peligro de fuga, sostuvo. Tras 47 minutos de audiencia, los jueces suspendieron la diligencia para deliberar, y, luego de una hora de intercambiar criterios, anunciaron la decisi&oacute;n de negar el recurso de habeas corpus. Defensa apelar&aacute; Eduardo Franco Loor indic&oacute; que apelar&aacute; la resoluci&oacute;n del Tribunal de lo Laboral, por ser &ldquo;diminuta, injusta, arbitraria e inconstitucional&rdquo;, porque en la audiencia demostraron las flagrantes violaciones a los derechos humanos de su defendido Jorge G. &ldquo;Vamos a agotar todas las instancias para que brille la justicia&rdquo;, sostuvo, al se&ntilde;alar que incluso podr&iacute;an acudir a la Corte Constitucional, porque Jorge G. es inocente. Adem&aacute;s revel&oacute; que para hoy tiene previsto presentar tambi&eacute;n una denuncia de prevaricato contra el juez de la causa, Miguel Jurado. El de ayer fue el tercer intento de Franco Loor de tratar de conseguir la libertad de su defendido. En primera instancia solicit&oacute; el cambio de medida cautelar, luego la apelaci&oacute;n a la prisi&oacute;n preventiva. Todas han sido negadas, y, seg&uacute;n el jurista, seguir&aacute;n insistiendo. (I) &ldquo;La Justicia est&aacute; cediendo a la presi&oacute;n medi&aacute;tica&rdquo; Desde la c&aacute;rcel N&deg; 4 en Quito, Jorge G. ofreci&oacute; una entrevista a la agencia AFP. Lo hizo previo a la audiencia de habeas corpus que se efectu&oacute; la tarde de ayer en la Corte Nacional de Justicia. En el di&aacute;logo el Vicepresidente sostuvo que es v&iacute;ctima de una &ldquo;venganza&rdquo; por parte de la empresa constructora Odebrecht; tambi&eacute;n acus&oacute; a la Justicia de Ecuador de estar cediendo &ldquo;a la presi&oacute;n pol&iacute;tica y medi&aacute;tica&rdquo;. Como se recordar&aacute;, el juez Miguel Jurado Fabara dict&oacute;, previa solicitud de la Fiscal&iacute;a, la orden de prisi&oacute;n preventiva en contra de la autoridad. El pasado viernes el magistrado fue recusado por la defensa del Segundo Mandatario, lo que motiv&oacute; que la audiencia prevista para hoy, donde se defin&iacute;a si procede el juicio, se difiriera. En el di&aacute;logo con la agencia de noticias manifest&oacute; que jam&aacute;s cometi&oacute; delito alguno y que una persona que no delinque nunca espera verse en una situaci&oacute;n de esta naturaleza. Se mostr&oacute; algo esc&eacute;ptico sobre su situaci&oacute;n jur&iacute;dica. &ldquo;Yo me espero una acusaci&oacute;n del Fiscal. La pregunta es, &iquest;con qu&eacute; pruebas? &iquest;O es que acaso mi acusador (el delator de Odebrecht, Jos&eacute; Santos), que es un corrupto confeso que ha reconocido que mont&oacute; una red de corrupci&oacute;n en 12 pa&iacute;ses, se constituye en prueba?&rdquo;, se pregunt&oacute;. Insisti&oacute; en que la Fiscal&iacute;a se qued&oacute; con esa acusaci&oacute;n pero &ldquo;no hay un solo hecho il&iacute;cito de mi parte, no conozco a los otros implicados en este caso, a excepci&oacute;n de mi pariente (Ricardo R), que ha declarado que &eacute;l actu&oacute; en lo privado&rdquo;. Y agreg&oacute; que &ldquo;ni con testigos falsos ni correos truchos ni pendrives misteriosos ni testigos protegidos han logrado encontrar una prueba en mi contra&rdquo;. (I)