El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo el viernes en la ONU que los muros no son la solución a la inmigración ilegal, al asumir la presidencia del G77+China de manos de Tailandia. Correa reclamó una mejor distribución de la riqueza y del conocimiento en un discurso en el cual arremetió contra "la globalización neoliberal" y las transnacionales que violan los derechos humanos y ambientales, "como Chevron Texaco que destruyó la selva ecuatoriana". "Mientras no se resuelva una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales y mundiales. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es la solidaridad, es humanidad", dijo. El presidente socialista de 53 años no mencionó al futuro presidente estadounidense Donald Trump, que prometió construir un muro de 3.200 km en la frontera con México. "Lamentablemente el mundo está organizado no en función de los seres humanos, sino en función del imperio y el capital", añadió Correa. El flamante secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se desplazó desde Ginebra especialmente para asistir al cambio de jefatura del G77, aseguró que el grupo es un socio clave en su objetivo de reformar la ONU. "Esta reforma que es sumamente importante solo puede hacerse en una cooperación estrecha" con el G77, afirmó. "No hay mejor prevención que el desarrollo. Es con el desarrollo que sea crean las condiciones para minimizar los impactos de los desastres naturales o del cambio climático pero también para minimizar los riesgos de conflicto, de inestabilidad, de guerra", dijo Guterres en un discurso en español. Ecuador es el país de Latinoamérica que acoge más refugiados, unos 60.000, sobre todo desplazados por el conflicto armado en Colombia. "Ecuador es un ejemplo admirable de solidaridad y los refugiados son los testigos que mejor lo pueden afirmar", se congratuló Guterres. Para Correa, la unidad del G77 -un inmenso grupo integrado por 134 países en desarrollo o emergentes- es la única manera de presionar por una reforma de la ONU que dé más poder a la Asamblea General y menos al Consejo de Seguridad. También afirmó que su país presionará por una declaración de derechos ambientales en el seno de la ONU y reclamó la creación de tribunales ambientales para juzgar crímenes cometidos por transnacionales. La justicia ecuatoriana ordenó en 2013 a Chevron pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares a indígenas y campesinos por daños ambientales causados por Texaco en la Amazonía durante sus operaciones entre 1964 y 1990. La multinacional se rehúsa a pagar alegando que el fallo en su contra fue obtenido mediante fraude y sobornos. (I)