El Ministerio de Defensa garantiza el pago de las jubilaciones a los militares retirados

El Gobierno analiza la posibilidad de reducir los costos de sus dependencias p&uacute;blicas, tanto de las instituciones que funcionan dentro del pa&iacute;s, como las del extranjero. As&iacute; lo inform&oacute; el Ministerio de Defensa. Este estudio &ldquo;sobre la disminuci&oacute;n de los costos de las Agregadur&iacute;as Militares en el extranjero est&aacute; en an&aacute;lisis, por lo tanto, a&uacute;n no existe una determinaci&oacute;n oficial al respecto&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; la cartera de Estado en un comunicado. Antes de emitirse este bolet&iacute;n el ministro de Defensa, Ricardo Pati&ntilde;o, habl&oacute; de la posibilidad de que las funciones que cumplen los agregados de Defensa en el exterior sean asumidas por funcionarios de embajadas y consulados. Se espera que quienes actualmente cumplen las funciones en las agregadur&iacute;as sigan haci&eacute;ndolo hasta que cumplan con sus periodos, pero que luego no se renovar&iacute;an los cargos. Eso si es que finalmente se decide suspenderlas. Seg&uacute;n el portal web de la Canciller&iacute;a en Am&eacute;rica se registran 9 agregados de Defensa. En Am&eacute;rica del Sur est&aacute;n en: Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Per&uacute;, Venezuela y Argentina. Mientras que en Am&eacute;rica del Norte hay en Canad&aacute; y Estados Unidos. Los funcionarios se encargan de &ldquo;representar al Ministerio de Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas del Ecuador, ante sus organismos correspondientes, para fomentar las relaciones bilaterales y actividades de reciprocidad, que promuevan el intercambio de conocimientos, capacitaci&oacute;n, tecnolog&iacute;a y apoyo mutuo entre los dos pa&iacute;ses&rdquo;. Esa es la misi&oacute;n de la agregadur&iacute;a militar en Argentina, seg&uacute;n lo publicado en el sitio web de la misi&oacute;n diplom&aacute;tica. Reuni&oacute;n con militares retirados El ministro de Defensa, Ricardo Pati&ntilde;o, mantuvo ayer una reuni&oacute;n con los militares en servicio pasivo para analizar la situaci&oacute;n del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), as&iacute; como la homologaci&oacute;n de las pensiones jubilares. El funcionario aclar&oacute; la situaci&oacute;n luego del d&eacute;bito de los $ 41 millones que el Gobierno pag&oacute; en exceso al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por los lotes del parque Samanes en Guayaquil. Sobre este tema el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, explic&oacute; que no se trata de extraer recursos de la entidad, sino que se cruzaron cuentas. A la reuni&oacute;n asistieron 16 militares en servicio pasivo. Eran representantes de grupos de diferentes, partes del pa&iacute;s. Entre ellos estaban los directivos de la Confederaci&oacute;n Nacional de Militares en Servicio Pasivo. Ese grupo, que se conform&oacute; desde 1938, re&uacute;ne a m&aacute;s de cinco organizaciones. Al iniciar el encuentro, Pati&ntilde;o recalc&oacute; que los militares en servicio pasivo que se preocupan por el bienestar actual de sus compa&ntilde;eros son en realidad los representantes con los que se puede dialogar. &ldquo;Deben saber que conmigo tienen las puertas abiertas para el di&aacute;logo&rdquo;, sostuvo. El Ministro tambi&eacute;n manifest&oacute; que a diario mantiene conversaciones con los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de igual forma con militares de las diferentes unidades de todo el pa&iacute;s, con el prop&oacute;sito de buscar el bienestar de la familia militar. &ldquo;Nuestra relaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n con la tropa y los oficiales es permanente&rdquo;, aclar&oacute;. En cuanto a las protestas de militares retirados, el Ministro enfatiz&oacute; que en ese grupo hay &ldquo;agentes de la CIA y traidores de Angostura&rdquo;. Para &eacute;l quienes no protestan son militares en servicio pasivo y activo que &ldquo;sienten al pa&iacute;s y entienden que lo que recibe el Issfa es dinero del Estado&rdquo;. Pati&ntilde;o dijo que la devoluci&oacute;n de los &ldquo;$41 millones es cosa juzgada&rdquo;, pero que entiende que las glosas establecidas por el tema de la venta de terrenos para el parque Samanes &ldquo;es una situaci&oacute;n apelable&rdquo;. Jubilados plantean reformas Pati&ntilde;o adelant&oacute; que los representantes de la Confederaci&oacute;n de Militares en Servicio Pasivo presentar&aacute;n reformas a la seguridad social. &ldquo;Ya he conocido la propuesta, pero ahora la voy a conocer formalmente y la vamos a discutir&rdquo;, afirm&oacute; el secretario de Estado. Para el funcionario no hay fundamentos para las protestas puesto que entre otras cosas las jubilaciones se encuentran garantizadas en cumplimiento de la Constituci&oacute;n. &ldquo;Todo lo que sea necesario para garantizar las jubilaciones lo asegura el Estado ecuatoriano&rdquo;, dijo. La Asamblea aprob&oacute; en diciembre enmiendas constitucionales que garantizan el pago de las jubilaciones a los militares. (I) "Oficios no fijan responsabilidad culposa" Por el sobreprecio en la venta de los terrenos del parque Samanes, entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio del Ambiente, la Contralor&iacute;a General del Estado estableci&oacute; responsabilidad culposa para los funcionarios que participaron en la transacci&oacute;n. Seg&uacute;n el portal Ecuadorinmediato.com, la entidad habr&iacute;a dispuesto una glosa civil y administrativa contra Marcela Agui&ntilde;aga, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella era ministra del Ambiente cuando se realiz&oacute; la compraventa. La ahora legisladora estuvo en ese cargo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 9 de noviembre de 2012. La Contralor&iacute;a consider&oacute; el aval&uacute;o efectuado por la Direcci&oacute;n Nacional de Aval&uacute;os y Catastros del Ministerio de Vivienda y en este no deb&iacute;a basarse la compra sino en el estudio hecho por el Municipio de Guayaquil. En respuesta Agui&ntilde;aga puntualiz&oacute; que &ldquo;los Oficios 398-DPR y 1989-DPR sumillados por el Contralor General al ser predeterminaciones no fijan ning&uacute;n tipo de responsabilidad civil culposa o administrativa culposa&rdquo;. Por ello &ldquo;como lo establece la citada ley, en los pr&oacute;ximos 60 d&iacute;as contestar&eacute; y presentar&eacute; las pruebas de descargo correspondientes para que, despu&eacute;s de que estas sean analizadas, la Contralor&iacute;a General del Estado est&eacute; en capacidad de expedir una resoluci&oacute;n&rdquo;. Adem&aacute;s recalc&oacute; que durante su desempe&ntilde;o como ministra del Ambiente actu&oacute; en apego a la ley, por lo que esperar&aacute; las resoluciones definitivas de las entidades pertinentes que a&uacute;n analizan el caso. La Contralor&iacute;a publica todos sus informes, pero no los nombres de los sancionados porque ellos a&uacute;n pueden apelar esta decisi&oacute;n. El examen especial fue ordenado por el contralor Carlos P&oacute;lit el pasado 4 de febrero y lo ratific&oacute; al d&iacute;a siguiente en una rueda de prensa; este an&aacute;lisis demora entre 40 y 50 d&iacute;as. Seg&uacute;n un informe del Ministerio de Defensa, en 2008 el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) compr&oacute; en el sector de Samanes 372 hect&aacute;reas por 16 millones de d&oacute;lares, pero de ese terreno en el 2010 el Issfa le vendi&oacute; al Ministerio del Ambiente 66 lotes, que comprenden un &aacute;rea de 220 hect&aacute;reas, por 48 millones de d&oacute;lares. Se trataba de tierras agr&iacute;colas que fueron vendidas como urbanizadas. Las autoridades informaron que el dinero recuperado por el sobreprecio ser&aacute; invertido en mejorar el &iacute;ndice de &aacute;reas verdes en el puerto principal dentro del proyecto Guayaquil Ecol&oacute;gico. (I) "Oficios no fijan responsabilidad culposa" Por el sobreprecio en la venta de los terrenos del parque Samanes, entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio del Ambiente, la Contralor&iacute;a General del Estado estableci&oacute; responsabilidad culposa para los funcionarios que participaron en la transacci&oacute;n. Seg&uacute;n el portal Ecuadorinmediato.com, la entidad habr&iacute;a dispuesto una glosa civil y administrativa contra Marcela Agui&ntilde;aga, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella era ministra del Ambiente cuando se realiz&oacute; la compraventa. La ahora legisladora estuvo en ese cargo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 9 de noviembre de 2012. La Contralor&iacute;a consider&oacute; el aval&uacute;o efectuado por la Direcci&oacute;n Nacional de Aval&uacute;os y Catastros del Ministerio de Vivienda y en este no deb&iacute;a basarse la compra sino en el estudio hecho por el Municipio de Guayaquil. En respuesta Agui&ntilde;aga puntualiz&oacute; que &ldquo;los Oficios 398-DPR y 1989-DPR sumillados por el Contralor General al ser predeterminaciones no fijan ning&uacute;n tipo de responsabilidad civil culposa o administrativa culposa&rdquo;. Por ello &ldquo;como lo establece la citada ley, en los pr&oacute;ximos 60 d&iacute;as contestar&eacute; y presentar&eacute; las pruebas de descargo correspondientes para que, despu&eacute;s de que estas sean analizadas, la Contralor&iacute;a General del Estado est&eacute; en capacidad de expedir una resoluci&oacute;n&rdquo;. Adem&aacute;s recalc&oacute; que durante su desempe&ntilde;o como ministra del Ambiente actu&oacute; en apego a la ley, por lo que esperar&aacute; las resoluciones definitivas de las entidades pertinentes que a&uacute;n analizan el caso. La Contralor&iacute;a publica todos sus informes, pero no los nombres de los sancionados porque ellos a&uacute;n pueden apelar esta decisi&oacute;n. El examen especial fue ordenado por el contralor Carlos P&oacute;lit el pasado 4 de febrero y lo ratific&oacute; al d&iacute;a siguiente en una rueda de prensa; este an&aacute;lisis demora entre 40 y 50 d&iacute;as. Seg&uacute;n un informe del Ministerio de Defensa, en 2008 el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) compr&oacute; en el sector de Samanes 372 hect&aacute;reas por 16 millones de d&oacute;lares, pero de ese terreno en el 2010 el Issfa le vendi&oacute; al Ministerio del Ambiente 66 lotes, que comprenden un &aacute;rea de 220 hect&aacute;reas, por 48 millones de d&oacute;lares. Se trataba de tierras agr&iacute;colas que fueron vendidas como urbanizadas. Las autoridades informaron que el dinero recuperado por el sobreprecio ser&aacute; invertido en mejorar el &iacute;ndice de &aacute;reas verdes en el puerto principal dentro del proyecto Guayaquil Ecol&oacute;gico. (I) Datos Coordinar y dar seguimiento a los entendimientos bilaterales suscritos en el marco de organismos internacionales. Promocionar el desarrollo tecnol&oacute;gico, investigaci&oacute;n e industria de la defensa ecuatoriana. Gestionar el intercambio de capacitaci&oacute;n en temas de seguridad, defensa y desarrollo tecnol&oacute;gico entre los miembros de las Fuerzas Armadas y el pa&iacute;s en donde se encuentre la agregadur&iacute;a. Participar en todo evento acad&eacute;mico que tenga relaci&oacute;n con seguridad y defensa. Identificar oportunidades para la transferencia tecnol&oacute;gica y desarrollo de la producci&oacute;n, relacionadas con la industria de la defensa. Asesorar a la Embajada en temas de seguridad y defensa.