Las propuestas de lucha contra la corrupción genera consensos

La &lsquo;muerte civil&rsquo; es una propuesta que de una u otra forma es apoyada, en t&eacute;rminos generales, por los asamble&iacute;stas, sin distinci&oacute;n de procedencia pol&iacute;tica. Esta fue una de las ofertas generalizadas en la &uacute;ltima campa&ntilde;a electoral. Desde Alianza PAIS se trabaja en una propuesta de ley para aplicar una sanci&oacute;n permanente para los funcionarios p&uacute;blicos que sean sancionados por actos de corrupci&oacute;n. Pero no es el &uacute;nico grupo pol&iacute;tico que trabaja en ese tema. La Izquierda Democr&aacute;tica (ID), liderada por Wilma Andrade, tambi&eacute;n har&aacute; un planteamiento en este sentido. La asamble&iacute;sta detall&oacute; que para la aprobaci&oacute;n de la &lsquo;muerte civil&rsquo; se necesita solo una reforma a la Ley de Servicio P&uacute;blico. El art&iacute;culo 15 que trata del ejercicio de un cargo p&uacute;blico se&ntilde;ala que en caso &ldquo;del reingreso de un servidor p&uacute;blico destituido: No podr&aacute; reingresar al sector p&uacute;blico en un per&iacute;odo de dos a&ntilde;os, contados desde la fecha de su destituci&oacute;n, pero su reingreso no podr&aacute; darse a la instituci&oacute;n del Estado de la que fue destituido&rdquo;. Para Andrade solo se necesita una reforma a esta norma para aplicar la &lsquo;muerte civil&rsquo;. Pero desde la ID consideran que es necesario crear otra figura, a la que han denominado &lsquo;Informante C&iacute;vico&rsquo;. Para su aplicaci&oacute;n se necesitar&aacute;n reformas al C&oacute;digo Org&aacute;nico Integral Penal (COIP), as&iacute; como otras normas secundarias. &ldquo;Nosotros creemos que hay una medida adicional, que permite que un ciudadano pueda denunciar y de esta forma podemos llegar a los peces gordos&rdquo;. Explic&oacute; que en la actualidad no hay un solo resultado importante. Detall&oacute; que estas propuestas quedaron notariadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Y ser&aacute;n entregadas m&aacute;ximo hasta la pr&oacute;xima semana para que sean acogidas por los legisladores. Andrade detall&oacute; que se trata de evitar la impunidad. En cuanto a acercamientos con otros actores pol&iacute;ticos manifest&oacute; que han escuchado pronunciamientos en forma general, en donde todos coinciden en el deseo de aplicar una &lsquo;muerte civil&rsquo;, pero a&uacute;n no se sabe c&oacute;mo ser&aacute; la aplicaci&oacute;n. Sin embargo, conf&iacute;a en que sea un tema en el que se hallar&aacute; consenso. Para H&eacute;ctor Y&eacute;pez, asamble&iacute;sta de SUMA, es correcta la propuesta de que un funcionario p&uacute;blico que sea sancionado por actos de corrupci&oacute;n, no pueda ejercer otro cargo p&uacute;blico. Pero dentro de la Comisi&oacute;n de Participaci&oacute;n Ciudadana de la Asamblea consideran que a m&aacute;s de sancionar a los responsables de la corrupci&oacute;n, se debe trabajar en una norma para evitarla &ldquo;No se trata solo de tener medidas como la muerte civil, que son medidas para reparar algo que ya ha ocurrido, sino que deben tomarse propuestas para evitar que estos temas sucedan. Tenemos que tener autoridades de control imparciales&rdquo;, dijo. El planteamiento, explic&oacute; Y&eacute;pez, es que las autoridades de control y quienes integren los organismos electorales no tengan vinculaciones con organizaciones pol&iacute;ticas hasta 10 a&ntilde;os antes de aspirar a integrar estas instituciones. &ldquo;Ojal&aacute; haya consenso en esto que yo creo que va m&aacute;s all&aacute; de los partidos pol&iacute;ticos&rdquo;. Detall&oacute; que para incorporar las reformas se trabaja en el proyecto de C&oacute;digo de Participaci&oacute;n Ciudadana, que est&aacute; siendo abordado en la Comisi&oacute;n del mismo nombre. Dijo que lo importante es que las autoridades sean independientes. El informe para el primer debate del proyecto de ley en que trabajan los legisladores estar&aacute; listo a finales de este mes de julio. De parte de Alianza PAIS , Mar&iacute;a Jos&eacute; Carri&oacute;n, titular de la Comisi&oacute;n de Fiscalizaci&oacute;n, plante&oacute; que debe existir un registro &uacute;nico de funcionarios inhabilitados por delitos contra la Administraci&oacute;n P&uacute;blica, de modo que se consulte antes de una contrataci&oacute;n. (I)