La sombra de Odebrecht ha planeado sobre la relación con Brasil en los últimos 10 años

La situaci&oacute;n de Odebrecht, implicada en un esc&aacute;ndalo internacional de corrupci&oacute;n, atraves&oacute; las relaciones pol&iacute;tico-diplom&aacute;ticas de Ecuador y Brasil en los &uacute;ltimos 10 a&ntilde;os. El 26 de enero de 2007, 11 d&iacute;as despu&eacute;s de la posesi&oacute;n del presidente Rafael Correa, el subsecretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica del Ministerio de Finanzas, Luis Rosero, visit&oacute; la embajada brasile&ntilde;a en la capital. As&iacute; lo inform&oacute; ese mismo d&iacute;a a su canciller&iacute;a el encargado de negocios de la representaci&oacute;n diplom&aacute;tica brasile&ntilde;a, Jos&eacute; Fiuza Neto, seg&uacute;n cables diplom&aacute;ticos oficiales a los que accedi&oacute; EL TEL&Eacute;GRAFO. Seg&uacute;n Fiuza Neto, el funcionario ecuatoriano plante&oacute; 5 proyectos de inversi&oacute;n. Se trataba del proyecto hidroel&eacute;ctrico Toachi-Pilat&oacute;n, el aeropuerto de Tena, el puente entre Esmeraldas y Tachina, el puente Bah&iacute;a de Car&aacute;quez-San Vicente y la compra de 4 aviones Embraer para reforzar la flota de la estatal TAME. Para entonces, la empresa Odebrecht ya constru&iacute;a la central hidroel&eacute;ctrica San Francisco (Tungurahua), que complet&oacute; su operaci&oacute;n entre los d&iacute;as 5 y 6 de mayo del mismo a&ntilde;o. El 29 de mayo, sin embargo, la embajada brasile&ntilde;a inform&oacute; al gobierno de Brasilia que, en la v&iacute;spera, su similar ecuatoriano hab&iacute;a hecho p&uacute;blicos varios cuestionamientos al proyecto multiprop&oacute;sito Baba, que tambi&eacute;n estaba a cargo de la misma constructora brasile&ntilde;a. El entonces ministro de Energ&iacute;a, Alberto Acosta, cuestion&oacute; el presupuesto establecido para el proyecto, el cual inclu&iacute;a un componente el&eacute;ctrico, y la falta de ingenier&iacute;a de detalle de la obra. Tres meses despu&eacute;s, el 9 de agosto, el embajador Antonino Marques Porto informaba del anuncio de anulaci&oacute;n del contrato de la segunda fase del proyecto Carrizal-Chone, adjudicado al consorcio formado por Odebrecht y la ecuatoriana Hidalgo &amp; Hidalgo. Ricardo Pati&ntilde;o, en aquellos d&iacute;as ministro del Litoral, denunciaba que el precio fijado para la construcci&oacute;n de la infraestructura de riego ($ 102 millones) era excesiva. As&iacute; lo estableci&oacute; una comisi&oacute;n especial que investig&oacute; el proceso de licitaci&oacute;n. El grupo empresarial ecuatoriano-brasile&ntilde;o comunic&oacute; el 15 de agosto de 2007 que estaba dispuesto a reducir el costo del proyecto hasta los $ 84,8 millones. La propuesta fue aceptada por el Gobierno. Y tambi&eacute;n anunci&oacute; que los $ 18 millones de ahorro se utilizar&iacute;an en otras obras en la misma provincia de Manab&iacute;. Las relaciones entre Ecuador y la constructora brasile&ntilde;a continuaron por una senda tormentosa. En junio del a&ntilde;o siguiente se detectaron fallas en la central hidroel&eacute;ctrica San Francisco. En julio del mismo a&ntilde;o se paraliz&oacute; la generaci&oacute;n de energ&iacute;a. Entonces el Gobierno exigi&oacute; a Odebrecht que asumiera el gasto de los da&ntilde;os y que devolviera los premios recibidos por la obra. En octubre, luego de que el r&eacute;gimen y la empresa no llegaron a un acuerdo, se decidi&oacute; la salida de Odebrecht del pa&iacute;s y el retiro de 4 obras estatales en las que participaba. Esta situaci&oacute;n gener&oacute; la reacci&oacute;n brasile&ntilde;a. El presidente Lula da Silva llam&oacute; a consultas (retir&oacute;) a su embajador. El argumento oficial fue el temor de que Ecuador no pagase al Banco de Desarrollo del Brasil el cr&eacute;dito asociado con el proyecto. La embajada brasile&ntilde;a report&oacute; a su gobierno, el 8 de abril de 2009, con car&aacute;cter de urgente, el anuncio del presidente del Fondo de Solidaridad en aquel entonces, Jorge Glas Espinel, de una demanda civil contra Odebrecht por $ 210 millones. No obstante, luego de que la empresa brasile&ntilde;a aceptara las condiciones impuestas por Ecuador, pudo regresar como contratista al pa&iacute;s, hasta ahora, cuando una orden judicial tras la revelaci&oacute;n del esc&aacute;ndalo dispuso que el Estado no licite con esa cuestionada firma brasile&ntilde;a, hasta que termine la investigaci&oacute;n en el pa&iacute;s. (I) DATOS La empresa brasile&ntilde;a Norberto Odebrecht est&aacute; presente en el Ecuador desde el a&ntilde;o 1987, cuando recibi&oacute; el contrato del trasvase Chong&oacute;n-Santa Elena. Actualmente participa en el consorcio que construye la segunda fase de la primera l&iacute;nea del Metro de Quito, en asociaci&oacute;n con la compa&ntilde;&iacute;a espa&ntilde;ola Acciona. El grupo empresarial est&aacute; en camino de disoluci&oacute;n. La obra tiene un precio de m&aacute;s de $ 1.400 millones y tras la separaci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a originaria de Brasil ser&iacute;a asumida en solitario por la espa&ntilde;ola, que se encarg&oacute; de la Fase I del sistema de movilidad. El incremento del costo de construcci&oacute;n en cerca de $ 400 millones por encima de lo previsto por los estudios realizados por Metro Madrid despert&oacute; suspicacias. A ello se sum&oacute; la revelaci&oacute;n por parte de los EE.UU. de que Odebrecht pag&oacute; millonarios sobornos en Am&eacute;rica Latina por contratos.