Informe reconoce el ordenamiento en los salarios del sector público de Ecuador

La implementaci&oacute;n del Sistema Nacional de Remuneraciones del Sector P&uacute;blico, los concursos p&uacute;blicos de m&eacute;ritos y oposici&oacute;n, los mecanismos de contrataci&oacute;n p&uacute;blica, entre otros, son los factores que la Convenci&oacute;n Interamericana Contra la Corrupci&oacute;n (CICC) destac&oacute; en su informe, en el cap&iacute;tulo Ecuador. El informe fue conocido ayer en Quito, en un acto que cont&oacute; con la presencia de la presidenta del Consejo de Participaci&oacute;n Ciudadana y Control Social (CPCCS), Raquel Gonz&aacute;lez; y el vicepresidente, Edwin Jarr&iacute;n, quien ley&oacute; el informe. En el documento se efect&uacute;a un balance de los avances y retos en materia de lucha contra la corrupci&oacute;n en el pa&iacute;s, en el marco del D&iacute;a Internacional Contra la Corrupci&oacute;n, que se conmemora hoy. La Convenci&oacute;n Interamericana es un tratado que tiene como finalidad impulsar la lucha contra este problema a escala internacional. La representante de Ecuador, para este tratado es Raquel Gonz&aacute;lez, presidenta del CPCCS. Seg&uacute;n el informe, la convenci&oacute;n cataloga como buenas pr&aacute;cticas la implementaci&oacute;n del Sistema Nacional de Remuneraciones del Sector P&uacute;blico, que seg&uacute;n la evaluaci&oacute;n, permite balancear los salarios de todos los servidores p&uacute;blicos. Otro aspecto que destaca es la puesta en pr&aacute;ctica del concurso p&uacute;blico de m&eacute;ritos y oposici&oacute;n, que ayuda a conocer y reconocer a los ciudadanos que aplicaron y ganaron alg&uacute;n puesto dentro del Estado. Se resalta la unificaci&oacute;n y homologaci&oacute;n de los salarios que reciben los servidores p&uacute;blicos, para lo cual el Ministerio de Trabajo se encarga de controlar el sistema. Otro ejemplo de buena pr&aacute;ctica es que &ldquo;se corrigi&oacute; el desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos&rdquo;. Sobre los concursos p&uacute;blicos de m&eacute;ritos y oposici&oacute;n, reliev&oacute; que con ello la ciudadan&iacute;a tiene ahora una mayor participaci&oacute;n, tanto en el conocimiento de puestos vacantes como en la asignaci&oacute;n de cargos, adem&aacute;s de eliminar las dificultades que tuvieron los grupos minoritarios y que en otros tiempos fueron discriminados, esto es, antes de que existiera esta plataforma. Respecto de la aplicaci&oacute;n del Manual de buenas pr&aacute;cticas de contrataci&oacute;n p&uacute;blica, dirigido por el Servicio Nacional de Contrataci&oacute;n P&uacute;blica (Sercop), es considerado como una gu&iacute;a que resalta los aspectos relevantes sobre la contrataci&oacute;n p&uacute;blica, manteniendo la legalidad, igualdad, oportunidad, trato justo, transparencia e inclusi&oacute;n. El informe destac&oacute; el programa &lsquo;Contigo de ley&rsquo;, que mantiene la Asamblea Nacional, que consiste en visitas a diferentes provincias del pa&iacute;s, lo que permite la asesor&iacute;a jur&iacute;dica por parte de la presidenta del legislativo, a los ciudadanos, adem&aacute;s de que con ello se logra una mejor fiscalizaci&oacute;n pol&iacute;tica. Para la convenci&oacute;n se trata de una buena pr&aacute;ctica gracias a la descentralizaci&oacute;n de denuncias, antes concentradas en la capital, que ahora son receptadas en el cant&oacute;n visitado por la legislatura. Jarr&iacute;n, vicepresidente del CPCCS, destac&oacute; que el pa&iacute;s se encuentra ahora en el segundo lugar, de toda Latinoam&eacute;rica, en percepci&oacute;n de corrupci&oacute;n, pero tambi&eacute;n ocupa el segundo lugar en la lucha contra la misma. El informe fue firmado por Carlos Rodr&iacute;guez, titular de Guatemala en el Comit&eacute; de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementaci&oacute;n de la Convenci&oacute;n (Mesicic); y Luiz Marcelo Azevedo, del Departamento de Cooperaci&oacute;n Jur&iacute;dica en la Secretar&iacute;a de Asuntos Jur&iacute;dicos de la Organizaci&oacute;n de Estados Americanos (OEA). Otros beneficios A m&aacute;s del control, las herramientas anticorrupci&oacute;n han tra&iacute;do otras ventajas. Como ejemplo, seg&uacute;n el CPCCS, se destaca que las compras p&uacute;blicas han privilegiado a la econom&iacute;a popular y solidaria, as&iacute; como tambi&eacute;n la participaci&oacute;n de nuevos proveedores. Seg&uacute;n el organismo, existen m&aacute;s de 250.000 proveedores registrados en este servicio, de estos, 63.000 est&aacute;n registrados en 2015, de los cuales el 98% pertenecen a la econom&iacute;a popular y solidaria; este sector recibi&oacute; un poco m&aacute;s de $ 100 millones este a&ntilde;o, a trav&eacute;s de los mecanismos de adjudicaci&oacute;n implementados por la instituci&oacute;n. Otro eje de lucha anticorrupci&oacute;n son los avances en el C&oacute;digo Org&aacute;nico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014, donde se tipifica por primera vez el delito de tr&aacute;fico de influencias, se ampl&iacute;an los supuestos que configuran el delito de enriquecimiento il&iacute;cito, que incluye el caso del pago injustificado de deudas o la extinci&oacute;n de obligaciones. Adem&aacute;s se incorpora expresamente en el delito de testaferrismo a quienes aparenten como suyo el producto del enriquecimiento il&iacute;cito de servidores o exservidores p&uacute;blicos; se incorpora en el tipo perjurio y falso testimonio el faltar a la verdad en declaraciones patrimoniales; se determinan responsabilidades y penas para las personas jur&iacute;dicas por el delito de lavado de activos, entre otros puntos. El 31 de octubre de 2003, mediante una resoluci&oacute;n, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidi&oacute; proclamar el 9 de diciembre como D&iacute;a Internacional Contra la Corrupci&oacute;n, a fin de aumentar la sensibilizaci&oacute;n sobre este tema y establecer mecanismos para su prevenci&oacute;n. Gonz&aacute;lez destaca ejecuci&oacute;n de plan27.389 acciones de control se han hecho desde 2015Solo en 2015 el 94,3% de instituciones presentaron su informe anual de acceso a la informaci&oacute;n p&uacute;blica. Aquello desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Prevenci&oacute;n y Lucha contra la Corrupci&oacute;n, elaborado por la Funci&oacute;n de Transparencia y Control Social (FTCS). As&iacute; lo manifest&oacute; la titular del Consejo de Participaci&oacute;n Ciudadana y Control Social (CPCCS), Raquel Gonz&aacute;lez, tras se&ntilde;alar que este indicador es fundamental para que la ciudadan&iacute;a acceda a la informaci&oacute;n p&uacute;blica de las instituciones. Sostuvo que solo en 2015 y el primer semestre de 2016 se ejecutaron 27.389 acciones de control, de las cuales se han remitido 490 casos a Fiscal&iacute;a por evidenciarse una actuaci&oacute;n contra la ley. En 2016 -a&ntilde;adi&oacute;- el 82% de instituciones rindieron cuentas. Es decir, cerca de 5.000 instituciones p&uacute;blicas, medios de comunicaci&oacute;n, empresas p&uacute;blicas y gobiernos aut&oacute;nomos descentralizados cumplen esta obligaci&oacute;n. Aunque recalc&oacute; que son muchos los avances en el establecimiento de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, institucionalidad y normativa para combatir este mal, tambi&eacute;n es cierto que falta mucho por mejorar. &ldquo;La lucha contra la corrupci&oacute;n no es un problema de una instituci&oacute;n solamente, sino de todo el Estado: funcionarios p&uacute;blicos, sector privado y ciudadan&iacute;a&rdquo;. Insisti&oacute; en que si el ciudadano, el empresario y el funcionario p&uacute;blico denuncian actos que pueden generar corrupci&oacute;n, las instituciones podr&aacute;n investigar y sancionar aquel hecho. Agreg&oacute; que es importante fortalecer las instituciones de lucha contra la corrupci&oacute;n. &ldquo;Como CPCCS no podemos sancionar bajo ning&uacute;n concepto cuando evidenciemos un caso&rdquo;, por lo que urgi&oacute; una reforma fuerte en aquellos cuerpos legales referentes al tema. Para el analista Winston Alarc&oacute;n son importantes los avances en la lucha contra la corrupci&oacute;n. Destac&oacute; que el propio presidente Rafael Correa ha sido uno de los que han insistido en que se sancione a quienes incurrieron en una irregularidad, aunque sean m&aacute;ximas autoridades. Tambi&eacute;n destac&oacute; que si se aprobara la consulta relacionada con los para&iacute;sos fiscales, ser&iacute;a un gran avance en la lucha contra la corrupci&oacute;n en el pa&iacute;s. En cambio, el soci&oacute;logo Gait&aacute;n Villavicencio se mostr&oacute; cr&iacute;tico del funcionamiento de la Funci&oacute;n de Transparencia y Control Social, pues a su criterio no ha habido un real empoderamiento ciudadano para denunciar actos il&iacute;citos. Pese a ello tampoco es partidario de una eventual eliminaci&oacute;n de esta funci&oacute;n, sino que m&aacute;s bien deber&iacute;a encaminarse a una reestructuraci&oacute;n para que cumpla con el rol sancionador. (I)