Gobierno rechaza "injerencia política" de la CIDH a favor de Fernando Villavicencio

El Gobierno de Ecuador lament&oacute; la postura de la Comisi&oacute;n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reiter&oacute; que esta instancia no tiene competencia para dictar las medidas cautelares solicitadas por Fernando Villavicencio. En un comunicado, el Gobierno rechaz&oacute; las pretensiones de Villavicencio de "victimizarse" ante la CIDH, para que esta entidad se pronuncie a su favor por una supuesta afectaci&oacute;n a sus derechos. "Bajo el argumento falaz de que se estar&iacute;a impidiendo su participaci&oacute;n activa en la pol&iacute;tica, Villavicencio busca evitar la aplicaci&oacute;n de leg&iacute;timas decisiones de organismos nacionales de justicia y electorales acudiendo a esta instancia internacional", indica el texto oficial. Villavicencio enfrenta un proceso penal por hackeo de correos electr&oacute;nicos de funcionarios del Gobierno y por haber difundido esa informaci&oacute;n considerada sensible. El mes pasado, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia desech&oacute; un recurso de habeas corpus planteado por Villavicencio y el exasamble&iacute;sta Cl&eacute;ver Jim&eacute;nez. "El Estado ecuatoriano ha demostrado hasta la saciedad que este tipo de reclamaciones sobre supuestas afectaciones a derechos fundamentales y pol&iacute;ticos de este ciudadano se basan en percepciones sesgadas que pretenden menoscabar la imagen de la naci&oacute;n", a&ntilde;ade el comunicado. El Gobierno resalta que lo anterior es tan evidente, puesto que "Villavicencio ejerce a plenitud sus derechos que, incluso abusando de los mismos, se pronuncia como activista pol&iacute;tico de oposici&oacute;n en total libertad con argumentos re&ntilde;idos con la verdad y la honra de las personas". "El Estado garantiza a todos los ciudadanos su derecho a la participaci&oacute;n electoral, siempre y cuando se respeten el debido proceso y las normas constitucionales que son de igual aplicaci&oacute;n para todas las personas con aspiraciones pol&iacute;ticas o no", subraya. En ese contexto, "el Ecuador lamenta la postura de la CIDH que con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posici&oacute;n de evidente injerencia pol&iacute;tica a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley". El comunicado se&ntilde;ala un franco desconocimiento del art&iacute;culo 47 de la Convenci&oacute;n Americana de Derechos Humanos, que indica que las peticiones realizadas a dicho organismo deben ser inadmitidas cuando "no expongan hechos que caractericen una violaci&oacute;n de los derechos garantizados" por la Convenci&oacute;n, o que "resulte de la exposici&oacute;n del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petici&oacute;n o comunicaci&oacute;n o sea evidente su total improcedencia". En ese sentido, el Estado ecuatoriano insiste en que de acuerdo con dicha Convenci&oacute;n, la CIDH no tiene competencia para dictar medidas cautelares, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el &oacute;rgano jurisdiccional que tiene esta atribuci&oacute;n. (I)