El puente sobre el río Bomboiza costó $ 2.9 millones más de lo presupuestado

Dentro de las obras que fueron ejecutadas por el Gobierno Aut&oacute;nomo Descentralizado de Morona Santiago, representado por el prefecto Marcelino Chumpi, se encuentra el puente sobre el r&iacute;o Bomboiza, en Gualaquiza. A pesar de que unir&iacute;a comunidades de San Juan Bosco y Gualaquiza, permitir&iacute;a el acceso a m&aacute;s de 50 puntos de inter&eacute;s y se conectar&iacute;a con cuatro v&iacute;as m&aacute;s, la obra se vio inmersa en un sinn&uacute;mero de problemas que afectaron su entrega. Por eso el Prefecto de Morona y otros funcionarios han afrontado un proceso penal por el delito de peculado. Con el inicio de la obra tambi&eacute;n empezaron los problemas que, incluso, dejaron v&iacute;ctimas La construcci&oacute;n del puente sobre el r&iacute;o Bomboiza, que medir&iacute;a 130 metros de largo, fue planteada en 2010 y su suscripci&oacute;n se realiz&oacute; el 15 de junio del mismo a&ntilde;o (ver gr&aacute;fico). Esta obra deb&iacute;a ser entregada en 240 d&iacute;as y para diciembre el valor que se estableci&oacute; fue de $1&rsquo;734.429,26. Una vez iniciada la obra, tambi&eacute;n empezaron los problemas. En menos de un a&ntilde;o, el 23 de abril de 2011, colaps&oacute; el maderamen -vigas y maderas que se empleaban para esta construcci&oacute;n- del puente peatonal causando heridas a seis trabajadores. Frente a esto, el Plan de Manejo Ambiental concluy&oacute; que el accidente se habr&iacute;a producido por la falta de se&ntilde;al&eacute;tica en la obra, encontrada en la condici&oacute;n ambiental 16, responsabilidad del contratista. El 6 de septiembre de 2011 se inform&oacute; que la capacidad del suelo, donde se asentar&iacute;an las bases del puente, estaba sobrevalorada, es decir, no contaba con la fuerza suficiente para sostenerlo, por lo que deb&iacute;an profundizarse las excavaciones para evitar colapsos. Adem&aacute;s, en el acuerdo establecido con el contratista, este deb&iacute;a cumplir con el pago del Seguro Social obligatorio a todos los trabajadores, pero para 2011, solo 8 -incluyendo los representantes legal y t&eacute;cnico- de 27 fueron afiliados. En respuesta a esa observaci&oacute;n, el contratista argument&oacute; que el resto de personas se dirigi&oacute; a la obra a solicitar trabajo y que por eso eran reconocidos como trabajadores ocasionales. El 21 de febrero de 2012 se produce otro accidente y fallecen dos obreros. Ocurre aquello pese a que la construcci&oacute;n deb&iacute;a estar suspendida, lo que incumpli&oacute; con otro aspecto: no estaba siendo fiscalizada. Para el 26 de enero de 2013 se produjo un deslizamiento del talud de la torre izquierda, por esto se redise&ntilde;&oacute; la construcci&oacute;n del anclaje. Ese mismo a&ntilde;o se establece que los materiales que se utilizaban no eran los que constaban en los estudios de suelo. Adem&aacute;s, en 2014, las inspecciones revelan que los materiales se manten&iacute;an a la intemperie. Esto producir&iacute;a una corrosi&oacute;n de los mismos. Un examen especial de la Contralor&iacute;a y una investigaci&oacute;n de la Fiscal&iacute;a determin&oacute; peculado Seg&uacute;n una auditor&iacute;a o examen especial de la Contralor&iacute;a General del Estado, se detectaron pagos con un porcentaje adicional que no ten&iacute;an justificaci&oacute;n v&aacute;lida. Estas erogaciones se produjeron en 2011 y 2013, por acarreo de material p&eacute;treo; tambi&eacute;n en 2011 y 2013 por acarreo de cemento; en 2012, por desalojo y excavaci&oacute;n; y en 2011, por la construcci&oacute;n de una tarabita. Al emitir una ejecuci&oacute;n de obra con la denominaci&oacute;n de &ldquo;Convenio de Pago&rdquo;, Chumpi evit&oacute; procesos y procedimientos que establece la Ley Org&aacute;nica del Sistema Nacional de Contrataci&oacute;n P&uacute;blica y su Reglamento General. Este &uacute;ltimo hecho provoc&oacute; que la Contralor&iacute;a recomendara la anulaci&oacute;n de suscripci&oacute;n del convenios de pago. Aqu&iacute;, la Contralor&iacute;a emiti&oacute; el comentario de que el funcionario habr&iacute;a violado el art&iacute;culo 83, numeral 1, de la Constituci&oacute;n que obliga al cumplimiento de las decisiones de las autoridades competentes. Con la justificaci&oacute;n de &ldquo;Excavaci&oacute;n en aluvial (materiales arrastrados por corrientes de agua) a m&aacute;quina&rdquo; en la obra se genera un valor de $ 147.416,75 que nunca se justific&oacute;. El 25 de diciembre de 2015 la obra del puente concluy&oacute;, pero en julio de 2016 se llam&oacute; a juicio a 5 funcionarios, entre ellos Marcelino Chumpi, por delito de peculado en la construcci&oacute;n de este puente al no observar la Ley Org&aacute;nica del Sistema Nacional de Contrataci&oacute;n P&uacute;blica. Entre el rubro que constaba en el primer contrato, los convenios de pago modificados y la consultor&iacute;a por concepto de fiscalizaci&oacute;n dan un total de $ 4&rsquo;702.783,27, monto cubierto por el Banco del Estado y recursos propios de la entidad. Es decir, hubo una diferencia de $ 2&rsquo;968.354,01 al valor presupuestado originalmente. La Fiscal&iacute;a General del Estado inform&oacute;, el viernes pasado, sobre la sentencia de tres a&ntilde;os de prisi&oacute;n en contra del prefecto Chumpi y otras tres personas m&aacute;s por el delito de peculado menor en la construcci&oacute;n del puente sobre el r&iacute;o Bomboiza. La Fiscal&iacute;a inici&oacute; las investigaciones luego del informe de la Contralor&iacute;a General. En octubre pasado se suspendi&oacute; la audiencia de juicio por peculado contra el prefecto, los funcionarios y el contratista de la construcci&oacute;n. La decisi&oacute;n se dio por la ausencia de un testigo clave. Sin embargo, se fij&oacute; la comparecencia judicial e instalaci&oacute;n de la audiencia para el 17 de noviembre pasado.Prefecto afronta otros procesos Marcelino Chumpi, quien lleg&oacute; con Pachakutik a la Prefectura de Morona Santiago, tambi&eacute;n mantiene una demanda por da&ntilde;os ambientales y operaci&oacute;n sin licencia en la construcci&oacute;n de la v&iacute;a Macuma-Taisha; el cierre de Telesangay por presunta operaci&oacute;n clandestina; e indagaciones en la compra de maquinaria, entre otros procesos. A pesar de que EL TEL&Eacute;GRAFO intent&oacute; comunicarse con el prefecto Chumpi, no se pudo obtener su versi&oacute;n, pues v&iacute;a celular quien se present&oacute; como su asistente dijo que no pod&iacute;a atender entrevistas. El funcionario tampoco ha reaccionado a la sentencia del viernes. (I) Contralor&iacute;a establece un perjuicio por $ 538.525,25 por obra con fallas En el informe del examen especial de ingenier&iacute;a del puente sobre el r&iacute;o Bomboiza, la Contralor&iacute;a General del Estado entreg&oacute; conclusiones y recomendaciones sobre la obra. El prefecto Marcelino Chumpi (fotograf&iacute;a) deb&iacute;a garantizar el buen destino de los recursos p&uacute;blicos. Sobre seguridad laboral y pago del IESS se indica que el director financiero (2011-2014), la contadora general (2011) y el tesorero (2011) no verificaron el certificado del contratista de no adeudar a la seguridad social y el fiscalizador externo 1, &Eacute;dgar Palacios, no lo sancion&oacute; por sus incumplimientos en materia de control ambiental. Por esto se solicit&oacute; exigir al contratista que cumpla con las disposiciones legales de protecci&oacute;n laboral y seguridad industrial de sus trabajadores y reportar todas las situaciones de riesgo de los mismos. Sobre el material a la intemperie, se se&ntilde;ala que el director de obras p&uacute;blicas (2011-2014) y el director de gesti&oacute;n de fiscalizaci&oacute;n (2014) no exigieron el cumplimiento de las especificaciones t&eacute;cnicas en cuanto al almacenamiento de materiales. La recomendaci&oacute;n fue que el administrador del contrato de obra disponga al fiscalizador verificar el almacenamiento para asegurar la calidad de materiales; y al fiscalizador, cerciorarse que se cumpla con las condiciones. En cuanto a pagos realizados sin fundamento, se indica que el director de obras p&uacute;blicas (2011-2014) por no vigilar que el fiscalizador externo 2, Luis Navarrete, act&uacute;e de acuerdo al contrato y especificaciones t&eacute;cnicas, permiti&oacute; el pago injustificado de rubros nuevos por trabajos que no fueron realizados, ocasionando un perjuicio de $ 87.835,55. Sobre esto, Contralor&iacute;a pidi&oacute; al Prefecto disponer al administrador descontar este valor por pagos sin fundamento legal. En cuanto a rubros que no corresponden al ejecutado, se establece que el director de obras p&uacute;blicas (2011-2014) y el director de gesti&oacute;n de fiscalizaci&oacute;n (2014) permitieron que en el pago de excavaciones se utilice el rubro &ldquo;excavaci&oacute;n y relleno para estructuras&rdquo;, ocasionando que se pague al contratista $ 147.416,75 adicional injustificadamente. Al administrador y fiscalizador se les pidi&oacute; efectuar la liquidaci&oacute;n econ&oacute;mica de rubros para recuperar el valor. Tambi&eacute;n se informa que el director de obras p&uacute;blicas (2011-2014), Chumpi y el procurador s&iacute;ndico (2011-2013) suscribieron el contrato modificatorio para ampliar el plazo, ocasionando que los planes y programas se desfasen y los usuarios no dispongan de los beneficios del proyecto, lo que represent&oacute; un retraso de 30 d&iacute;as y una multa de $ 71.733,16. La Contralor&iacute;a pidi&oacute; que los mencionados apliquen multas al contratista. Y se aclara que el Prefecto, al ejecutar una obra con fallas, produjo un perjuicio por $ 538.525,25. El director de obras p&uacute;blicas (2011-2014) y directores de gesti&oacute;n de fiscalizaci&oacute;n (2011-2014) permitieron la construcci&oacute;n del puente con una p&eacute;rdida de $ 538.525,25. (I)