El Telégrafo - El anzuelo Jiménez

El ‘caso’ Jiménez – Sarayaku me recuerda el escenario que originó la masacre de Curuguaty. Este hecho permitió toda una operación política-mediática que hizo posible y justificó el juicio sumarísimo que dio al Senado paraguayo el pretexto para destituir al presidente Fernando Lugo. Recordemos que el 15 de junio de 2012 murieron 11 campesinos, 6 policías y hubo decenas de heridos, en un evento que de acuerdo a las nuevas evidencias, se observa que fue un acto deliberadamente provocado para generar una crisis, fue una trampa montada. Curuguaty es una ciudad ubicada a unos 200 km de Asunción, donde a pocos kilómetros se halla la hacienda Morombí, de más de 70.000 hectáreas, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, que proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989). Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecían al Estado paraguayo. Esa tierra fue ocupada por los campesinos que solicitaron al gobierno de Lugo su distribución. Un juez y una fiscal ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones - GEO de la Policía, grupo élite que fue entrenado en Colombia, durante el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente. Solo una emboscada previamente preparada, con las respectivas complicidades policiales, judiciales y funcionarios oficiosos, explica la muerte de 6 policías altamente especializados. Sus colegas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11 de ellos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. La Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por la USAID, la agencia de cooperación de la Yunaited Estatis Quietis Imperialis, más conocido como el país sin nombre. Lo ocurrido en Curuguaty implicó la destitución de Carlos Filizzola del Ministerio del Interior para reemplazarlo por Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en 2008, luego de 60 años de dictadura colorada. Luego de todo esto la suerte de Lugo estaba echada. Comparando con el ‘caso’ ecuatoriano, naturalmente los escenarios geográficos y las circunstancias son diferentes, vemos en el fondo similitudes en la estrategia. Se ha ido construyendo un personaje con aureola de perseguido político por un sistema de justicia supuestamente “controlado” por el presidente Rafael Correa. Ese personaje ‘aterriza’ nada más y nada menos que en la comunidad de Sarayaku, comunidad elegida no por casualidad, ya que es una población muy conocida especialmente a nivel internacional. Por otro lado, la CIDH rápidamente emite las respectivas medidas cautelares. En ambos casos no deja de utilizarse para minar al gobierno, la estrategia ya poco original pero escasamente comprendida por la sociedad en general y a veces débilmente advertida por los líderes políticos, de la utilización del instrumento llamado “prensa independiente”, experta en inflar globos mediáticos de manera uniforme y sincronizada. Ésta nos da a conocer a un grupo armado con el nombre de Wios, sutil provocación. El mensaje subliminal es: vengan a tomarme preso, estoy retando al Estado ecuatoriano. Y claro, si se cae en la provocación, todo puede ocurrir, especialmente si se produce una incursión de elementos armados del Estado ecuatoriano. La derecha transnacionalizada y el país sin nombre jamás dejarán de conspirar y actuar.