Ecuador rechaza aplicación retroactiva de TBI en beneficio de Chevron

El Estado ecuatoriano-mediante un comunicado de prensa- manifiesta su rechazo ante la decisi&oacute;n promulgada el 6 de junio de 2016 por la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. sobre el caso Chevron II. Esa corte niega a Ecuador la petici&oacute;n de revisi&oacute;n de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del circuito del Distrito de Columbia, en relaci&oacute;n al reconocimiento del laudo del arbitraje internacional sobre los casos comerciales conocido como Chevron II. Se&ntilde;alan como "inaceptables" las declaraciones del asesor y portavoz de Chevron, James Craig. "Ese vocero, que exige a nuestro pa&iacute;s &lsquo;cumplir&rsquo;, representa a una transnacional cuyo manejo irresponsable devast&oacute; la Amazon&iacute;a y pretendi&oacute;, con cinismo, a sabiendas del da&ntilde;o irrogado, exigir pagos esgrimiendo interpretaciones alejadas de todo fundamento legal y &eacute;tico, cuando son ellos quienes deben reparar las afectaciones al territorio y sus pueblos amaz&oacute;nicos, mediante el pago de m&aacute;s de 9 mil millones de d&oacute;lares". El gobierno considera que esas declaraciones buscan "presionar ileg&iacute;timamente la decisi&oacute;n de los jueces y analiza los procedimientos a seguir, de acuerdo con la ley ecuatoriana y con el derecho internacional que nos ampara". Dijo que el fallo y los laudos que lo precedieron han permitido que Chevron se ampare en la aplicaci&oacute;n retroactiva del Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos que entr&oacute; en vigencia en 1997, cinco a&ntilde;os despu&eacute;s que Texaco abandon&oacute; el Ecuador; por tanto, la decisi&oacute;n de la Corte ha sido desacertada y contraria al derecho internacional. "El Gobierno ecuatoriano debe proteger, tal como lo ha hecho en estos &uacute;ltimos a&ntilde;os, los intereses del pa&iacute;s sobre las pretensiones corporativas y, bajo esa premisa, ha ejercido todas las acciones y recursos legales disponibles", citan. Demandan que se ajusten a los principios del derecho internacional, incluyendo la irretroactividad, el debido proceso y transparencia, as&iacute; como lo hace el Estado , en donde "se garantiza derechos y justicia, reconoce las obligaciones que nacen de los tratados y acuerdos internacionales suscritos". "El Estado ha reconocido y cumplido con sus obligaciones internacionales en el pasado y lo seguir&aacute; haciendo en el futuro, asegur&aacute;ndose que el cumplimiento de estas obligaciones, que nacen del derecho internacional, no limiten o afecten el cumplimiento de las que tiene conforme al derecho interno", finaliza el comunicado. (I)