El gobierno de Ecuador señaló este lunes que no aceptará "sin pruebas" las versiones de funcionarios de Odebrecht sobre supuestos sobornos de la empresa brasileña en el país por $ 33,5 millones y que buscará identificar a los culpables. "Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente 'negocia' su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio", indicó el gobierno en un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación (Secom). Además, consideró que "el ejemplo que pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos como caso de corrupción es por demás desafortunado, ya que argumenta que funcionarios públicos recibieron coimas en el año 2007 y 2008, precisamente cuando Odebrecht fue expulsada del país". El presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, expulsó a la firma brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. La medida generó la reacción de Brasilia, que llamó a consultas a su embajador entre noviembre de 2008 y enero de 2009. Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador, donde el "único" contrato vigente que tiene actualmente es la construcción de la segunda fase del metro de Quito por $ 1.538 millones, según el comunicado. El Departamento de Justicia estadounidense reveló el pasado miércoles que Odebrecht pagó entre 2007 y 2016 unos $ 33,5 millones a funcionarios oficiales de Ecuador y que la firma encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008. A raíz de la revelación, en el marco de la investigación abierta a pedido del gobierno, la Fiscalía allanó las oficinas de Odebrecht en la ciudad de Guayaquil (suroeste). Además, el fiscal general, Galo Chiriboga, pidió información del caso a Estados Unidos, Suiza y Brasil para profundizar las investigaciones. "Podemos sostener con firmeza que jamás hemos permitido ningún perjuicio al país. Si ha habido comportamientos personales inapropiados somos los primeros en querer identificar a los responsables", expresó el gobierno ecuatoriano. (I)