Assange no, Pinochet sí: la hipocresía del gobierno inglés

En estos d&iacute;as el Comit&eacute; de las Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias dictamin&oacute; que Julian Assange lleva tres a&ntilde;os y medio en Londres &ldquo;detenido arbitrariamente&rdquo; e inst&oacute; a las autoridades brit&aacute;nicas que sea liberado y compensado. Sin embargo, el primer ministro brit&aacute;nico, David Cameron, decidi&oacute; desconocer la decisi&oacute;n del organismo internacional y de manera altanera la calific&oacute; como &ldquo;rid&iacute;cula&rdquo; y pidi&oacute; al prisionero acabar con &ldquo;su saga lamentable&rdquo;. No es la primera vez que el gobierno ingl&eacute;s se pasa por el forro el derecho internacional, sin importar si emana de organismos como la ONU o de acuerdos bilaterales con otros pa&iacute;ses. As&iacute; ocurri&oacute; en el a&ntilde;o 2000, cuando el ministro de Interior de aquel entonces, Jack Straw, permiti&oacute; que el exdictador Augusto Pinochet volviera a Chile a pesar de la solicitud de extradici&oacute;n del juez espa&ntilde;ol Baltasar Garz&oacute;n, por cierto, hoy abogado de Julian Assange despu&eacute;s de ser inhabitado en Espa&ntilde;a como juez de Instrucci&oacute;n de la Audiencia Nacional. Aquel fue un sonado caso en que el juez Garz&oacute;n trat&oacute; de hacer valer el poco usado principio de jurisdicci&oacute;n universal, al considerar los cr&iacute;menes de lesa humanidad de Pinochet como delitos internacionales, antes incluso de la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional. Pinochet estuvo recluido bajo arresto domiciliario en Londres durante 503 d&iacute;as, menos de lo que lleva Assange en la embajada de Ecuador, per&iacute;odo durante el que todo el proceso de extradici&oacute;n indicaba que el dictador ser&iacute;a enviado a Espa&ntilde;a para ser procesado. Pero dos semanas antes de que se dictara la sentencia del tribunal ingl&eacute;s de apelaci&oacute;n, en primera instancia se hab&iacute;a dado luz verde a la extradici&oacute;n, el gobierno brit&aacute;nico contraviniendo a sus propios organismos judiciales tom&oacute; la decisi&oacute;n de liberar al dictador. Supuestamente Pinochet presentaba una delicada salud, motivo por el que no deb&iacute;a ser extraditado a Espa&ntilde;a y el gobierno brit&aacute;nico pod&iacute;a saltarse a la torera la separaci&oacute;n de poderes. En marzo del a&ntilde;o 2000 Pinochet sal&iacute;a del territorio brit&aacute;nico en silla de ruedas y compungido, y llegaba a Chile de pie y bien erguido, donde lo esperaba la plana mayor militar. El gobierno laborista de Tony Blair pagaba as&iacute; la deuda al dictador por su traidora labor a favor de los brit&aacute;nicos durante la guerra de las Malvinas y evitaba que las v&iacute;ctimas de las violaciones de derechos humanos bajo su r&eacute;gimen pudieran reclamar justicia. En la actualidad la situaci&oacute;n es la misma, se da la violaci&oacute;n del derecho internacional; pero al rev&eacute;s, se evita que se ponga fin a la situaci&oacute;n de confinamiento arbitrario de un defensor de los derechos humanos, como es el derecho a la verdad defendido por Assange. El motivo tambi&eacute;n es el mismo, el gobierno brit&aacute;nico debe muchos favores a su excolonia, EE.UU., de la que es su mejor vasallo; pero tambi&eacute;n al rev&eacute;s, Assange es una amenaza al status quo y los poderes hegem&oacute;nicos, mientras Pinochet siempre los reforz&oacute; con acciones como la eliminaci&oacute;n de Allende. La triste realidad del &ldquo;caso Assange&rdquo; demuestra una vez m&aacute;s el principio de que los poderes hegem&oacute;nicos solo respetan el derecho internacional cuando los beneficia, sin importar en lo m&aacute;s m&iacute;nimo que su fin sea el contrario, defender a los d&eacute;biles. (O)