La ley tomó algo más de 10 años; finalmente el 12 de febrero, en que se conmemorará el Día del Oriente Ecuatoriano, la Asamblea Nacional prevé aprobar la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 

La iniciativa pasó por una serie de debates y discusiones en territorios, pero cobró fuerza a fines de 2016 cuando el entonces presidente, Rafael Correa, envió el proyecto al Legislativo para su análisis.

Desde entonces, la discusión se centró en los fondos para los gobiernos autónomos descentralizados, la institucionalidad y marco jurídico. Ahora el documento plantea reglas claras a favor de esta región, así lo afirmó Marco González, secretario ejecutivo del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga).

“Es la posibilidad de tener el mismo trato y acceso a servicios básicos, hemos vivido inequidades por más de 50 años, más aún cuando de acá se extrae el petróleo que sirve para obras en todo el país, menos para el desarrollo de nuestra región”.

Con la denominada ley 010 los gobiernos autónomos descentralizados, los GAD, reciben $ 1 por cada barril de crudo; con el proyecto de ley especial amazónica, como también se la conoce, se plantean $ 2 por cada barril.

La normativa, según González, trata aspectos sociales, ambientales, culturales, educativos, de salud, derechos de las nacionalidades y en especial el tema económico.

El vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, de la Asamblea, Yofre Poma, aseguró que la ley especial amazónica será aprobada el 12 de febrero; fue calificada de económica urgente y un ofrecimiento del Ejecutivo en el gabinete ampliado en Lago Agrio a inicios de diciembre del año pasado.

Demora para su aprobación
Desde la Constitución se ordenó en su artículo 250, que la región amazónica tenga una ley para su planificación integral y desarrollo sostenible, incluidos los temas mencionados.

Sin embargo, en abril pasado recién se aprobó en primer debate. Poma detalló que el retraso fue por los tiempos electorales y económicos que vivió el país.

“La ley fue enviada por el Ejecutivo anterior en diciembre de 2016, pero en mayo de 2017 hubo nueva Asamblea y a partir de ahí comenzamos la revisión profunda, con recorridos en territorio, recogiendo las propuestas de los GAD involucrados y encontramos varios nudos críticos y con los tiempos económicos se dio prioridad a otros temas”.

A fines del año pasado se analizó la propuesta que plantea una secretaría de planificación que estructure un programa de desarrollo integral en la región y asista a los gobiernos locales, en ejecución de obras acorde a un nuevo enfoque que poco a poco deje su dependencia de la explotación petrolera.

De esta forma, desaparecerá el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), “para evitar duplicidad de trabajo de los gobiernos locales, porque el Ecorae hace puentes, calles etc., competencias que son de las juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas”, dijo Poma.

Ahora habrá una secretaría que se dedicará solo a ejecutar estudios y proyectos para el acompañamiento de los GAD, antes de que doten de obras a sus poblaciones.

Pero, si en cuatro años la región amazónica no tiene un desarrollo como el que se espera con esta ley, la Contraloría emitirá las recomendaciones para las sanciones conforme a la ley. Así como una auditoría de las obras ya realizadas en la región, advirtió.

Hace dos semanas, José Serrano, titular del Legislativo, reconoció que el tema económico fue el más sensible y que se superará con base en la coordinación con el Ministerio de Finanzas, a fin de efectivizar el mandato constitucional.

“Definiremos una fórmula que esté vinculada con el precio objetivo del petróleo en el mercado internacional, para establecer si es factible el pedido de $ 2 por barril y evitar que se produzcan paralizaciones ante una situación a la baja del precio del crudo”. (I) 

Nudos críticos

Duplicación de ingresos 

→Las juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas no llegaban a un acuerdo por la asignación de recursos y se llegó al consenso para que se determine que se reciba $ 2 por cada barril de petróleo.

Distribución de recursos 

→La ley  010 (rige actualmente) incluye dos cantones de la Sierra, lo que significa menos recursos para la Amazonía. Se planteó que dejen de recibir ingresos.

Asignación de competencias

→Se reemplazará al Ecorae para que no ejecute obras que le corresponden a los GAD. La nueva entidad será solo de acompañamiento de proyectos.

Protección ambiental

→Cerca del 40% del proyecto de ley fomenta y ordena la preservación del ecosistema. Exige cuidados en temas mineros, agrícolas y de construcción.

Creación de una Secretaría

→La entidad se dedicará exclusivamente a la planificación y estudios en la región para asesorar a los gobiernos locales en  desarrollo y ordenamiento territorial. 

Consejo de planificación

→La secretaría tendrá un consejo que se integrará por representantes de las comunidades, cámaras de turismo , GAD,  colectivos ambientales. Para que tomen decisiones conforme a su realidad.  

Fondo común

→Para mejorar los ingresos habrá un fondo compuesto: por el 70% de las regalías mineras y el 30% del superávit de las hidroeléctricas asentadas de la región para proyectos.