Proceso de paz en Colombia entra en etapa crítica por los retrasos

El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vive una etapa cr&iacute;tica por los retrasos en la implementaci&oacute;n de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de 52 a&ntilde;os y por la resistencia de algunos segmentos del Estado para cumplir con lo pactado con la guerrilla. A los problemas que ya ven&iacute;an acosando a los acuerdos de paz desde el momento de su firma, el pasado 26 de noviembre, se sum&oacute; el pasado jueves un fallo de la Corte Constitucional que autoriza al Congreso modificar las iniciativas de ley presentadas por el gobierno para poner en marcha los pactos con las FARC. Esto significa, en los hechos, que el Congreso, donde la derecha y la ultraderecha han unido fuerzas para obstaculizar aspectos sustanciales de lo negociado durante seis a&ntilde;os con esa guerrilla, pueden acabar por transformar los acuerdos de paz. Adem&aacute;s, la C&aacute;mara de Representantes y el Senado tienen ahora la posibilidad de prolongar interminablemente los debates legislativos en momentos que 6.884 guerrilleros est&aacute;n en proceso de entrega de armas y en que las FARC preparan su transformaci&oacute;n en partido pol&iacute;tico legal. El vocero de las FARC en el Congreso, Jairo Estrada, dijo a EL TEL&Eacute;GRAFO que el fallo de la Corte Constitucional significa que el Estado &ldquo;no est&aacute; cumpliendo&rdquo; con los acuerdos con la guerrilla. &ldquo;Esto tiene al proceso de paz en una grave crisis y lo est&aacute; situando en una condici&oacute;n cr&iacute;tica de efectos imprevisibles&rdquo;, asegur&oacute;. Estrada, reconocido economista y doctor en historia, se&ntilde;al&oacute; que si el presidente Juan Manuel Santos ten&iacute;a problemas para sacar adelante las leyes de la paz cuando los congresistas solo pod&iacute;an modificar las iniciativas con autorizaci&oacute;n del gobierno, el fallo de la Corte Constitucional d&aacute;ndoles v&iacute;a libre crea un panorama &ldquo;de mucha incertidumbre&rdquo;. El representante de las FARC en el Congreso dijo que hay que recordar que el ultraderechista Centro Democr&aacute;tico, del expresidente y senador &Aacute;lvaro Uribe, y hasta sectores de la coalici&oacute;n de gobierno, como el partido Cambio Radical y una facci&oacute;n del Conservador, han hecho todo lo posible por obstruir las leyes de la paz.Considera que ahora, con la decisi&oacute;n de la Corte Constitucional, &ldquo;podemos esperar un escenario de t&aacute;cticas dilatorias y hasta de saboteo a la implementaci&oacute;n de los acuerdos&rdquo;. Fallo &ldquo;equivocado&rdquo; El comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londo&ntilde;o, alias &lsquo;Timochenko&rsquo;, afirm&oacute; en una carta al presidente Santos que en la guerrilla existe &ldquo;preocupaci&oacute;n&rdquo; por el veredicto judicial porque abre las puertas &ldquo;a la modificaci&oacute;n&rdquo; del acuerdo en el Congreso. Para las FARC, que esta semana cumplir&aacute;n 52 a&ntilde;os de su fundaci&oacute;n y que esperaban convertirse en partido pol&iacute;tico en agosto, el fallo de la Corte &ldquo;ha puesto el proceso de paz en la situaci&oacute;n m&aacute;s dif&iacute;cil que este haya vivido desde su inicio&rdquo; porque &ldquo;se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposici&oacute;n y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos&rdquo;. &lsquo;Timochenko&rsquo; reiter&oacute;, sin embargo, que la decisi&oacute;n &ldquo;indeclinable&rdquo; de las FARC es &ldquo;seguir cumpliendo lo acordado, tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento, y transitar a la vida pol&iacute;tica legal&rdquo;. En un comunicado, esa guerrilla en proceso de transformaci&oacute;n en partido pol&iacute;tico se&ntilde;al&oacute;, sin embargo, que &ldquo;ante la situaci&oacute;n presentada, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos&rdquo;. Esto significa que est&aacute; en duda si la entrega de armas individuales de los excombatientes se dar&aacute; a finales de este mes, como estaba previsto, y hasta ahora no se sabe si el proceso de recolecci&oacute;n, por parte de una misi&oacute;n de las Naciones Unidas, de las 948 caletas donde el grupo insurgente tiene su armamento pesado, continuar&aacute; como hab&iacute;an planeado las partes. Por lo pronto, los casi 7.000 guerrilleros que est&aacute;n en los 26 campamentos donde se desarrolla el desarme est&aacute;n en &ldquo;asamblea permanente&rdquo; para tomar decisiones frente a &ldquo;esta situaci&oacute;n adversa&rdquo;. Aunque la coalici&oacute;n del gobierno de Santos tiene mayor&iacute;a legislativa y el presidente ha dicho que la har&aacute; valer para sacar adelante las leyes derivadas de los acuerdos de paz que faltan por aprobarse, hay una feroz ofensiva contra esos pactos por parte del Centro Democr&aacute;tico y de sectores supuestamente afines al mandatario. El reconocido abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny considera que el fallo de la Corte &ldquo;jur&iacute;dicamente es equivocado&rdquo; porque a pesar de que los congresistas no pudieran modificar las iniciativas de ley derivadas de los acuerdos de paz, conservaban su facultad de aprobarlas o rechazarlas. El exjefe del equipo del gobierno que negoci&oacute; la paz con las FARC, Humberto de la Calle, dijo a diario El Tiempo que la decisi&oacute;n de la Corte &ldquo;pone en jaque&rdquo; el acuerdo con esa guerrilla &ldquo;y el riesgo de marchar hacia atr&aacute;s en un tema tan delicado es extraordinariamente grave&rdquo;. Agreg&oacute; que &ldquo;enviar el mensaje de que la Corte va a revisar o a cambiar elementos centrales de lo que se acord&oacute; es un enga&ntilde;o frente al compromiso que tiene el Estado colombiano con el acuerdo de paz&rdquo;. Este mi&eacute;rcoles se cumplir&aacute;n seis meses de que Santos y &lsquo;Timochenko&rsquo; firmaron un hist&oacute;rico acuerdo de paz que deb&iacute;a poner fin a 52 a&ntilde;os de conflicto armado. Pero m&aacute;s que certezas de que esto verdaderamente va a ocurrir, lo que prevalece hasta ahora son las incertidumbres. (I) ------------------------ En ascuas, la seguridad de las FARC Adem&aacute;s del fallo de la Corte Constitucional que da facultades al Congreso colombiano para modificar aspectos sustanciales del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el tribunal anul&oacute; el decreto que permit&iacute;a incorporar a 1.287 exguerrilleros a la Unidad Nacional de Protecci&oacute;n (UNP) para participar en los esquemas de seguridad de sus propios compa&ntilde;eros y de los comandantes. El decreto, que fue emitido por el presidente Juan Manuel Santos en febrero pasado, no era una concesi&oacute;n a las FARC, sino el cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo de paz referente a la protecci&oacute;n de los integrantes de la guerrilla en el proceso de desarme. La Corte Constitucional consider&oacute; en el veredicto, la semana anterior, que el decreto violaba la ley org&aacute;nica de la UNP y lo anul&oacute;. De esta forma qued&oacute; en ascuas la seguridad de alrededor de 12.000 milicianos y guerrilleros que se reincorporar&aacute;n a la vida civil, as&iacute; como de los comandantes que se dedicar&aacute;n a hacer pol&iacute;tica sin armas y en la legalidad como parte de lo acordado con el gobierno. El director de la UNP, Diego Mora, consider&oacute;, que no se afectar&aacute; la seguridad de los integrantes de las FARC porque ser&aacute;n protegidos por escoltas de la planta actual de la instituci&oacute;n en lo que se exploran otras salidas que permitan cumplir con el punto de protecci&oacute;n de excombatientes del acuerdo de paz. Desde el pasado 16 de abril fueron asesinados Luis Alberto Ortiz Cabezas y Jos&eacute; Huber Yatacu&eacute; Mestizo, exguerrilleros de las FARC, y ocho familiares de excombatientes que se encuentran en el proceso de desarme. La guerrilla atribuye estos hechos, la mayor&iacute;a, a grupos paramilitares. (I)