El plebiscito es el último obstáculo para la paz en Colombia

Todo est&aacute; listo para que el Gobierno y las FARC pongan fin al conflicto armado m&aacute;s antiguo y cruento de Am&eacute;rica Latina. Hoy entrar&aacute; en vigencia un cese del fuego bilateral y definitivo tras 52 a&ntilde;os de guerra. Lo que viene ahora es la firma protocolaria de un acuerdo de paz que abre las puertas de la pol&iacute;tica legal a la organizaci&oacute;n campesina que se alz&oacute; en armas en 1964. El camino hacia ese acto simb&oacute;lico, en el que el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante m&aacute;ximo de las FARC, Timole&oacute;n Jim&eacute;nez, &lsquo;Timochenko&rsquo;, oficializar&aacute;n con sus r&uacute;bricas y un apret&oacute;n de manos la terminaci&oacute;n de la guerra, fue a menudo cuesta arriba, pedregoso y largo. No solo porque debieron pasar tres a&ntilde;os y nueve meses de complejas negociaciones en La Habana, sino porque en Colombia se registraba un polarizado debate pol&iacute;tico entre quienes respaldaban y rechazaban el proceso de paz. Incluso hoy, cuando la comunidad internacional aplaude la exitosa culminaci&oacute;n de las conversaciones, los opositores a los di&aacute;logos, encabezados por el expresidente &Aacute;lvaro Uribe, arremeten contra el acuerdo final. Echar por la borda casi cuatro a&ntilde;os de negociaciones puede efectivizarse el 2 de octubre pr&oacute;ximo, cuando los colombianos participar&aacute;n en un plebiscito en el que votar&aacute;n por el S&iacute; o por el No al acuerdo de paz con las FARC. La mayor&iacute;a de encuestas anticipa un triunfo del S&iacute;. El pasado jueves, un d&iacute;a despu&eacute;s del fin de las negociaciones en La Habana, un sondeo de Datexco indic&oacute; que el 34% de electores apoya los acuerdos y el 29% los rechaza. El presidente del centroizquierdista Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, un exguerrillero del ELN que es parte de la coalici&oacute;n pol&iacute;tica que respalda el S&iacute;, dice que el pueblo colombiano &ldquo;comprender&aacute; la dimensi&oacute;n hist&oacute;rica de este paso que estamos dando y refrendar&aacute; estos acuerdos&rdquo;. Y a&ntilde;adi&oacute;: &ldquo;Si esto, por alguna raz&oacute;n absolutamente inexplicable no ocurre, Colombia enfrentar&aacute; una circunstancia dif&iacute;cil en la que quedar&aacute;n en duda el desarme de las FARC, su transformaci&oacute;n en partido y el fin de la guerra&rdquo;. Campa&ntilde;a de odio Y es que, aunque fuera de Colombia resulte dif&iacute;cil entender por qu&eacute; un porcentaje de ciudadanos rechazar&aacute; en las urnas la paz, es innegable que la feroz campa&ntilde;a de Uribe y su partido, el derechista Centro Democr&aacute;tico, ha logrado exacerbar los odios. Seg&uacute;n el exmandatario, los jefes de las FARC responsables de delitos atroces gozar&aacute;n de &ldquo;impunidad total&rdquo; porque no ser&aacute;n sancionados con prisi&oacute;n efectiva, sino con penas alternativas, como restricci&oacute;n de la movilidad y trabajo comunitario. Esto es algo a lo que se oponen quienes solo ven a esa guerrilla como un grupo que secuestr&oacute; y asesin&oacute; a civiles, cometi&oacute; atentados violatorios del derecho internacional humanitario y financi&oacute; la guerra con los cultivos de hoja de coca. Pero la directora de la maestr&iacute;a en Construcci&oacute;n de Paz de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg, asegura que uno de los grandes logros de los acuerdos es que contienen un modelo de justicia transicional que se adapta a los est&aacute;ndares de la Corte Penal Internacional (CPI). &ldquo;Esta f&oacute;rmula es lo mejor que se pudo lograr con un grupo que no est&aacute; derrotado militarmente ni dispuesto a una rendici&oacute;n ni a ir a la c&aacute;rcel. Hay muchos colombianos que se resisten a aceptar esto, en especial en las ciudades donde no impacta tanto la guerra&rdquo;. De acuerdo con la especialista, lo que obtiene Colombia a cambio de no enviar a una c&aacute;rcel tradicional a los jefes de las FARC &ldquo;es ampliamente favorable y positivo: terminar la guerra&rdquo;. Incluso, los compromisos asumidos por el Gobierno no perfilan, ni de lejos, transformaciones estructurales o revolucionarias, sino reformas para saldar la hist&oacute;rica deuda social del Estado con el sector rural. Como parte de los acuerdos, el Gobierno se comprometi&oacute; a llevar a las zonas rurales m&aacute;s golpeadas por el conflicto -en muchas de las cuales el &iacute;ndice de pobreza supera el 80%- infraestructura vial, el&eacute;ctrica y de riego, as&iacute; como escuelas, hospitales, viviendas, asistencia t&eacute;cnico-agr&iacute;cola y presencia institucional que apoye el desarrollo. Para la polit&oacute;loga Mar&iacute;a Emma Wills, de la Comisi&oacute;n Hist&oacute;rica del Conflicto, creada por las FARC y el Gobierno para estudiar las causas de la guerra, el problema agrario es un nudo hist&oacute;rico que el acuerdo de desarrollo rural desatar&aacute;. Ella considera que otro acuerdo fundamental es el de participaci&oacute;n pol&iacute;tica, ya que, por primera vez, el Estado se compromete a dejar de ver a la izquierda como enemiga. &ldquo;Este es un sectarismo que nos viene desde el siglo XIX y del conflicto liberal-conservador. Y lo que busca el acuerdo de participaci&oacute;n pol&iacute;tica es desterrarlo y propiciar una cultura democr&aacute;tica de resoluci&oacute;n de conflictos&rdquo;. (I)