Mauricio Macri acumula 5 nuevas denuncias desde que asumió su mandato

Solo 20 d&iacute;as despu&eacute;s de asumir la presidencia el 10 de diciembre del 2015 y despu&eacute;s de cinco a&ntilde;os y medio de investigaci&oacute;n, Mauricio Macri fue sobrese&iacute;do de una causa por espionaje telef&oacute;nico a opositores y hasta contra un excu&ntilde;ado cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La causa, que el actual presidente atribu&iacute;a a una intromisi&oacute;n del &ldquo;kirchnerismo&rdquo; en la justicia, hab&iacute;a sido ratificada por la C&aacute;mara Federal. Sin embargo, el juez Sebasti&aacute;n Casanello tom&oacute; en consideraci&oacute;n nuevos testimonios y consider&oacute; en su fallo que no hab&iacute;a &ldquo;ni una sola prueba&rdquo; en su contra. Sin embargo, no fue ese el &uacute;nico procesamiento. Cuatro meses antes de asumir, cuando a&uacute;n era el principal candidato presidencial de la oposici&oacute;n, el juez Facundo Cubas cerr&oacute; la causa por lesiones a indigentes por parte de la disuelta Unidad de Control de Espacios P&uacute;blicos. En concreto se lo acusaba de 17 actos de violencia contra personas &ldquo;sin techo&rdquo; durante operativos de recuperaci&oacute;n de paseos verdes de la capital. Pero hubo m&aacute;s acusaciones que Macri acumul&oacute; en su despacho del gobierno porte&ntilde;o. Seg&uacute;n el portal El Destape, tuvo 214 denuncias judiciales durante sus ocho a&ntilde;os de mandato. Las causas fueron por &ldquo;estafa, asociaci&oacute;n il&iacute;cita, abuso de autoridad, violaci&oacute;n de deberes de funcionario p&uacute;blico, enriquecimiento il&iacute;cito, falsificaci&oacute;n de documentos p&uacute;blicos y amenazas y abandono de persona&rdquo;, la mayor&iacute;a finalmente desestimadas. Al asumir la presidencia solo le quedaba sortear un &uacute;ltimo procesamiento, el que le apuntaba como impulsor de una red de escuchas telef&oacute;nicas ilegales y cuya causa a&uacute;n sigue su curso, aunque ya no tiene a Macri entre sus acusados. El mandatario en menos de tres semanas de gesti&oacute;n presidencial qued&oacute; &ldquo;limpio&rdquo;. Pero un a&ntilde;o y tres meses despu&eacute;s, las imputaciones comienzan otra vez a acumularse y lleva ya cinco y una adicional desestimada por la justicia por la supuesta emisi&oacute;n descontrolada de letras del Banco Central (Lebacs) rechazada por el juez Daniel Rafecas. En abril pasado, el diputado del Frente para la Victoria, (FPV, kirchnerista) Dar&iacute;o Mart&iacute;nez, lo denunci&oacute; por lavado de dinero y omisi&oacute;n maliciosa en el caso de los Papeles de Panam&aacute;. El fiscal Federico Delgado pidi&oacute; abrir una investigaci&oacute;n y la causa recay&oacute; en el juez Casanello, el mismo que anul&oacute; el proceso en su contra en el marco de las escuchas telef&oacute;nicas ilegales. Seg&uacute;n la denuncia, el Grupo Macri posee m&aacute;s de 40 empresas off shore. El sitio El Destape revel&oacute; que con una de esas firmas el holding empresarial movi&oacute; $ 9,3 millones desde un para&iacute;so fiscal pero el movimiento nunca fue declarado. Sin embargo, la Unidad de Informaci&oacute;n Financiera (UIF) dijo que &ldquo;de las empresas (atribuidas a Macri o a su familia en los Papeles de Panam&aacute;) no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hip&oacute;tesis delictiva de lavado de activos&rdquo;. Se trata de un aval oficial en su defensa. Los investigadores judiciales deber&aacute;n determinar ahora c&oacute;mo sigue la causa. En la UIF Macri tiene a una persona de gran confianza. Su prima segunda, la abogada Mar&iacute;a P&iacute;a Monkes Calcaterra, hija de su primo hermano, Angel Calcaterra, uno de los principales beneficiados con la obra p&uacute;blica macrista. Ella es jefa de Recursos Humanos de la entidad. Pero hay m&aacute;s. Tras aprobar una ley de &ldquo;blanqueo&rdquo;, Macri aprob&oacute; por decreto la extensi&oacute;n a familiares de funcionarios p&uacute;blicos el derecho de exteriorizar capitales en negro, a pesar de que la ley aprobada por el Congreso exclu&iacute;a expresamente esa posibilidad. Por ello fue imputado junto a su jefe de Gabinete, Marcos Pe&ntilde;a, y el entonces ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay. Otra imputaci&oacute;n se enmarca en la causa denominada &ldquo;memor&aacute;ndum de Qatar&rdquo;. La fiscal Mar&iacute;a Paloma Ochoa investiga a Macri y otros 10 funcionarios, adem&aacute;s del extenista campe&oacute;n de Roland Garros Gast&oacute;n Gaudio, un empresario, el emir de Qatar y el titular de la Autoridad de Inversi&oacute;n qatar&iacute;. &iquest;El motivo? Una sospechosa estructura offshore para la &ldquo;eficiencia&rdquo; de un fondo de inversiones binacional que tendr&aacute; un administrador extranjero, en el marco de un tratado comercial firmado el 6 de noviembre &uacute;ltimo. El extenista Gaudio habr&iacute;a actuado como facilitador entre ambos gobiernos. La denuncia fue presentada por la Fundaci&oacute;n por la Paz y el Cambio Clim&aacute;tico, ampliada por el diputado Guillermo Carmona, del FPV. El presidente fue imputado tambi&eacute;n por el fiscal Juan Pedro Zoni por la condonaci&oacute;n de una millonaria deuda que el Grupo Macri, como administrador de la entonces privatizada empresa Correo Argentino, manten&iacute;a con el Estado desde m&aacute;s de 15 a&ntilde;os. Tambi&eacute;n fue imputado en la causa su ministro de Comunicaciones, &Oacute;scar Aguad. El Estado le condon&oacute; a la familia presidencial $ 4.375 millones (70.000 millones de pesos). El esc&aacute;ndalo oblig&oacute; al gobierno a dar marcha atr&aacute;s. La &uacute;ltima imputaci&oacute;n se dio en el marco de la liberalizaci&oacute;n del espacio a&eacute;reo para el desembarco en el pa&iacute;s austral de aerol&iacute;neas de bajo costo. Avianca logr&oacute; quedarse con decenas de rutas de cabotaje a trav&eacute;s de la compra de la l&iacute;nea a&eacute;rea MacAir, del Grupo Macri, dando lugar a la creaci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a Avian. Pero legisladores de la oposici&oacute;n denuncian que la venta nunca se concret&oacute; y que las autoridades de Avian siguen siendo las mismas que las de MacAir. Otra vez el gobierno debi&oacute; dar marcha atr&aacute;s y el desembarco de Avian est&aacute; por ahora suspendido. En esta causa, el fiscal Jorge Di Lello impuls&oacute; una acci&oacute;n penal contra el presidente, su padre Franco Macri, una decena de funcionarios nacionales y directivos de Avianca por los delitos de asociaci&oacute;n il&iacute;cita, negociaciones incompatibles con la funci&oacute;n p&uacute;blica y tr&aacute;fico de influencias. Diputados piden juicio pol&iacute;tico En tanto, un grupo de diputados &ldquo;kirchneristas&rdquo; present&oacute; un pedido de juicio pol&iacute;tico en el Congreso contra el presidente por &ldquo;mal desempe&ntilde;o y la comisi&oacute;n de delitos en el ejercicio de sus funciones&rdquo;. La iniciativa, impulsada por el diputado Julio Solanas, recibi&oacute; el respaldo de distintos grupos internos del partido Justicialista (peronista), entre ellos el titular de la agrupaci&oacute;n a nivel nacional, el exgobernador de la provincia andina de San Juan, Jos&eacute; Luis Gioja. Los legisladores basaron su denuncia en el esc&aacute;ndalo desatado en el Correo Argentino. Los legisladores sospechan que con esta maniobra Macri busc&oacute; beneficiar a su primo &Aacute;ngel Calcaterra. El caso de Calcaterra es uno de los m&aacute;s sospechosos. El primo de Macri, titular de la empresa Iecsa, fue beneficiado durante el actual gobierno con las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento que une la ciudad de Buenos Aires con el cono urbano oeste. El diario brasile&ntilde;o Estado de San Pablo revel&oacute; documentaci&oacute;n oficial de la investigaci&oacute;n por el esc&aacute;ndalo de la compa&ntilde;&iacute;a Odebrecht que implica a la firma de Calcaterra en el pago de sobornos de $ 20 millones. La investigaci&oacute;n reci&eacute;n empieza. (I) ------------- Gobierno entrega el servicio de 4G a Nextel, de Clar&iacute;n El gobierno oficializ&oacute; la aprobaci&oacute;n del proyecto presentado por la empresa Nextel, adquirida el a&ntilde;o pasado por el Grupo Clar&iacute;n a $ 178 millones, para brindar servicio de 4G en el mercado de telefon&iacute;a celular argentino.La oficializaci&oacute;n se dio a trav&eacute;s de la Resoluci&oacute;n 1299/17 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicada en el Bolet&iacute;n oficial el martes pasado. La resoluci&oacute;n autoriza a prestar Servicio de Comunicaciones M&oacute;viles Avanzadas (SCMA), en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz, convirtiendo a Nextel en la cuarta operadora m&oacute;vil del pa&iacute;s, con Claro (Am&eacute;rica M&oacute;vil), Movistar (Telef&oacute;nica) y Personal (Telecom). Para llegar a la decisi&oacute;n el gobierno emiti&oacute; el decreto 1340 firmado por el presidente Mauricio Macri que permiti&oacute; al Ministerio de Comunicaciones dictar la resoluci&oacute;n 171, que establece el procedimiento de refarming (reutilizaci&oacute;n) con compensaci&oacute;n econ&oacute;mica y uso compartido de frecuencias. De esta forma se confirman los temores de Telef&oacute;nica, que denunci&oacute; un trato de favor por parte del Gobierno argentino hacia el Grupo Clar&iacute;n, al cambiar la legislaci&oacute;n para otorgarle una licencia sin apenas desembolso alguno, mientras que los tres operadores actuales abonaron $ 2.233 millones en 2014 por la asignaci&oacute;n de las bandas de 700 Mhz, 1,7 GHz y 2,1 GHz para dar servicios de 4G y hasta hoy no han recibido las frecuencias. (I)