El Congreso de Perú debate destitución del contralor

El contralor del Estado peruano, Edgar Alarc&oacute;n, ya no conoce la calma. Hace dos semanas se difundi&oacute; la primera de una serie de denuncias que lo coloca en el centro de cr&iacute;tica nacional. El funcionario acudi&oacute; ayer al Congreso, donde debatieron su destituci&oacute;n. En la cronolog&iacute;a de esta pol&eacute;mica, Alarc&oacute;n aparece como un funcionario del Estado doblegado por intereses personales. El pasado 29 de mayo, un exasesor de la Contralor&iacute;a lo acus&oacute;, en un programa transmitido en directo, de favorecer &ldquo;misteriosamente&rdquo; a una mujer de la instituci&oacute;n que dirige. La entrega de una indemnizaci&oacute;n de $ 40.000, m&aacute;s un adicional de $ 27.000 por concepto de vi&aacute;ticos, resulta ajena a las funciones de secretaria que la f&eacute;mina cumpl&iacute;a en el despacho del contralor, y m&aacute;s ajena todav&iacute;a a los $ 1.100 mensuales que recib&iacute;a de salario. Tras la pregunta de por qu&eacute; se dio ese trato, el denunciante sugiri&oacute; que existe un v&iacute;nculo sentimental. En pol&iacute;tica ning&uacute;n discurso est&aacute; aislado y por tanto su efecto es m&uacute;ltiple. Por un lado, entonces, la denuncia contra Alarc&oacute;n activ&oacute; una revisi&oacute;n exhaustiva de parte de los medios de comunicaci&oacute;n con respecto a su acci&oacute;n como autoridad del Estado. Sorpresas. Una serie de irregularidades entre las que destacan la compra de 90 autos de lujo (Audi, Jeep, BMW, etc.), entre 2002 y 2015, a&ntilde;os de funciones en la Contralor&iacute;a en los que, de acuerdo a la ley, no pod&iacute;a ejercer otra labor, como la compra y venta de carros, de la que pudiera lucrar. Por otro lado, Alarc&oacute;n estableci&oacute; un paraguas ante el diluvio que lo devoraba: las denuncias aparecieron luego de que la Contralor&iacute;a difundiera un informe negativo alrededor del proyecto de construcci&oacute;n del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Este documento tuvo tal repercusi&oacute;n en el proceso que termin&oacute; en la renuncia del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el tambi&eacute;n vicepresidente, Mart&iacute;n Vizcarra, y por la disoluci&oacute;n total del acuerdo previo entre el gobierno y los contratistas de Chinchero. Pero sobre las rieles de la justicia, territorio en el que se definir&aacute; este caso, Alarc&oacute;n supo jugar una carta m&aacute;s arriesgada. Tras ser llamado por la Fiscal&iacute;a a la apertura de una investigaci&oacute;n en su contra por supuesto delito de lavado de activos, el contralor mencion&oacute; que existe un &ldquo;cargamont&oacute;n&rdquo; oficialista en su contra. El gobierno estar&iacute;a presionando por su salida debido a la falta de apoyo con el tema de Chinchero. Esa generalizaci&oacute;n sugerida se materializ&oacute; en una verdad capaz de redimensionar el problema una vez que fue difundido, a finales de la semana pasada, un audio en el que se escucha al ministro de Econom&iacute;a y Finanzas, Alfredo Thorne, sostener una conversaci&oacute;n con Alarc&oacute;n. En la grabaci&oacute;n Thorne lo pone en aviso de buenas noticias: la petici&oacute;n de $ 14 millones, de parte de la Contralor&iacute;a al Estado, est&aacute; a punto de ser firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para que eso suceda, dice Thorne, necesitan un &ldquo;empuj&oacute;n&rdquo; con el tema de Chinchero. La cinta, grabada d&iacute;as antes de que la Contralor&iacute;a emitiera su fallo negativo frente al proyecto en Cusco, demostrar&iacute;a, de acuerdo a Alarc&oacute;n, la presi&oacute;n con la que el gobierno ha tratado su caso. En el pleno, sin embargo, se deja entrever que la deslegitimaci&oacute;n de funciones no solo est&aacute; en el territorio del contralor, sino adem&aacute;s en el de Thorne, por lo que fue denominado como &ldquo;chantaje oficial&rdquo;. Golpe duro que terminar&aacute; por costarle r&eacute;dito pol&iacute;tico al proyecto gubernamental de PPK. La salida de Alarc&oacute;n tambi&eacute;n acarrear&aacute; debilidad al gobierno y la clara muestra de que el Congreso es donde se definen los ritmos en los que marcha el pa&iacute;s. (I)