Ciudad del Vaticano.- El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el banco vaticano, comunicó el martes que inició una acción civil contra terceros ante la justicia de Malta por daños en las operaciones de inversión. La noticia fue publicada desde la oficina de prensa de la Santa Sede y denuncia a estas terceras partes como “responsables de causar daños significativos al IOR en relación con determinadas operaciones de inversión en las que el instituto había participado”. Este comunicado no especifica qué tipo de operación es y en qué términos se produjo. Según el diario italiano La Stampa, el daño se produjo a través del fondo de inversión ‘Ad Maiora’ y detalla que los periodistas Emiliano Fittipaldi y Gianni Barbacetto denunciaron en junio de 2016 que un fondo habría dilapidado notables cantidades de dinero, “tanto debido a malas inversiones como por las elevadas cifras pagadas en comisiones y asesorías”. Concretamente, las inversiones habrían alcanzado los $ 273 millones. Sin embargo, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, explicó a través de una nota de prensa que se trata de una operación de inicios de 2013 relacionada con una inversión valorada en $ 20 millones (17 millones de euros), y que los daños sufridos “tendrán que ser cuantificados legalmente”. De acuerdo con el comunicado, esta iniciativa confirma el compromiso a favor de la transparencia asumido por el Instituto para las Obras de Religión de denunciar, en las sedes competentes, las potenciales irregularidades cometidas contra él. El historial de corrupción del IOR El Instituto para las Obras de Religión (IOR) arrastra un largo historial de opacidad y acusaciones de blanqueo de capitales. De acuerdo a la BBC, el último de los escrutinios al banco vaticano se inició en 2008 cuando el papa Benedicto XVI renovó la comisión cardenalicia y puso al frente a su colaborador más cercano, el secretario de Estado desde 2006, el cardenal Tarcisio Bertone, que sustituyó al cardenal Angelo Sodano. En 2009, Ettore Gotti Tedeschi fue nombrado presidente del banco vaticano y apenas un año después, la justicia italiana abrió una investigación en contra de 2 directivos de la entidad bancaria por violar las leyes italianas de lavado de dinero y llevaron a la policía a incautar $ 30 millones en activos del Vaticano en septiembre de 2010. Pero Tedeschi aseguró entonces que se trató de “un error de procedimiento” y que el banco no tiene “nada que esconder”. Desde 2007, las normas aprobadas obligan al banco a revelar la identidad de los autores de sus transacciones, pero los escándalos no cesaron y el papa Francisco ha hecho muchos esfuerzos desde su llegada para poner orden en las cuentas y, sobre todo, cerrar aquellas más sospechosas. La Santa Sede quiere ahora marcar distancias con el pasado y advierte sobre la voluntad de “tomar, como en este caso, cualquier medida apropiada para proteger sus intereses financieros y su reputación también fuera de las fronteras de la Ciudad del Vaticano”. El problema es que cada vez que se propone poner orden en las finanzas o aumentar la transparencia, comienza una guerra que se cobra algunas cabezas, como la de los últimos directores del IOR o la del revisor general de las cuentas, Libero Milone. Dicho auditor dimitió en junio, pero denunció luego en septiembre que lo había hecho bajo la amenaza de ser encarcelado. La Santa Sede, en cambio, aseguró que Milone se dedicó a espiar la vida personal de los empleados del Vaticano. (I)