Bachelet acelera envío de plan para cambiar la Constitución

En su campa&ntilde;a electoral en 2013, Michelle Bachelet se comprometi&oacute; a implementar una serie de reformas estructurales, tanto en educaci&oacute;n, como en materia fiscal, adem&aacute;s de cambiar la Constituci&oacute;n, heredada del r&eacute;gimen de Augusto Pinochet. Las dos primeras reformas se desarrollaron en la primera parte del gobierno de la presidenta socialista chilena. Mientras que el cambio de la actual Carta Magna podr&iacute;a ver la luz ahora, al final del mandato que culminar&aacute; en marzo de 2018. En plena campa&ntilde;a electoral con miras a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, el gobierno de Bachelet anunci&oacute; que el proyecto de ley para una nueva Constituci&oacute;n podr&iacute;a ser enviado al Congreso, aunque quiz&aacute;s entre la primera vuelta y el balotaje, programado para el 17 de diciembre. De inmediato, la oposici&oacute;n acus&oacute; a la administraci&oacute;n bacheletista de intentar influir en la contienda presidencial. El llamado proceso constituyente ha tomado tiempo. En enero pasado, la Mandataria recibi&oacute; un resumen de las discusiones que hubo en los &lsquo;cabildos ciudadanos&rsquo; como parte del tr&aacute;mite. En esa instancia participaron 204.000 chilenos y situaron la democracia, la justicia, educaci&oacute;n y salud como derechos b&aacute;sicos. &ldquo;El mejor remedio al escepticismo y al pesimismo es la evidencia, y aqu&iacute; est&aacute;: en la elaboraci&oacute;n de la Constituci&oacute;n de 1833 participaron 36 personas; en la de 1925, 122; en la Constituci&oacute;n de 1980, 12. Y en este proceso, 204.402 personas&rdquo;, anunci&oacute; Bachelet. De todos modos, una cosa es el env&iacute;o del proyecto al Parlamento sobre la base de la participaci&oacute;n ciudadana y otra es el mecanismo institucional que definir&aacute; la nueva Constituci&oacute;n. La idea de la Presidenta es dejar &lsquo;amarrado&rsquo; el proceso para la nueva Carta Magna. El env&iacute;o del proyecto de ley se retras&oacute;, porque la idea del gobierno es cumplir con el convenio 169 de la Organizaci&oacute;n Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los pa&iacute;ses a consultar a los pueblos originarios cada vez que se adopten medidas que puedan afectarlos o beneficiarlos de manera directa. (I)