En Chile se reabrió el debate sobre la llamada Ley Reservada del Cobre, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que obliga al Estado a destinar el 10% de las ventas anuales de la estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) para el mantenimiento de armamento y adquisición de material bélico para las Fuerzas Armadas. Esta discusión figura como tema nacional después de que en meses pasados se destapara un escándalo al interior del Ejército debido a supuestas malversaciones de fondos. El debate sobre esta ley -que fue promulgada en 1958 pero cuya modificación más profunda se concretó durante la era de Pinochet- no solo se circunscribe al explosivo aumento patrimonial de altos exoficiales, sino que también a los millonarios montos que Codelco debe destinar a las FF.AA. Según datos difundidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres), revelados por el diario El Mercurio, el 80% de los aportes totales de la cuprífera al fisco chileno en 2015 terminaron en las arcas de las instituciones armadas. Es decir, $ 858 millones. En medio de un contexto de desaceleración económica y en momentos en que la propia Codelco no ha podido entregar excedentes con bajas históricas -lo que abrió una profunda evaluación, desde 1995 hasta la fecha- la compañía estatal ha entregado a las FF.AA, $ 17.000.000. De acuerdo con el diario La Tercera de Chile, hasta marzo Codelco sumaba pérdidas por más de $ 150 millones. A esto se agrega que el precio  del cobre ha oscilado este año en apenas $ 2 la libra, principalmente por la caída de la demanda china. Codelco es responsable del 11% de la oferta mundial de este mineral. “Una vez más ha salido al tapete la oscura “ley reservada del cobre”. Los tres últimos gobiernos del país han planteado la derogación de esta ley. El primer gobierno de Bachelet presentó un proyecto que no prosperó, Piñera otro que avanzó pero que no perseveró y el programa del actual gobierno contempla su fin”, escribió recientemente Juan Carlos Guajardo, exdirector del Centro de Estudios del Cobre y Minería (Cesco), en el diario La Tercera. La justicia actualmente indaga el desfalco de nada menos que 5 millones de dólares de las arcas públicas. Estos fondos provienen precisamente de la Ley Reservada del Cobre. La compra de armas y equipamiento se da sin intervención del Congreso ni mayor supervisión del Estado, algo que para muchos ha dado pie para una serie de ilícitos, como sobornos en la compra de armamento. Esto, pese a que el Ministerio de Defensa debe asumir un rol de administrador-supervisor. La trama más polémica de este caso involucra al general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba, el comandante que dirigió al Ejército (2010 - 2014). Fuente-Alba habría acumulado $4,5 millones en la última década, siendo que su salario como el más importante general era de unos $ 5.000  mensuales. El exoficial se ha defendido diciendo que recibió una herencia de su padre y que también los fondos corresponden a su labor en misiones fuera de Chile. “Las razones para cambiar esta ley son muchas y bien conocidas por todos: la inconveniencia de manejar recursos fuera del proceso presupuestario regular del país, la falta de supervisión, la desconexión con una estrategia de defensa nacional integral, el daño a nuestra imagen como Estado soberano, el daño a la imagen de la industria del cobre chileno y los impactos en la gestión financiera y estratégica de Codelco”, sostiene Guajardo. Se calcula que si no existiera la Ley Reservada del Cobre, la minería habría obtenido una utilidad adicional impositiva de $ 330 millones en 2015. También se manifestó esta semana el presidente de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jaime Pilowsky, quien afirmó que los recursos de Codelco para las FF.AA. son una “camisa de fuerza” para la cuprífera estatal que perjudica y coarta su normal rentabilidad. (I) Exmilitar preso por encubrir 15 crímenes El procesamiento al exmilitar Juan Emilio Cheyre, acusado de cómplice en el caso Caravana de la Muerte, fue considerado como un hito histórico por el reputado jurista Eduardo Contreras. En diálogo exclusivo con Prensa Latina, el doctor Contreras, otrora embajador de Chile en Uruguay, dijo que cuando se presentó la primera querella contra Cheyre con Gladys Marín, “no imaginé que finalmente sería enjuiciado”. Marín, la desaparecida líder del Partido Comunista chileno, fue una de las mayores impulsoras de denuncias contra militares asociados a la dictadura de Augusto Pinochet, como lo fue el exgeneral Cheyre. Contreras recordó que Cheyre, designado comandante del Ejército durante la presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006), ganó notoriedad por lanzar la frase del ‘Nunca Más’, en alusión a las atrocidades del pasado cometidas por los militares. Juan Emilio Cheyre, al frente del Ejército chileno entre 2002 y 2006, fue detenido tras ser procesado junto a otras ocho personas por el juez Mario Carroza, por el asesinato de 15 opositores en La Serena (500 km al norte de Santiago), en el marco de la llamada “Caravana de la Muerte” que recorrió varias ciudades del país. (I)