Es uno de los temas “valóricos” que generan más debate en Chile: el aborto. No por nada es el único país de Sudamérica donde el aborto no está contemplado en ninguna de sus formas, ni siquiera si la madre corre peligro o en caso de violación. Pero esta realidad ha cambiado. Esta semana, la Comisión de Salud del Senado aprobó el proyecto de aborto, un propósito enviado por la presidenta Michelle Bachelet a comienzos de 2015, aunque en solo tres causales. Por tres votos a favor y dos en contra, esta comisión de la Cámara Alta dio luz verde al planteamiento que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por tres motivos: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Ahora, esta iniciativa pasará a la comisión de Constitución para luego ser revisada por la sala del Senado chileno. La aspiración de la mandataria Bachelet es cambiar una realidad dramática. Aunque no hay cifras oficiales, Naciones Unidas estima que en su país se producen anualmente entre 60.000 y 70.000 de estas intervenciones ilegales. Según un informe del Centro de Medicina Embrionaria Experimental y Salud Materna (Melisa Institute), en Chile se realizan 18.000 abortos al año, aunque estimaciones de la Universidad de Chile hablan de al menos 100.000. De todos modos el número podría ser incluso mayor. Los cálculos del sector salud estiman que se producen anualmente hasta 140.000 de estas interrupciones voluntarias y prematuras de embarazos de forma ilegal. A nivel latinoamericano, la prohibición de estas prácticas en Chile es comparable con lo que ocurre en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití. La propia Bachelet ha dicho que unas 16.510 mujeres ingresan anualmente en los hospitales del país por embarazos de menos de 22 semanas relacionados con peligro para la vida de la madre o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Al año se registran 500 muertes por malformación fetal. Durante 58 años, entre 1931 y 1989, el aborto terapéutico fue legal en Chile. Eso, hasta que en 1988, en el penúltimo año del régimen de Augusto Pinochet, se prohibió de manera arbitraria cortar los embarazos de manera abrupta. Desde entonces, Chile ha sido el único país de la región donde el aborto está penalizado sin excepciones. “Liberar a la mujer significa liberar la sexualidad. Pero para que el derecho sea libre y que ellas no sean reducidas en su rol de reproducción, la libertad de la sexualidad se sustenta en que haya sexualidad responsable”, afirmó el legislador de la Nueva Mayoría (oficialismo), Guido Girardi, quien agregó que hay que decidir “si a las mujeres se les va a tratar como sujeto de derecho pleno o se les va a menoscabar”. Pero el senador de oposición, Francisco Chahuán, argumentó que “el aborto es una afectación a los derechos del género femenino, es un mal, es algo complejo, llega a resultar hasta angustioso para las damas, incluso les provoca daño sicológico. Por otro lado constituye un trauma que perdura por muchos años y es muy difícil de borrar. La verdadera solución es la que solucione las causas que llevan a esa mujer a ese embarazo vulnerable, ese es el acompañamiento”. Según una encuesta reciente de radio Cooperativa, el 58% de los chilenos está a favor del aborto si hay malformación del feto, si corre peligro la vida de la madre o en caso de violación. A su vez, el 20% se mostró a favor de la interrupción del embarazo en toda circunstancia y el mismo porcentaje se manifestó en contra en cualquier caso. Pese a la aprobación en la Comisión de Salud del Senado, el proyecto enfrenta un complejo escenario durante su segundo trámite constitucional. Esto, porque la iniciativa debe tener carácter de urgente, de lo contrario, no será vista prontamente por la Comisión de Constitución, que tiene una sobrecarga de trabajo. Según explicó la titular del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, la idea del Gobierno es que la iniciativa pueda ser promulgada en enero de 2017. (I) DATOS Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro de muerte de la madre o inviabilidad del feto. Pero antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió, manteniéndose esa decisión inalterada, siendo uno de los pocos países del mundo en donde la interrupción del embarazo no está permitida bajo ninguna circunstancia; también se criminaliza esta práctica en cualquier circunstancia. De acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2012 había 221 chilenas cumpliendo algún tipo de pena por abortar o ayudar a realizar esta práctica. Los gobiernos democráticos, en 24 años, no han evitado que se realicen estas intervenciones de manera clandestina. Según el Ministerio de Salud, cada año existen unos 33.000 egresos hospitalarios por esta situación, tanto en el sistema público como privado, sin poder distinguir entre los casos espontáneos y provocados. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia solicitó el pasado 16 de agosto que se priorice y acelere la tramitación del proyecto para la despenalización del aborto en tres causales luego de que se difundiera el embarazo de una niña de 11 años resultado de una violación. La Policía detuvo al sujeto de 41 años en Villarrica quien resultó ser la pareja de su madre. El abusador ultrajó sostenidamente a la niña, quien ya tiene 5 meses de gestación. El caso generó un hondo pesar y un arduo debate en la sociedad chilena. (I)