El interrogatorio del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por presunto "tráfico de influencias" en la compra de aviones caza suecos, previsto inicialmente para el próximo martes, fue pospuesto, informó este jueves un tribunal de Brasilia.

El aplazamiento obedeció al pedido de uno de los acusados, precisó en un comunicado el magistrado Vallisney de Souza Oliveira, a cargo del caso, sin marcar nueva fecha para la audiencia.

El exmandatario de izquierda (2003-2010), que logró sacar a 28 millones de brasileños de la pobreza, es acusado de supuestamente lucrar de forma ilegal para favorecer la adquisición por parte del Estado brasileño de 36 cazas Gripen de la sueca Saab durante el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016).

Esa operación, en la que también compitieron Francia y Estados Unidos, fue anunciada a fines de 2013 por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares.

La investigación reveló que la empresa de lobby Marcondes e Mautoni (M&M) solicitó dinero a Saab con el pretexto de interceder en la compra de los aviones. La firma europea llegó a transferir 744.078 euros antes de que el delito fuera detectado.

Parte de ese dinero, junto al de otras compañías que también pagaron a M&M por la supuesta "influencia de Lula en el Estado", fueron traspasados a la empresa LFT Marketing Esportivo, perteneciente al hijo del expresidente, mediante contratos ficticios, de acuerdo con la acusación.

La fiscalía sostiene que LFT cobró en total 2,25 millones de reales (1,04 millones de dólares, al cambio promedio de 2013).

Lula, de 72 años, fue condenado el mes pasado a 12 años y un mes de cárcel por una corte de apelaciones, como el supuesto propietario de un apartamento que la constructora OAS le habría ofrecido a cambio de su "influencia para obtener contratos" en Petrobras.

Sus abogados apelarán este mes la condena por el caso OAS y aguardan el resultado de dos habeas corpus presentados ante el Superior Tribunal de Justicia y la corte suprema para evitar que lo detengan antes de que se agoten todas las instancias judiciales.

El líder de izquierda, favorito en las encuestas para las elecciones de octubre, se debate en un pantano judicial que incluye una condena, seis juicios y dos denuncias, situación que ha denunciado como la construcción de un sabotaje para impedir su vuelta a la presidencia.

Pero aun si lograra conservar su libertad hasta el 15 de agosto, fecha límite para inscribir su candidatura, deberá buscar una vía para evitar que el Tribunal Superior Electoral la invalide con la ley de la "Ficha sucia", que impide que los condenados en segunda instancia se postulen a cargos electivos. (I)