El expresidente peruano Alberto Fujimori, indultado en diciembre pasado, recibirá una pensión como excatedrático y exrector de la Universidad Nacional Agraria por unos $ 488 mensuales, según informó hoy un diario local.

La pensión por 1.589 soles fue aprobada por el centro de estudios, según un documento entregado al diario El Comercio, y el trámite para el pago se encuentra en proceso.

Fujimori inició el pedido en junio del año pasado para reactivar su pensión por cesantía, suspendida desde 2001, un año después de su renuncia a la presidencia de Perú por un escándalo de corrupción.

En esa época empezaron en el país los procesos por corrupción y violación a los derechos humanos contra el exmandatario, que se instaló en Japón hasta 2006, y concluyeron en 2009 con la sentencia por 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

El jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la universidad, Luis Antonio Bringas, precisó en el documento que Fujimori percibió la pensión hasta octubre de 2001 y que a partir de noviembre de ese año fue abonada en el Banco de la Nación hasta 2003, pero que al no ser cobrada fue anulada.

La reactivación de la pensión al exgobernante incluirá los incrementos que se produzcan en el futuro, añadió la fuente del centro de estudios.

El procurador anticorrupción Amado Enco ha solicitado información a una serie de entidades, incluida la universidad Agraria, para identificar recursos del exmandatario que puedan ser embargados para cubrir la reparación civil de 51 millones de soles ($ 15,7 millones) que aún debe al Estado peruano.

No obstante, la pensión que ha sido aprobada por el centro de estudios no podría ser embargada porque no llega a las cinco unidades de referencia procesal, que asciende a 2.025 soles ($ 623), indicó El Comercio.

El expresidente, de 79 años, vive ahora en una lujosa residencia en una exclusiva zona de Lima tras recibir el indulto humanitario y derecho de gracia otorgados por el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y que ha generado el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, partidos políticos y agrupaciones civiles. (I)