A nivel de América del Sur, los ecuatorianos son los que más confían en que el culpable de un delito va a ser debidamente procesado y castigado por los órganos judiciales internos, con respecto a los demás países de la región.

Esa conclusión fue recogida en el informe “La cultura política de la democracia en las Américas 2014”, el cual también señala que el Ecuador ocupa el segundo lugar en la región en lo que se refiere a la confianza de los ciudadanos en las cortes de justicia y en el sistema judicial en general.

El estudio internacional se realiza cada 2 años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), que estableció, en 2004, el Barómetro de las Américas, una iniciativa multinacional de instituciones académicas y expertos de todo el continente, que esta vez efectuó encuestas sobre valores y comportamientos democráticos en 28 países del continente americano.
 

Durante el 2004 se llevó a cabo la primera ronda de encuestas del Barómetro de las Américas, en la cual participaron 11 países; la segunda ronda fue realizada en 2006 e incorporó a 22 países a lo largo del hemisferio.

En 2008, el proyecto abarcó a 24 países de las Américas y más de 36.000 individuos fueron incluidos. En 2010 se aumentó a 26 países que fueron encuestados, e incluyó por primera vez a Trinidad y Tobago y Surinam, y se realizaron más de 43.000 entrevistas.

En el informe del 2012, el LAPOP se centró en examinar las desigualdades que afectan la calidad, y en algunos casos la estabilidad de la vida social, económica y política en las Américas y partió de un extenso grupo de preguntas que se formularon a más de 41.000 personas de 26 países, que lo convirtió en un proyecto de entrevistas regional.

En 2014 el estudio, que entrevistó a más de 50.000 personas de 28 países no solo incluyó la percepción de inseguridad, sino también un cuestionario para averiguar el nivel de confianza en las instituciones judiciales de cada nación, a fin de complementar el proyecto con una visión completa sobre la valoración de los ciudadanos de las instituciones políticas, jurídicas, económicas y democráticas.

Esta actividad ha permitido que el proyecto registre desde el 2004  los cambios en la región con indicadores vitales para la calidad y salud de la democracia en América.

Primeros en Sudamérica

Una de las conclusiones del Barómetro indica que nuestro país “ha experimentado significantes mejoras en la cantidad de confianza de los ciudadanos referente a la habilidad que tienen las estructuras judiciales en castigar al culpable de cometer un delito”.

En esta área liderada por Ecuador en América del Sur con el 47,9% le sigue Colombia, que tiene 42,7%, Uruguay 40,8% y Paraguay con el 38,5%. Sobre el nivel de confianza en la justicia, Uruguay destaca con el 49,9%, seguido de Ecuador con 48,2%, Argentina con 43,9% y Colombia con 43%.

También el país está segundo en el nivel de confianza en las cortes  nacionales, con el 46,3%, después de Argentina 47,4%. Le sigue a Uruguay con 45,3% y Brasil 40,7%.

El estudio sobre el contexto de la confianza en los sistemas de justicia colocó a Ecuador entre los 6 primeros de la lista, liderada por Canadá (58%) e integrada por Nicaragua (54,5%), Costa Rica (52,9%), Uruguay (49,9%), Panamá (49%). En este rubro Ecuador tiene 48,2%.

El informe considera  que Venezuela, Brasil, Chile, El Salvador, Guyana y Belice son los países que registran la mayor reducción en los niveles de confianza ciudadana en su sistema judicial.

Lucha contra la impunidad

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que le parecía “interesante y satisfactorio estas ubicaciones que no ha tenido el Ecuador nunca antes”, lo cual se enmarca dentro del trabajo que viene realizando el sector justicia en la lucha contra la impunidad.

Jalkh también recordó que otra encuesta fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “que representó a más de 31.000 familias encuestadas a nivel nacional, donde se constató un incremento en el nivel de satisfacción de los usuarios. Aún falta mucho por hacer. Nos alegran estos datos, pero no estamos satisfechos todavía, tenemos que mejorar muchísimo”, enfatizó.

El penalista José Luis Mestanza considera que la justicia en el Ecuador ha experimentado avances innegables, no solo en el aspecto de infraestructura como salas de audiencias o edificios adecuados, sino que existe mayor agilidad procesal especialmente en el campo penal.

Además, manifestó que en general las autoridades judiciales están en esa dinámica de mejorar especialmente la atención al usuario para que tenga acceso a la justicia, “personalmente he comprobado que se están omitiendo trámites o peticiones innecesarios que contribuyen a la rapidez procesal en el camino de que los jueces emitan sentencias sin demoras”.

Sin embargo, considera que debe haber mayor capacitación especialmente de los trabajadores judiciales para que sean un aporte. “Entiendo que estos cambios forman parte de un proceso que está en marcha y que han mejorado la administración de justicia en el país”, agregó.

Encuesta interna

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, realizada en diciembre de 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), incluyó un módulo sobre percepción de los servicios de justicia en la ciudadanía.

El estudio indicó que el 52% de personas consultadas califica al funcionamiento del Consejo de la Judicatura como bueno, y 9,5% como excelente, lo que da una percepción positiva de 61,8%.

La encuesta se elaboró a base de cuestionarios respondidos por los integrantes mayores de 16 años de 31.092 familias a nivel nacional.

De 347.814 personas que confirmaron haber acudido a las unidades judiciales del país, el 16,9% afirmó sentirse totalmente satisfecho, 40,2% muy satisfecho y medianamente satisfecho el 18,8%; esto da una valoración positiva de 75,9% al trabajo efectuado por la judicatura.

En la encuesta que se aplicó en las zonas urbanas como rurales, también se midió la percepción ciudadana sobre otras instituciones del sector justicia, entre ellas, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública.
Los centros de mediación fueron parte de la encuesta y la ciudadanía la calificó de buena con el 51,5% y excelente 12,6% en cuanto al funcionamiento.