El litigio oral dificulta la defensa de los detenidos en Perú

En las c&aacute;rceles de Per&uacute;, el espacio destinado para recibir a un interno es ocupado por dos. Los 67 centros penitenciarios, con capacidad para recibir unos 33.300 reos, encierran actualmente a 76.400, es decir 124% m&aacute;s de su capacidad. Las preocupaciones sobre la poblaci&oacute;n carcelaria son evidentes. En 2010, cuando los presos todav&iacute;a no superaban los 40 mil, organizaciones de veedur&iacute;a ciudadana advirtieron que las c&aacute;rceles eran una bomba de tiempo: no serv&iacute;an para la rehabilitaci&oacute;n de delincuentes, sino para el perfeccionamiento de los m&eacute;todos de delinquir, la formaci&oacute;n de bandas organizadas y la protecci&oacute;n de individuos dedicados a la extorsi&oacute;n. Una de las v&iacute;as que continuamente se nombran como determinantes para alivianar en algo este problema es el buen ejercicio de la ley, mediante el cual los delitos pueden hallar una condena justa, agilitando el ingreso y la salida de reclusos, cuyo resultado inmediato ser&iacute;a la reducci&oacute;n de la poblaci&oacute;n carcelaria. Pol&eacute;mica por Ley de Flagrancia Pero contraria a esa percepci&oacute;n general, la reciente aprobaci&oacute;n de la Ley de Flagrancia ha levantado pol&eacute;mica. La norma, inscrita a mediados de diciembre en el registro oficial, dispone que se sancionen, en menos de 72 horas, a las personas que sean encontradas infraganti, cometiendo imprudencias o delitos menores. Se cuentan bajo esa categor&iacute;a de faltas las agresiones, hurtos, omisi&oacute;n de asistencia familiar, drogadicci&oacute;n y manejo de veh&iacute;culos bajo los efectos del alcohol. El objetivo de esta norma procura agilidad en la soluci&oacute;n de controversias menores, como su m&aacute;xima aspiraci&oacute;n. La implementaci&oacute;n de procesos de defensa oral, la reducci&oacute;n de carga procesal y la emisi&oacute;n de sentencias en tiempos m&iacute;nimos conforman el contexto con el que se busca descongestionar el panorama de litigio en Per&uacute;. El Poder Judicial, la segunda instituci&oacute;n con menos credibilidad entre los habitantes del pa&iacute;s, es el ente encargado de poner en vigor la nueva ley. Para ello, anuncia la creaci&oacute;n de unos 126 juzgados de flagrancia, que servir&iacute;an como v&iacute;a alterna para dar tr&aacute;mite a los casos judicializables. De acuerdo con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Julio Mag&aacute;n, la puesta en marcha de estos juzgados significar&aacute; una cat&aacute;strofe para las c&aacute;rceles del pa&iacute;s. Seg&uacute;n sus c&aacute;lculos, la expectativa mensual para cada Juzgado de Flagrancia es la de sentencia condenatoria al menos a 10 individuos hallados en falta. Esto har&iacute;a que, mensualmente, unas 1.500 personas se sumen a los pabellones de detenci&oacute;n, dando un total de 17 mil nuevos presos cada a&ntilde;o. &iquest;D&oacute;nde se acomodar&aacute;n estos si, actualmente, la sobrepoblaci&oacute;n de reos es desbordante? Para el jurista Marcel Mel&eacute;ndez, la Ley de Flagrancia se caracteriza por obedecer a la presi&oacute;n medi&aacute;tica. &ldquo;No se ha realizado una valoraci&oacute;n clara, concienzuda, de lo que significa dictar una ley de estas caracter&iacute;sticas. Se busca, de forma poco responsable, responder a la presi&oacute;n social frente al aumento desmedido de la violencia en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. Valdr&iacute;a preguntarnos si normas como estas no revelan el manoseo constante al que ha estado sometido el C&oacute;digo Penal&rdquo;. Y es que las cr&iacute;ticas a la norma obedecen a la poca efectividad en el marco global de su cumplimiento. Desde su entrada en vigencia, unas 37 personas han sido sometidas a juzgamiento, recibiendo, en la mayor&iacute;a de los casos, sanciones que los mantendr&aacute;n entre 2 y 5 a&ntilde;os fuera de las calles. El caso m&aacute;s sonado, por la inmediatez de las acciones, fue el de Silvana Buscaglia Zapler, una iracunda mujer que golpe&oacute; a un polic&iacute;a, despu&eacute;s de que este la amonestara por el estacionamiento indebido en el aeropuerto Jorge Ch&aacute;vez. Televisi&oacute;n, prensa y radio difundieron durante una semana los detalles del incidente, utiliz&aacute;ndolo como una medida ejemplar para frenar este tipo de abusos, comunes en las calles de Lima. Para el soci&oacute;logo Iv&aacute;n Cardoso, el enfoque que sobre las faltas tiene el Estado se pone en juego con la aprobaci&oacute;n de la nueva Ley de Flagrancia. &ldquo;Deber&iacute;a existir un debate sobre la pertinencia de reprimir toda falta con penas de c&aacute;rcel. As&iacute; podr&iacute;an ingresar a la escena medidas alternativas, sustitutivas, que abran nuevas v&iacute;as de descongesti&oacute;n y deshacinamiento en las c&aacute;rceles del pa&iacute;s. Si esas alternativas no se visibilizan, el ciudadano ve como &uacute;nica victoria al encierro, a la privaci&oacute;n de libertad&rdquo;, indica el soci&oacute;logo. Falta dominar litigaci&oacute;n oral afecta la defensa Pero la falta de debate se nota tambi&eacute;n alrededor de los nuevos recursos que debe usar un abogado para defender a los acusados bajo la figura de la Ley de Flagrancia. La sustentaci&oacute;n oral de un juicio, mecanismo medular de acci&oacute;n para la agilidad de los tr&aacute;mites, parece no ser dominada por los letrados.En lo que va de inscrita la ley, en Arequipa, por ejemplo, el 50% de casos de flagrancia ha sido perdido por los acusados debido a la pobre defensa oral que sus abogados han ejercido. &ldquo;Se trata de un cambio de paradigma en el medio judicial. En Per&uacute; los documentos escritos siguen siendo la representaci&oacute;n simb&oacute;lica de la verdad. Si se trata de oralizar las defensas se debe ejercitar los argumentos, actualizar el conocimiento de la ley, algo que la mayor parte de los abogados no har&aacute;n&rdquo;, sentencia Mel&eacute;ndez.Se estima que cada 2 a&ntilde;os la poblaci&oacute;n carcelaria de Per&uacute; crece en promedio 32%. La nueva Ley de Flagrancia, aprobada cuando 8 de cada 10 peruanos declaran haber sido v&iacute;ctimas de alg&uacute;n tipo de violencia o acto delincuencial, parece no mirar el contexto completo en el que se ejecuta, y obedecer de forma primordial a la voz popular que reclama seguridad en las calles. Llenar las c&aacute;rceles sigue siendo la respuesta medi&aacute;tica a todo el problema de la inseguridad ciudadana. (I)