Arturo Jarrín fue drogado en Panamá y traído a Ecuador en estado de inconsciencia

Un exagente paname&ntilde;o, rindi&oacute; una declaraci&oacute;n anticipada, en calidad de testigo protegido, la tarde del mi&eacute;rcoles &uacute;ltimo, dentro de las investigaciones para esclarecer la muerte de Arturo Jarr&iacute;n, exdirigente del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), ocurrida en octubre de 1986. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, explic&oacute; que el declarante, era agente de inteligencia perteneciente a las Fuerzas de Defensa de Panam&aacute;, &ldquo;&eacute;l nos relat&oacute; que recibi&oacute; una orden del jefe del G-2 paname&ntilde;o, el coronel Bernardo Barrera, con una informaci&oacute;n relevante para la detenci&oacute;n de Jarr&iacute;n&rdquo;, dijo. El agente trajo un documento El documento que entreg&oacute; el oficial estaba un poco ra&iacute;do, explic&oacute; el fiscal, pero fue ingresado en la cadena de custodia para m&aacute;s adelante realizar las pericias necesarias. All&iacute; se daban los detalles de c&oacute;mo ubicar a la persona que llevaba el nombre supuesto con el cual hab&iacute;a ingresado Jarr&iacute;n a Panam&aacute;. El testigo reiter&oacute; que Jarr&iacute;n fue entregado con vida a representantes de la embajada del Ecuador en Panam&aacute;, concretamente hizo menci&oacute;n al agregado militar de ese entonces, &mdash;quien ya rindi&oacute; su versi&oacute;n&mdash;, y que confirm&oacute; que &eacute;l recibi&oacute; al exactivista con vida, indic&oacute; Chiriboga. Jarr&iacute;n fue entregado vivo en el aeropuerto a 3 representantes del Gobierno ecuatoriano en Panam&aacute;, entre ellos el ex agregado militar en ese pa&iacute;s, Rub&eacute;n P., manifest&oacute; el exagente de inteligencia del G-2 de las Fuerzas de Defensa de Panam&aacute;, que detuvo a Arturo Jarr&iacute;n en ese pa&iacute;s, la noche del 24 de octubre de 1986. Le inyectaron una sustancia roja Al exintegrante de AVC, le aplicaron &ldquo;una sustancia roja en los gl&uacute;teos y qued&oacute; en un estado de inconsciencia, luego fue subido a un veh&iacute;culo y trasladado al aeropuerto de ese pa&iacute;s, revel&oacute; el testigo protegido de la Fiscal&iacute;a. Insisti&oacute; que el general Manuel Antonio Noriega, exgobernante de Panam&aacute;, dispuso la detenci&oacute;n de Jarr&iacute;n a pedido del expresidente de Ecuador, Le&oacute;n Febres-Cordero (fallecido). La orden fue impartida al Jefe del G-2, quien a su vez dispuso al exagente su localizaci&oacute;n y posterior captura de Jarr&iacute;n. Seg&uacute;n Chiriboga, por informaci&oacute;n de inteligencia conoc&iacute;an los movimientos del hoy fallecido. Cit&oacute; como ejemplo, las llamadas que efectu&oacute; de una cabina telef&oacute;nica, las que eran monitoreadas por los organismos de seguridad de ese pa&iacute;s. &ldquo;El agente sab&iacute;a que &eacute;l iba a realizar una llamada a Nicaragua; llega a las cabinas y le pregunta al operador si alguna persona hab&iacute;a solicitado una llamada para ese pa&iacute;s centroamericano y le indican que era Jarr&iacute;n. Al terminar de hablar, proceden a detenerlo&rdquo;, dijo el funcionario. Para Chiriboga existi&oacute; una cooperaci&oacute;n entre los gobiernos de Panam&aacute; y Ecuador en este caso. &ldquo;Porque no se explica de otra manera la directa participaci&oacute;n del general Noriega. El testigo protegido dec&iacute;a que en Panam&aacute; no se mov&iacute;a un papel sin que el general Noriega no lo autorizara o supiera&rdquo;. La versi&oacute;n del agente permiti&oacute; determinar que las actividades de personas vinculadas a organizaciones de izquierda en Panam&aacute;, procedentes de Colombia y Per&uacute;, eran conocidas por el gobierno de ese pa&iacute;s. Se present&oacute; una versi&oacute;n distinta Ante la posici&oacute;n de ciertos sectores pol&iacute;ticos que cuestionan que actualmente salgan a la luz, una serie de casos de violaci&oacute;n a los derechos humanos y se judicialicen, el Fiscal del Estado record&oacute; que los hechos se registraron hace 30 a&ntilde;os y se mostraron de una manera distinta a como en realidad ocurrieron. &ldquo;Los relatos son fruto de nuestras investigaciones desde hace 4 a&ntilde;os. La informaci&oacute;n y los hechos se procesan cuando se dan, no tienen relaci&oacute;n con un entorno pol&iacute;tico, manifest&oacute; Chiriboga. &ldquo;Lo que s&iacute; me parece cierto es que el dominio pol&iacute;tico de esa &eacute;poca hac&iacute;a cosas extra&ntilde;as como mentirle al pa&iacute;s, al decir que Arturo Jarr&iacute;n fue ejecutado en un enfrentamiento con la Polic&iacute;a, cuando eso es evidentemente falso, afirm&oacute;. &ldquo;Es falso, porque Jarr&iacute;n huy&oacute; del Ex-Penal Garc&iacute;a Moreno, y por lo tanto estaba sometido a un proceso penal. Si fug&oacute; y se refugi&oacute; en Panam&aacute;, lo razonable era que las fuerzas de seguridad, que conoc&iacute;an de su situaci&oacute;n jur&iacute;dica, lo deporten y entreguen a las autoridades judiciales del Ecuador&rdquo;, expres&oacute;. Este fue el sexto testigo protegido que rindi&oacute; su testimonio ante la jueza nacional Silvia S&aacute;nchez, en el caso que investiga la muerte del exintegrante de AVC. Ejecuci&oacute;n extrajudicial La Fiscal&iacute;a sostiene que Jarr&iacute;n no falleci&oacute; por un enfrentamiento con la Polic&iacute;a, sino que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente. En septiembre de 1986, el militante de AVC estaba en la clandestinidad y ten&iacute;a previsto viajar a Europa. Su periplo inici&oacute; a trav&eacute;s de Colombia, de ah&iacute; fue a Panam&aacute;, seguir&iacute;a por Holanda y luego Serbia. El 7 de octubre arrib&oacute; a Panam&aacute;, donde permaneci&oacute; hasta el 24 de ese mes, fecha en la que fue detenido cuando realizaba llamadas telef&oacute;nicas. Al llegar a Quito, Arturo Jarr&iacute;n fue trasladado a &lsquo;La Remonta&rsquo;, en Tambillo. All&iacute; fue torturado, seg&uacute;n revel&oacute; la autopsia. La Fiscal&iacute;a se&ntilde;ala que finalmente fue ejecutado extrajudicialmente en el sector de Carcel&eacute;n, al norte de la capital, el 26 de octubre de 1986. Debido a este suceso 13 personas est&aacute;n procesadas. Se acusa a los implicados de una presunta detenci&oacute;n ilegal, tortura y ejecuci&oacute;n extrajudicial, lo que en contexto constituye un crimen de lesa humanidad. (I) ------------------------- Noventa d&iacute;as de investigaciones El caso se halla en la fase de instrucci&oacute;n fiscal Dentro de las investigaciones que realiza la Fiscal&iacute;a para determinar responsabilidades penales en torno a la muerte de Arturo Jarr&iacute;n, exintegrante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), registrada en octubre de 1986, dos testigos protegidos rindieron su testimonio anticipado el 15 de junio de 2016. Uno de ellos confirm&oacute; que Jarr&iacute;n lleg&oacute; con vida desde Panam&aacute; a la Base de la Fuerza A&eacute;rea de Quito y fue recibido por el entonces ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza; su asesor, Gustavo Lemus, involucrado por la Comisi&oacute;n de la Verdad en supuestas violaciones a derechos humanos; el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales, (UIES), &Eacute;dgar V., y otros agentes. El testigo protegido revel&oacute; que Eduardo Z., exoficial de la UIES y responsable de traer a Arturo Jarr&iacute;n desde Panam&aacute;, amenaz&oacute; con un arma de dotaci&oacute;n al piloto de la aeroambulancia porque este se habr&iacute;a negado a conducirlos hasta Ecuador, al considerar que se trasladaba a una persona cuyo estado era de secuestro. Una caravana de 3 veh&iacute;culos traslad&oacute; a Jarr&iacute;n hasta &lsquo;La Remonta&rsquo; en donde funcionaban las caballerizas de la Polic&iacute;a Nacional, en el sector de Tambillo. All&iacute; fue torturado, seg&uacute;n lo revel&oacute; la autopsia. La Fiscal&iacute;a se&ntilde;ala que Jarr&iacute;n fue ejecutado extrajudicialmente en Carcel&eacute;n, norte de la capital, la noche del 26 de octubre de 1986. En aquella &eacute;poca, la Polic&iacute;a Nacional y las autoridades de Gobierno indicaron que Jarr&iacute;n falleci&oacute; durante un enfrentamiento con miembros policiales que patrullaban casualmente por Carcel&eacute;n, norte de Quito. El 28 de junio de 2016, los jueces nacionales Jorge Blum, Luis Enr&iacute;quez y Miguel Jurado ratificaron, en forma un&aacute;nime, la orden de prisi&oacute;n preventiva en contra de &Eacute;dgar V. y H&oacute;lger S., dos de los 13 procesados por su presunta participaci&oacute;n en la detenci&oacute;n ilegal, tortura y ejecuci&oacute;n extrajudicial, en el contexto de un crimen de lesa humanidad del dirigente del grupo AVC. El 28 de abril de 2016, Silvia S&aacute;nchez, jueza de la Corte Nacional de Justicia, (CNJ), orden&oacute; la instrucci&oacute;n fiscal contra 13 personas que estar&iacute;an involucradas. La magistrada dict&oacute; prisi&oacute;n preventiva contra 3 de los procesados, mientras que para los otros 10 dispuso la obligaci&oacute;n de presentaci&oacute;n peri&oacute;dica ante la autoridad y prohibici&oacute;n de salida del pa&iacute;s. Desde esa fecha, se abri&oacute; la instrucci&oacute;n fiscal por 90 d&iacute;as con el objetivo de recabar pruebas suficientes para emitir, en la audiencia de valoraci&oacute;n y preparatoria de juicio, el dictamen sobre los procesados. En caso de existir nuevas personas vinculadas con el proceso, la investigaci&oacute;n puede extenderse hasta 30 d&iacute;as. (I) ESCUCHE LA ENTREVISTA AL FISCAL GALO CHIRIBOGA SOBRE EL CASO JARR&Iacute;N