En América se analiza una reforma a las políticas de drogas aplicadas a mujeres

La mayor&iacute;a de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas en Am&eacute;rica Latina est&aacute;n en el m&aacute;s bajo nivel de la cadena del crimen organizado. Son peque&ntilde;as vendedoras, &lsquo;correos humanos&rsquo; o transportadoras. En Ecuador, seg&uacute;n un reporte del Ministerio de Justicia, hasta septiembre de 2015 hab&iacute;a 1.626 mujeres en los Centros de Rehabilitaci&oacute;n Social (CRS). De estas, 656 lo est&aacute;n por delitos relacionados con las drogas, es decir m&aacute;s del 40%. Expertos en las &aacute;reas de g&eacute;nero, derechos humanos y pol&iacute;ticas de drogas, que trabajan en los gobiernos, la academia o que son representantes de la sociedad civil en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, M&eacute;xico, el Reino Unido y Uruguay prepararon un documento denominado: &ldquo;Mujeres, pol&iacute;ticas de drogas y encarcelamiento&rdquo;. Es una gu&iacute;a para reformar pol&iacute;ticas en Am&eacute;rica Latina y el Caribe. La problem&aacute;tica que plantearon fue que las mujeres de las Am&eacute;ricas est&aacute;n siendo encarceladas por estos delitos a un ritmo alarmante. En Argentina, Brasil y Costa Rica m&aacute;s del 60% de la poblaci&oacute;n carcelaria femenina cometi&oacute; esos delitos. As&iacute; consta en el documento publicado por el Consorcio Internacional sobre Pol&iacute;ticas de Drogas, la Comisi&oacute;n Interamericana de Mujeres de la Organizaci&oacute;n de los Estados Americanos, De Justicia y la Washington Office on Latin America. &ldquo;Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad p&uacute;blica. Por el contrario, la prisi&oacute;n suele empeorar la situaci&oacute;n. El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades&rdquo;, agrega el documento. Referida legislaci&oacute;n de Ecuador En el documento se menciona como experiencia de referencia que en agosto de 2014 Ecuador implement&oacute; el C&oacute;digo Org&aacute;nico Integral Penal (COIP) y se redujeron notablemente las sentencias para infracciones de poca monta relacionadas con drogas. Dado que el nuevo marco jur&iacute;dico pudo ser aplicado retroactivamente, en el primer a&ntilde;o de su implementaci&oacute;n m&aacute;s de 2.700 personas fueron liberadas de las c&aacute;rceles ecuatorianas. Adem&aacute;s, otras personas recibieron sentencias menos severas. En el caso de las mujeres, el porcentaje de ellas en prisi&oacute;n por delitos de drogas baj&oacute; de 80% a 43%. Eso fue un claro ejemplo de c&oacute;mo una reforma legislativa podr&iacute;a tener un impacto positivo. Prevenci&oacute;n con enfoque de g&eacute;nero Para Ricardo Loor Sol&oacute;rzano, l&iacute;der de prevenci&oacute;n de la Secretar&iacute;a T&eacute;cnica de Drogas (Seted) en la Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Dur&aacute;n y Samborond&oacute;n (Guayas), no se pueden tratar estos casos de la misma forma en hombres y mujeres. Indic&oacute; que el trabajo de la instituci&oacute;n creada en enero de 2016 est&aacute; basado en 3 ejes: la prevenci&oacute;n para el uso y consumo de droga, la prevenci&oacute;n del delito con &eacute;nfasis en el microtr&aacute;fico y la atenci&oacute;n integral. &ldquo;La prevenci&oacute;n del delito la vamos a impulsar y se considerar&aacute;n puntos espec&iacute;ficos en g&eacute;nero porque muchas mujeres son reclutadas para el tr&aacute;fico como mulas o son enga&ntilde;adas por amor. No hay una prevenci&oacute;n, no hay programas que les adviertan, que les presenten otras alternativas para no caer en ese delito. Estamos elaborando un plan estrat&eacute;gico y se tomar&aacute;n en cuenta estas realidades&rdquo;, precis&oacute;. Reiter&oacute; que el trabajo de prevenci&oacute;n y tratamiento debe ser diferente seg&uacute;n el g&eacute;nero y lament&oacute;, por ejemplo, que en Guayaquil no haya centros estatales para tratar a mujeres adultas ni adolescentes, pero s&iacute; hay 2 para varones. &ldquo;Ah&iacute; vemos una inequidad que debe corregirse, vamos a analizar la compra de servicios de centros privados para atenderlas. Pues, &iquest;qu&eacute; le queda a la familia?, meterlas en centros ilegales, mezcladas con hombres, adolescentes y adultos y esto puede generar abusos, acosos o violaciones&rdquo;. Loor indic&oacute; que &ldquo;es m&aacute;s dif&iacute;cil para la familia reconocer que la mujer es adicta&rdquo;. Mujeres seducen para que otros consuman droga Darwin Sangoquiza, jefe de la Unidad Contra el Tr&aacute;fico para el Consumo Interno (UCTCI) de la Zona 8, sostuvo que adem&aacute;s las f&eacute;minas son usadas para ingresar estupefacientes en sus partes &iacute;ntimas en los Centros de Rehabilitaci&oacute;n Social. &ldquo;Tambi&eacute;n son utilizadas en centros nocturnos o en barrios y -a trav&eacute;s de la seducci&oacute;n- ofrecen droga con la intenci&oacute;n de que las personas se vuelvan adictas. Hay mujeres que ayudan a sus esposos, sus hermanos; por ejemplo, van en los carros para despistar a los polic&iacute;as&rdquo;. A&ntilde;adi&oacute; que s&iacute; hay j&oacute;venes o adultas que son presionadas por organizaciones delictivas para dedicarse al microtr&aacute;fico. &ldquo;Es un compromiso desmantelar a esas bandas&rdquo;. En la gu&iacute;a consta que es urgente revisar las pol&iacute;ticas para que sean m&aacute;s incluyentes, que no se criminalice el consumo, que haya proporcionalidad de la pena; as&iacute; como indultos, amnist&iacute;as, conmutaci&oacute;n de la pena o reducciones retroactivas de la misma. Tambi&eacute;n pide eliminar la prisi&oacute;n preventiva en delitos de drogas; no usar esta medida cautelar para mujeres embarazadas o con personas dependientes (hijos, adultos mayores y personas con discapacidad), no penalizar a mujeres usadas en los campos para los consumos. Recomienda crear programas de inclusi&oacute;n social. Adem&aacute;s propone nombrar a un ministro de Gobierno con la responsabilidad de salvaguardar los intereses de los hijos de las personas encarceladas. (I)