Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra son algunas de las ciudades en donde se llevaron a cabo reuniones para socializar la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Justicia, convocó a diferentes representantes del sector civil, entre fundaciones, colectivos, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otros.

En Quito, participaron la Fundación Casa Refugio Matilde, Unicef, Pacha Queer, Coalición Nacional de Mujeres, Ministerio de Económico y Social (MIES), Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), ONU Mujeres, Surkuna, Mesa GLBTI Quito, ciudadanía en general, entre otras; quienes realizaron sugerencias y observaciones al marco legal.

Lucy Blacio, viceministra de Justicia, destacó que el Estado ha asumido la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad.

Añadió que a través del Reglamento se regularán las medidas administrativas de protección con las cuales se protegerán los derechos de las víctimas de violencia.

En Guayaquil, en cambio, se congregaron alrededor de 200 personas. En el Puerto Principal participó Gina Godoy, coordinadora del Ministerio de Justicia Zona 8, señaló que el objetivo es reducir las cifras de agresiones, especialmente de femicidios.

Según cifras de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) en 2017 se registraron 151 femicidios. De estas cifras, 35 casos se suscitaron en Pichincha; 13, en Azuay; seis en Chimborazo e igual número en Cotopaxi, entre otras.

En Ibarra, la socialización estuvo a cargo de Marisol Peñafiel, gobernadora de Imbabura, quien manifestó que “el Reglamento y la Ley Orgánica Prevenir y Erradicar la Violencia de Género son herramientas trascendentales para definir los mecanismos que permitan prevenir, atender, proteger y reparar a las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia”.

Mientras que en Cuenca, el proceso lo lideró Juan Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quien manifestó sobre la importancia que tiene la gestión articulada entre organizaciones, fundaciones y otros estamentos que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres; porque así se consigue institucionalizar mecanismos ágiles, oportunos y participativos que se articulan con las políticas de atención contra la violencia de género.

“Queremos que la construcción del Reglamento sea absolutamente, participativo y que cuente con aportes de las autoridades que están encargados de la aplicación” expresó el subsecretario. (I)