El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, manifestó este jueves que el dictamen abstentivo dictado por la fiscal Elba Garzón, "bajo su estricta responsabilidad" en el caso Petroecuador, tiene que ser elevado en consulta a la fiscal provincial de Pichincha Thania Moreno. Ello, a fin de cumplir el debido proceso y respetando los derechos tanto de la acusación particular de la estatal petrolera como de la defensa de los procesados.

En rueda de prensa, Carlos Tejada, gerente de Petroecuador, también expresó su preocupación y desacuerdo con el dictamen abstentivo. Exigió el análisis por parte de una instancia superior.

El Fiscal General aclaró que el dictamen no significa un sobreseimiento a favor de los procesados. Carlos P.Y. no se encuentra exento de cumplir con las penas a las que ya ha sido condenado, apuntó. Recordó que este mantiene abiertos otros 17 expedientes judiciales por delitos, entre ellos delincuencia organizada, cohecho, tráfico de influencias y otras por supuesto peculado.

Baca dijo que ahora corresponde a la jueza de Garantías Penales, Paola Campaña, el cumplimiento del artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), de elevar a consulta el dictamen para que un fiscal superior, en este caso Thania Moreno (quien además es fiscal general subrogante), de manera objetiva y jurídica revise la actuación que se ha emitido ayer.

Además, ratificó que las actuaciones de la Fiscalía se enmarcan en la ley y no constituyen persecuciones. "No se persiguen personas, se persiguen delitos y hechos".

En 2017, la Fiscalía y Carlos P. Y. firmaron un acuerdo de cooperación eficaz, tras entregarse a la justicia en agosto de ese año. No obstante, Baca Mancheno advirtió que hasta el momento el exministro "no ha develado nuevos hechos". Y advirtió que el dictamen de ayer no tiene nada que ver con el proceso de cooperación eficaz.

El miércoles, la fiscal Elba Garzón presentó un dictamen abstentivo a favor de Carlos P. y Diego T. al no encontrarse elementos para acusarlos en uno de los varios procesos por presunto peculado que investiga la Fiscalía en relación al caso Petroecuador.

Además, la jueza acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la revocatoria de la prisión preventiva dictada anteriormente en contra de los procesados por este caso particular.

'Capaya', exministro de Hidrocarburos, tiene dos sentencias, la una de 6 años de cárcel por asociación ilícita y de 5 años por cohecho (consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público a cambio de un favor). Ambos casos dentro del caso de corrupción de Petroecuador. Además, el juicio por tráfico de influencias está pendiente y sigue abierto el expediente por presunto lavado de activos. (I)