En los pasillos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)  hay tranquilidad y a la vez tensión. Todos saben que el fallo que hoy difundan los jueces Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez no solo decidirá la suerte del Vicepresidente de la República, sino el futuro político y judicial de Ecuador.

El país está atento a su sentencia. Así lo hizo conocer el presidente de la República, Lenín Moreno, quien sostuvo que está pendiente de la decisión en el juicio por la red de corrupción de la constructora Odebrecht, donde están acusados el vicepresidente, Jorge G., y otros siete procesados.

Los aliados del Segundo Mandatario, entre ellos su abogado, respondieron que lo dicho por Moreno es una clara presión contra los jueces  (ver subtema).

Los asambleístas Augusto Espinosa y Carlos Viteri cuestionaron el pronunciamiento de Moreno. Espinosa recalcó que “una verdadera  justicia es sentenciar solo si se demuestra culpabilidad mediante pruebas y no a través de opiniones”.  

Sin embargo, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aclaró que pedir que se haga justicia no es injerencia.

“Me parece muy justo y muy medido el anuncio del Presidente. Lo último que puede esperarse de un caso que escandalizó a todo el país, que develó una trama que le perjudicaba al país más pobre y débil, es impunidad”, dijo la funcionaria.

Añadió que el Mandatario, con sus palabras, le recuerda al servidor judicial que es un funcionario público que le tiene que responder al país.

Los partidos de oposición también se declararon en vigilia. Uno de ellos fue el movimiento CREO, del banquero Guillermo Lasso.

Se autoconvocó para hoy a una concentración en las afueras del máximo tribunal de Justicia, a la misma hora que se anunció la lectura de la sentencia.

La legisladora Ana Galarza dijo que es momento de movilizarse para exigir justicia y que los responsables respondan por el desfalco al Estado.

Lo mismo harán los grupos a favor del Vicepresidente, quienes por redes sociales se autoconvocaron para encontrarse en los exteriores de la CNJ. Mientras esto sucede, los magistrados Flores, Sánchez y Villagómez cumplieron ayer con una jornada normal de trabajo en sus despachos.

Los tres llegaron a la CNJ  con una larga trayectoria en su carrera judicial. Sus primeros trabajos fueron como ayudantes de juzgados o como agentes fiscales (ver subnotas inferiores). (I)

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Apelaciones

Luego de la sentencia
→El proceso penal en contra del vicepresidente Jorge G. no termina con la decisión del Tribunal Penal. Cualquiera de las partes puede presentar los recursos para que se amplíe o aclare la resolución. Además, pueden apelar el fallo.

La segunda instancia
→El proceso pasará a la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia para conocer las apelaciones. Los jueces que conocerán el caso serán elegidos mediante un sorteo entre los magistrados permanentes y los conjueces.

El derecho a la casación
→El proceso penal no termina con la resolución de la segunda instancia. El juicio podrá ser llevado a casación por cualquiera de las partes involucradas. Este expediente será tratado nuevamente por los miembros de la Corte Nacional de Justicia.

La Corte Constitucional
→La Carta Magna permite a una persona presentar un recurso de protección ante una sentencia judicial a la Corte Constitucional. Esta es la última instancia del juicio. Luego de esto solo quedan los tribunales internacionales de DD.HH.

El juicio suspendido
→La legislación nacional también establece que los juicios permanecerán suspendidos hasta que los acusados se presenten personalmente ante el tribunal penal. En el caso de la red de Odebrecht, el juicio se paralizó para tres personas.

La lectura será pública
→Los jueces de la Corte Nacional permitirán el ingreso de la prensa para presenciar la lectura de su resolución, que está prevista para las 16:00 de hoy. (I)

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Franco cree que se busca intimidar a la justicia

Las declaraciones del primer mandatario, Lenín Moreno, en su informe semanal de los lunes, incomodaron a Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente de la República, Jorge G.

Franco rechazó las declaraciones del Mandatario, quien señaló que no permitirá “una tomadura de pelo y una burla a la justicia, ni en este caso ni en ningún otro”.

Mediante una rueda de prensa, Franco Loor calificó ayer dicho anuncio del Presidente de la República como una forma de “intimidar” a la Función Judicial para que se emita una sentencia condenatoria en contra de su defendido.

“Son expresiones impropias de un Jefe de Estado. La justicia no puede estar intimidada por el Presidente, quien ha manifestado su animadversión al Vicepresidente de la República”, señaló el abogado.

En lo referente al proceso judicial que se lleva por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción por la red Odebrecht, Franco Loor insistió en que hasta la fecha no se ha presentado ni una sola prueba de la materialidad del delito en donde se vincule al Vicepresidente.

Por lo tanto, manifestó, se mantienen a la espera de que en este caso se dé una sentencia absolutoria.  

Añadió que el proceso judicial que se lleva en contra del Segundo Mandatario es un juicio “netamente político”, y sustenta su cuestionamiento en la sentencia que se le aplicó al delator de la compañía brasileña Odebrecht, José Conceição Santos, bajo el criterio de cooperación eficaz.

“Esa sentencia, entre comillas, contra Santos, no tiene valor legal en Ecuador porque no ha sido legalizada u homologada en Ecuador, de acuerdo al artículo 102 y 103 del Código General de Procesos. Esto es una violación a la Constitución del país”, aclaró el jurista.

Desestimó la sentencia de 6 años que pide el fiscal general, Carlos Baca, contra el Vicepresidente porque, de acuerdo a las investigaciones, “fue desincriminándose”.

Por lo tanto, consideró que el pedido de prisión del fiscal Baca es inducido para que se falle en contra de su defendido. Una prueba de ello -indicó- son las versiones de los testigos, que fueron a favor de la inocencia de Jorge G.

Además, incluye la versión de una perito traductora llamada Marlene Carrera, en la que detalla que no aparece el nombre de Jorge G. en las traducciones de los documentos, y no se encontró alguna evidencia de coimas o sobornos entre Odebrecht y su cliente.
“Eso no existe”, reiteró Franco Loor, refiriéndose al presunto delito de asociación ilícita.

Pidió que en la sentencia sea anulada la acusación particular entablada contra el Segundo Mandatario por el exasambleísta César Montúfar, ya que se trataría de un “descrédito para la justicia ecuatoriana”, por un equivocado tratamiento de la justicia, pues explicó que no se trata de un delito contra el Estado sino contra personas. (I)

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Édgar Flores es un juez al que le gustan las maratones

→Édgar Wilfrido Flores Mier es el juez ponente en el Tribunal que fue conformado para llevar la etapa de juicio en el proceso por asociación ilícita. Foto: Miguel Jiménez / et

Édgar Wilfrido Flores Mier no debía conformar el Tribunal penal que juzga a la red de corrupción de Odebrecht. Él llegó al caso en reemplazo del juez Marco Maldonado, quien se encuentra suspendido por una investigación administrativa en su contra, coincidentemente por el escándalo de la constructora brasileña.        

Ahora, Édgar Flores preside el Tribunal Penal y durante 15 días es quien ha llevado el orden en la audiencia. Esta no ha sido una tarea fácil, pues la presión de los actores políticos y la atención mediática cambiaron la rutina de la Corte Nacional de Justicia.

Pero, Flores sabe cómo manejarse en este tipo de situaciones. En el área profesional es un judicial con experiencia y conoce al detalle el manejo de los tiempos en el estrado. Como atleta también está acostumbrado a las sesiones de largo aliento, sin perder el ritmo ni la zancada.

Su carrera en la Justicia se inició en febrero de 1988. Ese año terminaba la primera parte de la carrera de Derecho en la Universidad Central y decidió tomarse un descanso en su natal Tulcán. Allí sus amigos le  animaron para que se postulara para ayudante judicial en el  Tribunal Penal de Carchi. Ganó el concurso, se quedó con el puesto y desde ahí empezó a escalar cada peldaño de la carrera judicial.

En sus 29 años de trayectoria ha sido, entre otros cargos, juez de Tránsito; juez de lo Civil; juez y presidente del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Carchi. “Todos esos cargos los gané en concursos de oposición y merecimientos”, dice con orgullo Flores.

Ese sistema de selección también marcó su llegada a la nueva Corte Nacional de Justicia. En 2012 fue nombrado conjuez permanente del máximo tribunal de justicia en el primer concurso organizado por el Consejo de la Judicatura de Transición, un organismo que se creó luego de la consulta popular de mayo de 2011, con el fin de reformar  la justicia del país.

Aunque logró su objetivo, ese proceso de evaluación no le trae muy buenos recuerdos a Flores. Él tenía las calificaciones a su favor, incluso estaba entre los 15 mejor puntuados para ser juez titular, pero su talón de Aquiles fue la entrevista que debían superar todos los candidatos: allí no logró convencer a los miembros del Tribunal. Entonces, fue designado como conjuez permanente de la Sala de lo Penal.

Ese nombramiento no lo desmotivó y participó de nuevo este año, logrando 98 puntos que lo catapultaron a una magistratura titular. Reemplaza a uno de los jueces que ya cumplió su ciclo en la Corte.

Flores compara la carrera judicial con la militar. Recuerda que se inició desde lo más bajo de la escala y ahora está en la Corte Nacional. Es decir, puede considerarse un “general”. Flores mata el estrés del trabajo en las pistas y en las calles. Es un amante del atletismo; todas las mañanas, desde las 05:30, sale a correr.

Ha participado en las competencias más conocidas de la capital: la 15k Últimas Noticias; la ruta de las iglesias y la media maratón de 21 kilómetros. También se escapa cada 15 días a Tulcán para ver a su esposa, aunque ella también viaja a la capital porque allí estudia su hijo la universidad. (I)

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Sylvia Sánchez anhelaba desde niña ser penalista

→El 20 de noviembre pasado Sylvia Ximena Sánchez Insuasti fue designada para integrar el Tribunal que juzgará al Vicepresidente y otros implicados. Foto: Miguel Jiménez / et

Uno de los recuerdos intactos de la niñez de la hoy juez Sylvia Sánchez son las caminatas con su padre por el campus de la Universidad Central de Quito.

Su papá la llevaba de la mano y  trataba de convencerla de que siguiera sus pasos en la Facultad de Medicina, donde él fue estudiante destacado y catedrático. Pero a Silvia le llamaba más la atención el mural pintado en la fachada de la Facultad de Derecho. Muy adentro de su corazón sabía que su destino era estudiar Jurisprudencia y así se lo hacía saber a su padre. Ese anhelo se concretó, fue a la Universidad y se graduó de abogada.

Su primer trabajo fue con el destacado juez quiteño Francisco Acosta Coloma. Él le tomó su primera evaluación para que entrara como ayudante a la Corte Superior de Pichincha. “En esa época no había concursos como los de hoy. La convocatoria se la hacía con carteles que se exhibían cerca de la Corte. Yo me animé y fui a rendir el examen porque siempre quise ser juez”. Ingresó como ayudante Judicial 1, la menor escala en la carrera judicial. Luego de un tiempo fue ascendida a la Secretaría del Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha y en ese momento se “enamoró” del área penal.

Considera que los juicios de esta materia tienen una mayor relación con los seres humanos. “Quiero ser justa y que cuando dicte sentencia lo haga condenando a quien realmente es culpable y absolviendo al inocente”, dice. Desde noviembre pasado integra el Tribunal Penal que juzga a los implicados en el presunto delito de asociación ilícita, entre ellos el Segundo Mandatario. Ese amor por la materia penal le hizo apostar por ingresar a la Fiscalía: quería saber los principios de investigación.

En 2008 manejó su caso más recordado y tuvo que seguir las pistas de denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de policías del ex-Grupo de Apoyo Operacional (GAO). Los miembros de este cuerpo uniformado fueron acusados de desapariciones, torturas y de armar falsos positivos para acusar a inocentes de delitos que no cometieron.

Ella dirigió esa investigación que concluyó con la condena de varios miembros del grupo policial.

En 2013 dejó la Fiscalía y participó  en el concurso para elegir a los integrantes de la Corte  de Pichincha. Obtuvo un puesto en la Sala de lo Penal, donde estuvo por dos años. En 2015 apostó por un ascenso y participó en la selección para jueces de la Corte Nacional, obteniendo nuevamente un puesto ahora en el máximo tribunal de justicia.

En la Corte Nacional ha estado a  cargo de casos polémicos, como los expedientes en contra del exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli; del exlegislador de Pachakutik, Cléber Jiménez; de su asesor, Fernando Villavicencio, y de la exlegisladora de Alianza PAIS, Esperanza G., quien fue acusada de beneficiarse de su cargo para obtener dinero. Los tres casos están ligados a denuncias contra funcionarios del anterior gobierno, al igual que ocurre hoy con el caso Odebrecht.

En la audiencia, Sánchez ha sido la más callada, pero siempre atenta a la declaración de jueces y testigos. Luego de sus largas jornadas de trabajo,  prefiere ir al gimnasio y los fines de semana dedicarlos a su familia. (I)

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Villagómez tiene en la escritura su otra pasión

→Richard Villagómez Cabezas, por sorteo integra desde noviembre pasado el Tribunal que juzga a los implicados en el presunto delito de asociación ilícita. Foto: Miguel Jiménez / et

En la hoja de vida de Richard Villagómez Cabezas hay un detalle que destaca entre todos: el número de libros que ha escrito en comparación con los años que lleva de ejercicio profesional.

Tiene 18 años en la carrera judicial, pero ha escrito 14 libros y va por su número 15, que espera terminarlo en enero del próximo año. Sus obras se especializan en Derecho Penal y específicamente en el tema de justicia indígena.

Entró a la Fiscalía de Chimborazo en 1999 y eso fue clave para su  experiencia como escritor penalista. Durante sus funciones trabajó constantemente en los cantones Alausí y Chunchi, donde dimensionó y entendió la relación intercultural con la nacionalidad quichua. Este contacto le sirvió para articular su discurso sobre la justicia indígena en la zona centro del país.  

En octubre de 2007 saltó a la fama cuando afrontó el robo de la custodia de Riombamba del Museo de Arte de las Madres Conceptas. Villagómez dirigió por dos años la investigación para encontrar a los responsables y recuperar el tesoro religioso y más querido por la comunidad chimboracense.   

Hasta ahora  recuerda un pequeño rastro que fue importante para desenmascarar a los responsables: los ladrones habían comprado información clave en el antiguo penal García Moreno de Quito. Esos datos le llevaron a encontrar a los responsables en Colombia. Los autores del robo fueron detenidos, pero no se logró recuperar intacta la joya histórica de los riobambeños.

Luego de su paso por la Fiscalía optó por ir a los juzgados y fue electo conjuez de la Corte de Tungurahua. En 2012 participó en el concurso para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia y obtuvo el puntaje para ser juez permanente de la Sala de lo Penal.

Su primer caso polémico en la Corte Nacional fue conocer el pedido del entonces fiscal, Galo Chiriboga, de archivar la denuncia que presentó el exlegislador Cléber Jiménez en contra del expresidente Rafael Correa, por supuesto delito de lesa humanidad en el 30-S.

Además, la Fiscalía le solicitó que calificara esa demanda como maliciosa y temeraria para que sirviera de base en el juicio penal en contra de Jiménez, de su asesor Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Ese año, Villagómez dio el primer paso para ese juicio, que luego lo siguió el juez titular Jorge Blum.

Ahora, Villavicencio y Jiménez son dos de los principales acusadores del vicepresidente Jorge G., por  presuntamente beneficiarse ilegalmente de Odebrecht.

En la audiencia de juzgamiento en contra del Segundo Mandatario, Villagómez ha sido el juez más activo, siempre preguntando a testigos o peritos cuando su declaración no ha sido clara. También toma apuntes permanentemente y consulta libros para tener una relación con los artículos legales que se exponen en el estrado.

Al dejar el trabajo, Villagómez prefiere estar en el hogar con su esposa y sus dos hijas. Sobre todo le gusta escaparse a Riobamba, donde se encuentra el resto de su familia. Allí le encanta ir de paseo al campo; el aire libre le sirve también para recargar las pilas para escribir sus libros y seguir con sus estudios. (I)