Desde 2008 hasta octubre de 2017, el Ministerio de Educación contabilizó 919 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, lo que equivale a un promedio de 102 casos cada año. Antes de este período no existen estadísticas.

Del total de casos se desprende que el 51% (469) fueron cometidos por docentes. En estos delitos también están involucrados compañeros de las víctimas, conserjes y hasta conductores de buses de transporte escolar.

Las cifras se elevan a partir de 2014. En ese año se reportaron 34 denuncias, mientras que en 2015 la cifra llegó a 94; en 2016 a 389; y de enero a octubre de 2017 suman 402.

Según el Ministerio de Educación, en 2014 se registraron 26 denuncias de delitos sexuales en el sistema educativo; en 2015 el número llegó a 79; en 2016 la cifra subió a 247; y de enero a octubre de 2017 suman 230.

Mientras tanto, fuera del sistema educativo se registraron 8 denuncias de delitos sexuales en 2014; en 2015 se reportaron 15; en 2016 llegaron a 142 y de enero a octubre de 2017 se contabilizaron 172.

Sin embargo, las estadísticas de la Fiscalía en relación a abusos sexuales no concuerdan con las del Ministerio de Educación (ver gráfico).

Por ejemplo, según cifras de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura, en 2015 reportaron 264 delitos sexuales en espacios educativos, mientras que el Ministerio de Educación habla de 94 casos.

De esos 264 casos, 152 se dieron en las aulas de los establecimientos educativos. Lo curioso es que solo 24 fueron denunciados por las autoridades del ramo; se realizaron 84 audiencias de juzgamiento por delitos sexuales en espacios educativos y apenas 57 tuvieron sentencias.

El Ministerio de Educación informó que ha referido a 453 docentes investigados por abuso sexual.

El debate se centra por ahora en endurecer o no las penas

Las últimas denuncias de delitos sexuales cometidos contra escolares han dado paso a un debate político-jurídico. Amapola Naranjo, de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo que trabajan en un proyecto de ley de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP),  para aumentar las penas.

Cree que es necesario realizar una política pública sobre el tema, con una Policía especializada en casos de abuso sexual y con trámites específicos en este sentido.

“Estamos proponiendo una condena de las tres cuartas partes de la pena máxima que se le da a un agresor sexual, que es de 40 años, para todo implicado en delitos como acoso sexual, estupro”, indicó la asambleísta de PAIS.

Augusto Espinosa, exministro de Educación y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, apoya el endurecimiento de penas, siempre y cuando se haga primero un análisis minucioso sobre el tema.

Espinosa es partidario de que las condenas no prescriban. Propone también la prevención como una forma de proteger a los menores.

Con respecto a la polémica desatada sobre procesos de abuso sexual en instituciones  educativas que fueron archivados, pese a que están judicializados, Espinosa estima que es necesario conciliar los procesos judiciales con los administrativos. “Se debe analizar la responsabilidad de cada persona que decidió el archivo de los casos”.

Guillermo Estrella, maestro por casi 40 años y miembro del directorio de la Unión Nacional de Educadores, no es partidario de aplicar condenas más fuertes. Dijo que si bien se han dado estos penosos casos en varios centros educativos del país, se debe aclarar que la mayoría de maestros son personas nobles, que educan a la niñez y juventud con gran sacrificio.

Otro maestro, quien pidió la reserva, lamentó que en los últimos días a los docentes se los está etiquetando como depravados, cuando los denunciados por abuso sexual son un segmento pequeño.

Otros profesores consultados mostraron preocupación de que estos casos de denuncias contra maestros dé paso a una especie de “chantaje por parte de estudiantes que estén por perder el año”. En este punto, Estrella duda de que esto se produzca.

Con esa opinión concuerda Espinosa, quien ve imposible que los alumnos extorsionen a los maestros a cambio de una buena calificación.

Sybel Martínez, del colectivo Rescate Escolar, apunta a una educación especialmente en valores, para prevenir el abuso sexual en los escolares.

“Lo importante es hacer que las escuelas y colegios se conviertan en sitios seguros para los chicos. El aumento de la pena no tendría sentido si se da la imprescriptibilidad de la misma”, sostuvo.

Para un padre de familia de un colegio de Quito que pidió no ser citado, sería bueno que los centros educativos, públicos y privados, coloquen en sus páginas web la hoja de vida de los maestros. Dijo que eso sería de gran ayuda, porque así estarían al tanto de quiénes educan a sus hijos. Igualmente, propuso un sistema de videovigilancia tipo ojos de águila, ya que muchos de los abusos sexuales denunciados se cometieron en las aulas, baños y otras zonas al interior de los establecimientos.

Otros estudios realizados en 2015 arrojan datos alarmantes

El estudio denominado ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar’, realizado en 2015, revela que 3 de cada 5 estudiantes han sido víctimas de actos violentos en la escuela. También destaca que el 23% de estudiantes entre 11 y 18 años han sido acosados.

El estudio fue realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), Visión Mundial y el Ministerio de Educación.

En cambio, según el estudio efectuado también en 2015 por el Grupo Rescate Escolar en el Distrito Metropolitano de Quito, 1 de cada 2 estudiantes es víctima de actos violentos en la escuela. De ellos, el 20% reiterativamente y 6% constantemente.

Sobre actos violentos por medios telemáticos (ciberacoso), el estudio señala que el 10% de estudiantes de 11 a 18 años fueron víctimas de esa forma de agresión.

Estos datos revelan que el ciberacoso también es un problema educativo, tanto más que hay estudios que demuestran que los ciberagresores, por lo general, son amigos, compañeros y excompañeros de las víctimas.

Ecuador carece de datos sobre violencia sexual digital, que al igual que la violencia de género termina por afectar mayormente a las mujeres, en especial a adolescentes y adultas jóvenes.

Conforme al estudio, el 16% de mujeres víctimas de acoso escolar consideró suicidarse a consecuencia de la difusión de rumores o secretos, frente al 7% de hombres.

El 20% del total de víctimas de acoso escolar que pensaron en quitarse la vida tenían entre 11 y 14 años.

Por su parte, la ‘Encuesta de Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad’ determinó que el 17,6% de los adolescentes de 12 a 17 años fallecieron en 2013 a causa del suicidio y homicidios. “Es evidente que el acoso escolar incrementa las tasas de suicidio así como las de depresión infantil y adolescente”, se advierte.

El estudio ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar’ destaca que ni un solo acto de violencia en la escuela debe ser admisible y que ningún estudiante debe sufrir maltrato de sus compañeros, menos de sus profesores.

Añade que la convivencia en las escuelas de Ecuador todavía dista “y mucho” del nivel mínimo exigible, que sería aquel en que los episodios violentos, en el peor de los casos, sean esporádicos y ocasionales, inmediatamente detectados, de forma colectiva rechazados y resueltos de la mejor manera desde un punto de vista social, legal, educativo y de salud a favor de los niños, niñas y adolescentes.

Recomienda que se debe hacer un estudio y análisis específico con desagregaciones territoriales, etnia, sexo y edad sobre violencia escolar, incluyéndose pero no limitándose a abuso sexual.

Señala que se debe categorizar a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluida la violencia escolar, como un problema de salud pública y así hacerlo constar en el Código Orgánico de la Salud.

“Garantizar la protección administrativa y judicial en todos los casos de vulneración de derechos en el sistema educativo, generando mecanismos eficientes y eficaces de protección a las víctimas de violencia escolar, en especial de abuso sexual”, concluye el estudio. (I)

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La afectación se extiende a las víctimas y sus familiares

El ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos le significó a ‘Pedro’ (nombre protegido) sacarse esa piedra en el zapato que llevó durante 60 años.

Contó que fue víctima de abuso sexual por parte de un primo de su padre, a la edad de 10 años. De profesión lacador de pisos, fracasó dos veces en el matrimonio.

Manifestó que siempre le persiguió ese encuentro sexual que tuvo desde niño. Cayó en el alcoholismo, pues se daba golpes en el pecho, supuestamente, porque se creía homosexual.

Pero fue en uno de los pasos que tienen los alcohólicos anónimos, donde decidió contarle su historia a un compañero ya iniciado.
Dijo que fue su “liberación”. Ya no toma, pero el alcohol y la traumatizante experiencia sexual que tuvo lo atormentaron por décadas.

Amparo Molina, vocera de los familiares del ‘caso Ampetra’, sostuvo que en lo concerniente al abuso sexual en niños, el daño sicológico se extiende a los familiares cercanos, como padres, abuelos, primos y más a las víctimas de este delito.

“Hemos visto casos, hoy que han pasado años desde que se dio el delito, en que las víctimas aún  guardan secuelas”, destacó.

Además, para Molina es importante trabajar en la igualdad de género.

Con respecto a las instituciones educativas, plantea que las mismas deben profesionalizarse, para contar con profesores bien capacitados, de primer nivel. Sobre todo, que respondan a exámenes rigurosos. (I)

→En Quito, en junio pasado, familiares de escolares protestaron contra la Academia Pedro Traversari al revelarse casos de abusos sexuales a infantes.

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La sanción no debe limitarse a la sentencia y al causante

Ramiro Román, penalista y exjuez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no es partidario del endurecimiento de las penas como una forma de solución a este tipo de delitos.

“Aumentar las penas no ha dado resultado en ninguna parte del mundo”, destacó.

Puso como ejemplo el delito de femicidio, en donde a pesar a aprobarse una ley con penas fuertes, las muertes de mujeres han aumentado.

Señaló que las estadísticas no mienten y que en el último año las muertes de mujeres a manos de sus parejas se dispararon.

Sobre los casos de abuso sexual contra estudiantes que pese a las denuncias fueron archivadas en el Ministerio de Educación,

Román manifestó que quienes hicieron eso “tienen que responder”, ya que cometieron un delito de omisión y por ello los implicados jamás fueron sancionados.

Amparo Molina, vocera de los padres de familia de los niños que fueron abusados dentro de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (’caso Aampetra’), ubicada en el sur de Quito, tampoco es partidaria de un mayor castigo a través de la ley. “Endurecemos las penas y ¿qué pasa si no prevenimos?, tendremos 200 o 300 presos en la cárcel”.

Propone más bien trabajar en el tema de la prevención. También es partidaria de una reparación a las pequeñas víctimas de abuso sexual.

Considera que no hay que  limitarse a una sentencia o a que la justicia ordene colocar una placa en memoria a los niños víctimas de abuso sexual, como se hizo en junio pasado dentro del ‘caso Aampetra’. (I)

→Ante las constantes denuncias de abusos sexuales contra estudiantes, se han activado colectivos ciudadanos para llamar la atención de autoridades. Foto: Miguel Jiménez / et