La lista de investigaciones en la trama de Odebrecht parece no tener fin. Hasta la semana pasada, la Fiscalía General  abrió dos nuevos expedientes por supuestas irregularidades cometidas en la contratación de obras de la constructora brasileña en los últimos años.

La apertura de ambos casos se basó en los informes de la Contraloría, que determinaron indicios de responsabilidad penal en los exfuncionarios que participaron en los procesos contractuales del poliducto Pascuales-Cuenca y del trasvase Daule-Vinces.

En el primer caso, las conclusiones dicen que el exgerente de Petroecuador, Marco Calvopiña (hoy sentenciado por las irregularidades en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas) pidió al Directorio de la estatal petrolera dar su aval para el incremento en parte del contrato del poliducto. Este aumento fue de $ 97 millones, que representa el 60% más de lo establecido en el contrato principal.

La Fiscalía investiga quiénes conformaron el directorio cuando se dio la autorización. Las primeras sospechas recaen sobre el exministro Wilson Pástor, pero su nombre no consta en el informe de Contraloría y el caso se indagará.

El segundo expediente es sobre el trasvase Daule-Vinces. La Contraloría señaló que Carlos Bernal, entonces encargado de los megaproyectos de la Secretaría del Agua, no coordinó correctamente la elevación de costos de obras complementarias.

En el reporte de la Contraloría también se menciona al exministro Walter Solís y otros exfuncionarios de la Secretaría del Agua. La defensa de Carlos Bernal aseguró a los Medios Públicos que no conoce este informe de la Contraloría y que en los próximos días dará su pronunciamiento.

Pero estos dos casos no son los únicos en los que trabajan los fiscales. También hay informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre los trabajos de la Refinería del Pacífico, específicamente sobre el aplanamiento de sus terrenos y sobre el acueducto La Esperanza. En este caso las principales sospechas apuntan al exministro Pedro Merizalde y al exgerente de la Refinería, Bismark Andrade.

Lo mismo sucede con la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, en la cual se investiga a funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Por último, sobre la contratación, ejecución y fiscalización de una de las vías de acceso a Manduriacu y la construcción del puente Gringo Pepe. En este informe se acusa a empleados de Ecuador Estratégico, entidad que lideró ambas construcciones.

Se indagan posibles sobreprecios en contratos complementarios
Por disposición legal, el detalle de estas investigaciones se mantiene en reserva, pero en esta ocasión no se busca la ruta de las presuntas coimas que entregó la constructora, sino que se averiguan los supuestos sobreprecios en los contratos complementarios que firmaron las entidades públicas y Odebrecht.

De confirmarse la auditoría de la Contraloría, se dejaría al descubierto que el negocio para Odebrecht era redondo. La constructora no perdía dinero por ningún lado. Si algo desembolsó en los sobornos a los funcionarios públicos y empresarios, ese dinero lo recuperaba en los sobreprecios de las mismas obras y que hoy alerta la Contraloría.

Estas dos nuevas indagaciones y otras que vienen en camino se suman a los más de 20 procesos penales que se abrieron desde que estalló el escándalo de corrupción regional hace un año. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU.  publicó la lista de los países donde Odebrecht aplicó su estrategia de coimas.

En ese documento constaba Ecuador con una serie de pagos que sumaban $ 33,5 millones y que fueron efectuados desde 2011.

Todo un equipo de fiscales a cargo de las investigaciones
Un día después del reporte de EE.UU., el 22 de diciembre se abrió la primera investigación en Ecuador bajo la figura del cohecho. Este expediente ha sido como la nave nodriza para la Fiscalía: gracias a los datos recopilados en este expediente se han abiertos otros procesos que han incluido delitos como: asociación ilícita, lavado de activos, defraudación tributaria y concusión (ver gráfico).

*Haga click en la imagen para ampliarla

Esta primera indagación sigue a cargo de la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, específicamente del equipo liderado por Wilson Toainga, quien es uno de los investigadores más experimentados del Ministerio Público.

Toainga ha pasado por todas las áreas de la entidad. Por ejemplo, ha sido fiscal en Delitos contra la vida, de Antinarcótico, para casos de Delincuencia Organizada, Tráfico de Hidrocarburos, Trata de Personas, de Migrantes, entre otros. También fue fiscal provincial de Esmeraldas, Galápagos y de Pichincha.

Los casos políticamente más fuertes los maneja en la Unidad de Indagaciones, este es una unidad destinada a investigar a las autoridades públicas, como asambleístas, ministros, autoridades de organismos nacionales, autoridades de control, Vicepresidente y Presidente de la República.

Desde agosto pasado, Toainga articuló la investigación contra el vicepresidente Jorge Glas, hoy sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, por presuntamente beneficiar a Odebrecht con contratos con el Estado.

Toainga prefiere mantener un perfil bajo y trabajar sin hacer olas mediáticas.

Durante la investigación al Segundo Mandatario evitó dar declaraciones a la prensa y durante la audiencia de juzgamiento siempre estuvo al lado del fiscal general Carlos Baca, para apoyarlo con detalles del proceso investigativo.

El factor clave para esta labor fue articular un grupo multidisciplinario, para desenredar la red de Odebrecht.

En ese equipo intervienen, hasta el momento, otros 10 fiscales,  quienes son respaldados por policías de la Criminalística, peritos especialistas en lavado de activos, contabilidad, contratación pública, informática forense, traductores, entre otros.

Para ocultar sus sobornos, Odebrecht creó 46 empresas de papel en paraísos fiscales, que les permitía moverse por el mundo financiero. Pero ese blindaje no era suficiente y por eso manejaron dos complejos sistemas informáticos: My Web Day y Drousys, que llevaban un registro de las coimas que pagó en Ecuador y en otros 11 países. Ambos programas detallaban cada obra, el monto y el destinatario del soborno, conocido siempre por un alias para tratar de ocultar su identidad.

Las delaciones han jugado un rol clave para descifrar la trama
El FBI de EE.UU. aseguró que se hubieran tardado 100 años en descubrir este engranaje de corrupción, pero que todo se logró cuando los ejecutivos de Odebrecht empezaron a delatar sus acciones ilegales.

La importancia de las delaciones la conocen bien los investigadores de la Fiscalía. Por eso aseguran que el convenio que se firmó con Brasil para que remita las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht aceleró el proceso de investigación, porque conocieron la ruta que tomaron los sobornos, las empresas fantasmas y los beneficiarios.

Gracias a ese convenio se detuvo, por ejemplo, a Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente, personaje crucial para el caso de asociación ilícita y de otros expedientes como de lavado de activos y de testaferrismo.

No obstante, desde la otra orilla, los acusados aseguran que esas delaciones son usadas políticamente y no hay un trabajo técnico que verifique las acusaciones que realiza el Ministerio Público.

El más crítico es el vicepresidente Jorge Glas, quien sostuvo que existe un acuerdo con Odebrecht para consolidar la salida de su cargo. También aseguró que tienen mensajes de chat de redes sociales en los que se verifican que la Fiscalía usa esta investigación políticamente.

Rodrigo Tacla, un exabogado de la compañía brasileña y quien es investigado por la red de corrupción, también aseveró que han existido delaciones a “la carta”, confabuladas para afectar a políticos.

Los agentes de la Fiscalía General afirman estar alejados de las presiones políticas. Ellos están conscientes de que las investigaciones no terminarán y que en este 2018 serán más las diligencias y los acusados. Están convencidos de que habrá caso Odebrecht para rato. (I)