La petrolera Texaco, cuyas acciones fueron adquiridas por Chevron,  operó 22 años en Ecuador y actuó en cinco millones de hectáreas de las actuales  provincias de Sucumbíos y Orellana. En ese lapso -según denuncias hechas por el presidente Rafael Correa y  representantes amazónicos y ecologistas-   influyó en los gobiernos de turno e instruyó a los ministros para que actuaran en su  beneficio.  

En los últimos tiempos, Chevron ha emprendido una campaña internacional de desprestigio contra el país  para evitar cumplir con la sentencia dictada por un juez ecuatoriano que le obliga a  pagar 19.000 millones de dólares  a  comunidades amazónicas que la enjuiciaron por los daños ambientales provocados a través de su actividad.    

El sábado último, el Primer Mandatario hizo público un informe de Contraloría en el que se establece que ni Texaco ni Chevron cumplieron con la remediación medioambiental. Incluso, Correa anunció el inicio de la campaña “Mano Negra”, con la cual planea traer a personalidades del mundo para que “metan sus manos en las piscinas donde operó únicamente la petrolera” y comprueben que aún existen residuos de petróleo. 

Mientras, países como Nicaragua y Venezuela han hecho público su respaldo a Ecuador ante la campaña iniciada por Chevron. Adicionalmente, durante la reunión  previa a la de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el viernes pasado en Surinam, los cancilleres también se solidarizaron y expresaron su rechazo a las acciones emprendidas por la transnacional estadounidense.  

Al interior del país, en tanto,  dirigentes de las comunidades afectadas por la contaminación realizaron el jueves pasado un plantón ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito, para  denunciar que Chevron ha acentuado la persecución en su contra (ver nota adjunta).

Del mismo modo, durante el Enlace Ciudadano del 24 de agosto pasado, Correa reveló las facultades que se atribuyó la  estadounidense Texaco en Ecuador, llegando al punto de permitirse  “instruir” a funcionarios del gobierno de Osvaldo Hurtado para obtener beneficios a su favor.

Correa calificó el hecho como un “entreguismo” con la petrolera, lo que causó daños ecológicos  y a la salud de los habitantes de la Amazonía, por la forma antitécnica de explotar el crudo en sus áreas de concesión.

Pero al Mandatario fue más allá al mostrar un memorando interno, fechado en 1982, y firmado por un alto ex directivo de Texaco en el que se revela cómo habían “mejorado considerablemente las relaciones” con el gobierno del democratacristiano  Hurtado luego de la trágica muerte del presidente Jaime Roldós en un accidente aviatorio en Loja.

Contrato para ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas

 Documento de lado anverso

Documento de lado reverso

En la carta, llamada “Informe de Relaciones con el Gobierno”, se dice, además, que “instruirán” a los ministros y al gobierno, y que seguirán utilizando “las influencias” con altos funcionarios para conseguir los “beneficios necesarios”.

En ese entonces, según documentos y notas de prensa, como ministro de Energía y Minas figuró Eduardo Ortega Gómez, quien se vio envuelto en un juicio político, por el cual fue destituido de sus funciones.
En efecto, en 1982, Hugo Caicedo Andino y  León Febres-Cordero interpelaron a Ortega por el tema de la administración de los recursos petroleros y por la elevación de las tarifas eléctricas. El 8 de septiembre de 1982, el Congreso lo declaró culpable.

Gustavo Galindo Velasco pasó a ser ministro de Energía, en reemplazo de  Ortega, hasta 1984. Diez años más tarde, Galindo retomó el cargo; sin embargo, ese mismo año falleció en un accidente de tránsito en la vía Guayaquil-Salinas, por lo que fue sustituido por Galo Abril Ojeda, quien se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 1995.

En su cuenta en www.linkedin.com, Abril Ojeda aparece como presidente de Nordic Ecuadorian Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Ecuatoriana Nórdica) y   actual  Cónsul Honorario de Suecia en Ecuador, lo que  fue confirmado por una fuente de la Cancillería.

“Borrador final” permitía a Texpet supervisar  trabajos  

El 24 de agosto de 1994, durante la administración de Galindo,  se firmó un “Borrador Final” de la propuesta para reparación ambiental, la cual serviría como base para que la empresa Texaco Petroleum Company (Texpet) realizara la convocatoria para licitar la contratación del trabajo de reparación ambiental en el área en que operaba el antiguo consorcio Petroecuador-Texaco.

Unos meses más tarde, el 14 de diciembre de 1994, se firmó un memorándum de entendimiento entre Ecuador, representado por el ministro de Energía  Gustavo Galindo Velasco; la empresa estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador), representada  por su presidente ejecutivo, Federico Vintimilla Salcedo; y la empresa Texaco Petroleum Company, representada legalmente en Ecuador por  Rodrigo Pérez Pallares y por Ricardo Reis Veiga, vicepresidente de Texpet. El documento en mención tenía como objetivo establecer los alcances bióticos, abióticos y socioeconómicos del trabajo de reparación ambiental que  iba a realizar  la petrolera. 

 Gráfico del memorándum

De igual manera, permitía a Texpet elegir la empresa contratista que ejecutaría el trabajo de remediación y la creación de procedimientos para que el Ministerio revisara y aprobara la operación;  y por último, permitía establecer un mecanismo por el cual se  liberaba a Texpet de cualquier reclamo que el entonces Ministerio de Energía o Petroecuador tuvieran (a futuro) en contra de la empresa petrolera por impacto ambiental como consecuencia de las operaciones de la antigua Petroecuador-Texaco.

Según consta en el memorándum, la empresa Texpet controlaría el trabajo de reparación ambiental que la contratista -elegida por la misma empresa causante de los daños ambientales- realizaría en el área afectada, según lo señalado por el alcance de trabajo aprobado por el Ministerio de Ambiente. Además, establecía que los términos y condiciones del contrato entre  Texaco Petroleum Company y la contratista no se compartirían con el Ministerio.

Sobre esto, el presidente  Correa dijo el sábado último  que durante el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) se firmó un acta en la que el Estado aceptaba  los trabajos de remediación que supuestamente se habían realizado.

Los firmantes del acta de remediación de 1995

El Estado ecuatoriano y Texaco firmaron el acta de cumplimiento de  remediación ambiental el 4 de mayo de 1995, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, liberando así de toda responsabilidad a Texaco por la contaminación generada.
El memorándum de 1995 indica que, en base del cumplimiento de la reparación ambiental, las partes negociarían “la total y completa” liberación de obligaciones, por impactos ambientales no incluidos en el alcance de trabajo, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas de aquella época.

Esta liberación se haría por medio de un contrato “para la ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas”.

El ministro de Energía y Minas,  Galo Abril Ojeda, además de Rodrigo Pérez Pallares y Ricardo Reis Veiga firmaron tal acta pese a que los daños ecológicos y en la salud de los habitantes de Sucumbíos y Orellana persistían, según  los respectivos estudios.

Aquello motivó que los  afectados demandasen a la transnacional ante las autoridades ecuatorianas y que en sentencia emitida por la justicia ecuatoriana a favor de los perjudicados, se ordenase a la petrolera el  pago de una indemnización de  19.000 millones de dólares.

Según documentos a los que tuvo acceso EL TELÉGRAFO, el plan de remediación ambiental consistía en el cierre de piscinas, la recuperación del crudo, al igual que el agua residual y la reparación de suelos contaminados por hidrocarburos.

En cuanto a las compensaciones socioeconómicas establecidas,  la empresa debía disponer de   1 millón de dólares  para proyectos que serían ejecutados por las organizaciones indígenas Foise y Fcunae.
Además, se preveía la construcción de centros educativos y el trabajo conjunto con las  municipalidades de la región Amazónica en proyectos de agua potable y alcantarillado.